CANCUN, MX.- Aunque la ley ambiental prevé la demolición de estructuras o inmuebles que ejerzan un daño ambiental grave, el carácter subjetivo de lo que implica “un grave desequilibrio ecológico” será uno de los principales retos que deberá enfrentar la Profepa, para respaldar la futura orden para que los terrenos del Parque Nacional Tulum, en donde ya existen edificaciones que no debieron ser autorizadas, vuelvan a su estado original.
Así lo reconoció el subdelegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Javier Castro, quien señaló que si la Procuraduría Federal de Protección la Ambiente (Profepa) determina la demolición de los hoteles que ha clausurado dentro del Parque Nacional Tulum, uno de los puntos que generará una gran controversia y que representará un reto, es el demostrar a qué se le llama o considera “un desequilibrio grave” a los ecosistemas.
“La ley prevé, efectivamente, si es factible, llegar a la demolición, siempre y cuando la autoridad ambiental –en este caso la Profepa- lo determine con base al estudio de los daños ocasionados por la obra, pero eso sólo la Profepa podrá establecerlo y llegar a ese punto de demolición”, expresó.
De acuerdo con sus palabras, es en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), en el capítulo de las medidas de urgente aplicación. Ahí –explicó- se establece que la Profepa podrá tomar cualquier medida para restablecer al medio, a como estaba antes.
“Incluso el Código Penal Federal establece que cualquier persona que cometa un delito contra el medio ambiente, tiene que restituir a como se encontraba antes de cometido el ilícito. Eso implica demoler, en casos correspondientes”, detalló.
Al cuestionarle quién establece cuando corresponde o aplica invocar a una demolición, por daños graves al equilibrio ecológico, respondió que a la misma Profepa es a la que le toca esta tarea y que es ahí, en donde también hay controversia.
“Ahí entra el punto de controversia; este desequilibrio ecológico grave es muy subjetivo porque un ecosistema no lo puedes ver de forma aislada y el impacto no sólo se da en un sitio, sino a nivel macro, que es como se debe estudiar.
“Eso requiere de estudios y precisiones y ahí es cuando es tan subjetivo todo esto, cuando llegas a tribunales y teniendo todos los elementos que acrediten que tienes la razón, ahí la autoridad podría tener problemas para evaluar, por la subjetividad que rodea a lo ambiental”, señaló.
De meses a tras la Profepa ha realizado una serie de operativos dentro del polígono costero de 664 hectáreas, declarado como Parque Nacional Tulum, mediante un decreto presidencial de abril de 1981, que expropió las tierras contenidas en esa superficie, a favor de la Nación.
De acuerdo con las características de la categoría de área natural protegida y del propio decreto, ninguna autoridad debió extender permisos de construcción en esa zona; sin embargo, existen varios hoteles ahí edificados, con autorizaciones, lo mismo del ayuntamiento de Solidaridad, que de la Semarnat.
Las clausuras a 14 hoteles, aplicadas por la Profepa, se dieron por carecer de autorizaciones de impacto ambienta, cambio de uso de suelo en terrenos forestales o por violentar los términos y condicionantes de autorizaciones que no tendrían que haberse expedido.
En otros casos, se documentó la contaminación del suelo y subsuelo, así como del acuífero y del mar, por la inyección de aguas residuales, sin tratamiento.
En medio de la controversia, el titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada dio a conocer que el objetivo final es, además de detener los impactos ecológicos y sus consecuencias, lo es también el clausurar hoteles que se edificaron sin permiso.
El término utilizado por el funcionario ha sido “volver al estado original de las cosas, los terrenos y la zona”. (Fuente: El Periódico)