MEXICO, DF.- Las 664 hectáreas de Tulum decretadas por José López Portillo como intocables bajo el cobijo de un Parque Nacional y un sitio arqueológico, se encuentran en el centro de una disputa legal cuyo desenlace no parece tener fin, refiere un reportaje de la revista Proceso.
NUDO CIEGO
El poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), interpuso una controversia constitucional en contra del municipio Solidaridad, y tratar con ello de mantener como área natural protegida el Parque Nacional y la zona arqueológica de Tulum.
Con ello se intenta detener el Programa Director de Desarrollo Urbano aprobado el 28 de abril pasado por el Gobierno del estado, el cual permitiría y daría un marco jurídico para la existencia de la proliferación de hoteles, restaurantes y negocios en la zona que es considerada como de enorme riqueza de vegetal, acuíferos, fauna silvestre y minerales. Dicho programa quedó suspendido hasta que se determine si procede o no su implementación.
Y en un acto sorpresivo para muchos hoteleros y los turistas que se encontraban vacacionando en una de las zonas más bellas del Caribe, la Profepa clausuró todos aquellos hoteles que consideró se encontraban en violación de la ley por incumplimiento de las normas vigentes para la protección el medio ambiente, leyes forestales y derecho de uso del suelo.
En entrevista con Proceso, Raziel Villegas, director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo y Terrestre de la Profepa, es contundente y apunta que—más allá de que exista o no un decreto expropiatorio de la zona—su obligación es supervisar si los hoteles y negocios ubicados en Tulum cumplen con los requisitos que impone la ley en términos forestales, derecho de uso del suelo e impacto ambiental.
Y a pregunta expresa de si no es una contradicción pedir que los hoteles y negocios, que en principio no deberían de estar ubicados en el llamado “polígono”—por la forma que tiene el parque—tengan “regularizados” los permisos correspondientes, responde:
“Desafortunadamente para nosotros como autoridad que se dedica a la inspección y vigilancia, no nos compete calificar si estuvo esa autorización bien o mal dada, finalmente nosotros entramos y les pedimos que nos acrediten que tienen una autorización y nos la enseñaron. Aquí la responsabilidad de si estuvo bien o mal dada es de la Semarnat, no de la Profepa.”
– ¿Y todo aquello de que iban por la demolición de todos los hoteles? (Proceso 1652)
– Yo creo que es una situación que a lo mejor se sobredimensionó o no estuvo bien entendida. Los hoteles que no tienen permisos o no tienen autorizaciones, como el Alternatur, Mayan Grill, el Mezzanine, Diamante K., esos no tienen ninguna clase de permiso. Son tres los requisitos necesarios: Autorización en materia de impacto ambiental, para el uso de la zona marítimo-terrestre, y para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales.
“Si no tienen ninguna autorización no van a poder acreditar ningún derecho para estar ahí. La resolución que al final del procedimiento se emita va a determinar que ellos tienen que restaurar esa zona.”
– Esos hotelitos no se comparan con la mole que es el Hotel Dreams, que está a la mitad del parque. Parte el polígono prácticamente. Son hectáreas.
– No son hectáreas. Es una hectárea. Y ahí estoy con usted, ciento diez por ciento, de acuerdo, pero aquí se tata de una cuestión legal. Una cosa es que ambientalmente no estuviese del todo bien que estuvieran ahí, pero afortunada o desafortunadamente en un país de Estado de derecho, si el señor tiene una autorización, yo no tengo la facultad de quitársela.
“En ese caso la Semarnat tendría que llevar a cabo un procedimiento judicial en el que se demostrara que estuvo mal dada esa autorización, y entonces un juez autoriza revocarla, pero eso no está en las facultades de la Profepa.”
– La zona es un caos.
– No es un caos. Precisamente la Profepa está poniendo orden.
– El señor Roberto Palazuelos entregó documentos que determinan que la queja contra él fue un proceso de origen viciado y no procede.
– Esta situación que el señor Palazuelos ha manejado… Él no es abogado, él mismo ha declarado que va en segundo semestre de la carrera de Derecho o algo así. Él no tiene la menor idea de lo que implica un juicio y de qué se trata la controversia. Yo sí soy abogado, y el juicio de nulidad del que me habla sólo puede dilucidar cuestiones de legalidad. Esto es punto y aparte. Nosotros somos una instancia diferente, el procedimiento que se instauró es por parte de la dirección que yo presido, y por la dirección general de Inspección y Vigilancia Forestal.
“En mi caso se instauraron dos procedimientos: uno en materia de impacto ambiental y otro en materia de marítimo terrestre.
– Pero usted fue a levantar los sellos.
– Fui porque un juez federal le otorgó una suspensión provisional. Otro error que se ha ventilado en los medios es que el señor dice que tiene un amparo, y eso es mentira.
– Pero el Hotel Dreams es una mole en medio del Parque Nacional.
– Qué esta violando la ley, sí, que se le va a sancionar, sí. Y le repito: el hecho de que tenga una autorización le permite construir hasta donde la autorización le permite. Todo lo que no tenía autorizado se va a demoler, a reforestar y restituir. Lo que nosotros estamos haciendo es que se respete la ley.
– ¿No le parece que de una manera muy particular?
– Yo no le veo lo particular. La ley es muy clara, y una de sus características es que es general y se le aplica a todos. Al Dreams, a Nicancio Canché o Juanito Pérez, si tienen autorización, pueden construir en donde se les haya permitido.
– ¿Queda anulado el Decreto con esto?
– No. Para nada. El Decreto habla de titularidad de la tierra y de modalidad de la propiedad. A Profepa no le competen cuestiones ni de titularidad ni de modalidad. A nosotros lo que nos compete es que la legislación ambiental se cumpla.
– Se ha señalado que las autoridades anteriores hicieron un desastre.
– Yo no le puedo hablar de esta administración hoy en día. Nosotros estamos regidos por un principio de legalidad, que se resume muy fácil: “Para los particulares, todo lo que no esté prohibido está permitido”. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley tiene expresamente autorizado que haga. Y en este caso la ley establece que Semarnat es quien tiene que ver si están bien dados o no los permisos.
– ¿Usted es panista?
– Yo creo que mis convicciones políticas, religiosas y todo lo demás es algo privado.
– No quería molestarlo.
– No me molesta. Yo le contesto todo lo que usted quiera sobre la situación ambiental de Tulum.
Nada personal
Hasta hora los reflectores se han apuntado particularmente hacia el Hotel Diamante K—situado a unos cuantos metros del sitio arqueológico–, clausurado por una supuesta violación de impacto ambiental y zona federal marítima-terrestre. Es propiedad del actor de Televisa Roberto Palazuelos, llamado El Diamante Negro, quien obtuvo una sentencia de un juez federal para que los sellos colocados fuesen quitados de ahí dado que se declara “improcedente la fundamentación de la autoridad responsable de la clausura”.
Entrevistado por Proceso, dice Palazuelos:
“Yo siento que Raziel tiene algo personal en contra de mí. Y el que se enoja pierde. Pero además no creo que sea correcto que un funcionario federal proceda así en contra de un gobernado. Y creo que si trae algo personal en mi contra es porque hasta ahora ha tenido muchos reveses jurídicos. Dice muchas cosas en los medios, pero al llegar a los tribunales fracasa.
“Yo creo que la importancia de todo esto tiene que ver con que hay que tener una visión a futuro de lo que puede pasar, porque es seguro que la mayoría de la gente gane sus litigios y entonces quién los va regular. Es entonces que van a aparecer los grandes desarrolladores que pueden darle en la torre a la zona. El PDU lo único que dice es que en caso de que alguien gane una resolución se va a tener que disciplinar y tienes que hacer diez cabañas por hectárea.”
– Ha aparecido en algunos medios que su hotel está clausurado y que van a demolerlo.
– De entrada no lo pueden demoler. Ningún hotel puede ser demolido tan fácilmente. Para poder demoler un hotel tienes que hacer una inspección, después sacar una resolución administrativa. En mi caso yo ya pasé por todo eso. Antes del operativo hicieron una inspección y me sacaron una resolución administrativa súper autoritaria. En ella se decía que yo tenía que pagar un millón doscientos mil y pico de pesos y que tenía 90 días para dejar mi hotel en estado natural.
“Yo me fui al tribunal federal fiscal administrativo en la Sala Regional del Caribe y me fui a un juicio de nulidad. Fue un gran proceso en el cual nos fuimos a un año y yo gané. Los magistrados dijeron: nada de lo que está pidiendo esta gente está bien sustentado, no procede, es inconstitucional y de origen está viciado. Ellos perdieron el juicio, se declaró la nulidad. Al haberles ganado ellos tenían quince días para haberlo impugnado. Ni siquiera lo hicieron, por lo tanto hay una sentencia, es cosa juzgada y perdieron.
“Pero hay que entender bien quién es Raziel Villegas, porque anteriormente él estaba en el área contenciosa de la Semarnat y él fue el encargado de contestar los primeros amparos.”
– ¿Cómo fue la clausura de su hotel?
– Yo fui el primer hotel en ser clausurado. Tengo el número uno del operativo y a mi hotel llegaron más de 120 militares. Con camiones, con ametralladoras. Dicen que no entraron a los hoteles: yo mandé a la televisión un paquete con las fotos que muestran a los soldados sacando a las personas con sus maletas de una cabañas.
“Ahí estuvo muy mal porque la Profepa violentó unos amparos que ya existían en contra del área natural protegida. Ese operativo fue ilegal, porque fue a un área natural protegida, y esa área está en controversia. Y mucho más grave para quienes tenían ya sus amparos.
“El juez decía que las cosas permanecieran en el estado que guardan para no ser desposeídos. Es decir que cualquier cosa que tuviera que ver con el área, había que esperar para ver si es o no en realidad un área natural protegida.”
– ¿Por que fue Raziel a quitar los sellos?
– Raziel estuvo primero en lo contencioso, y después de eso extrañamente es uno de los que participan en la realización de la controversia en contra del municipio, y luego lo mueven y lo ponen en esa dirección de Impacto Ambiental y a cargo del operativo.
“Yo creo que el operativo no tiene que ver con el impacto ambiental ni con lo forestal. Es amedrentar a la gente y quitarle la posesión. Porque saben que si se van por la vía legal, por la decente, siguiendo los amparos, van a perder.
“Mi hotel está abierto, y esperaré a que los tribunales fallen sobre si debo cerrarlo o no. Pero cómo pueden llegar a cerrarme cuando hay una suspensión aceptada y nos encontrábamos en pleno juicio. Gané la suspensión, tengo un amparo en contra de la expropiación, y en este momento no me pueden tocar. E insisto, yo le dije a Raziel: ‘Compórtate como un caballero, respeta la ley, lo que haces va a tener consecuencias’.
“Los que se deberían ir a la cárcel son ellos primero que nadie, por haber extendido permisos a todo mundo para funcionar. Que empiecen por limpiar su casa y luego sigan con los demás.”
Por su parte, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ha entregado su respuesta a la Controversia Constitucional interpuesta por la Federación. En ella Gonzalo Iván Arcila González, representante legal de Solidaridad, ha establecido que lo declarado por Semarnat es improcedente por falta de agravio. (Fuente: Rosario Manzanos/APRO)