CANCÚN, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aclaró que el peritaje elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), que concluye que es imposible ubicar geográfica, física y cartográficamente, con exactitud, al Parque Nacional Tulum, en la zona en donde fue decretado, no es una prueba contundente ni suficiente para invalidar el decreto o declarar la inexistencia del área natural protegida.
A los hoteleros de Tulum no les sorprendió el dictamen emitido por la Procuraduría General de la República al resultar imposible establecer las coordenadas geográficas del Parque Nacional, por lo que esperan que ahora haya respeto al derecho, a la naturaleza de parte de los nuevos desarrollos turísticos por construirse y que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen con los empresarios con el fin de lograr un desarrollo turístico armónico y sostenido de la zona y para beneficio de Quintana Roo y del país, señaló el presidente de la asociación de los hoteleros Jorge Alberto Portilla Mánica.
“Nosotros lo que buscamos, como lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, es que primero que nada que haya un respeto al derecho, respeto también a la naturaleza de los próximos desarrollos que se vayan ha hacer en Tulum y que haya una coordinación entre los diferentes dependencias de los tres niveles con la iniciativa privada para que podamos lograr un desarrollo armónico y un crecimiento sostenido para el nuevo Municipio de Tulum”.
Jorge Alberto Portilla destacó que espera que con lo anterior los hoteleros que han hecho valer su derecho, vía la promoción de amparos, puedan trabajar con mayor tranquilidad después de las clausuras que impuso desde el año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Dependencia que, aseguró, ya hizo su trabajo y todo lo que le competía al revisar a todos los propietarios y construcciones que hay en la zona.
Dijo que espera que ya no haya más inspecciones, en tanto que los desarrolladores cumplan con todas las normas ambientales para que no tengan ningún problema con la Profepa.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum estimó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tardará todo lo que resta de este año para resolver la controversia constitucional iniciada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al aceptar al Municipio de Tulum y no sólo al de Solidaridad como parte del juicio, consistente en la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum en lo que se dice ser Parque Nacional.
Lo anterior, dijo, pues implicaría densidades de construcción por parte de propietarios de terrenos en la zona de litigio, en caso de que de una autoridad federal les otorgue validez a los títulos de propiedad, explicó. (Fuente: Enfoque Radio)
“La PGR dice que no se puede determina la ubicación del Parque con las coordenadas geográficas… ¿Y? no pasa nada. No es la única prueba, ni la única que tiene valor, ni la que más valor tiene, es una de muchas pruebas.
“Lo peor, lo más grave, el peor de los panoramas que podría ocurrir es que si el señor (Roberto Palazuelos), ganara el juicio en contra del decreto, a él no se le aplicaría en lo particular, pero jamás se va a declarar la inexistencia del Parque, jamás, en este país eso no puede pasar, debido al principio de relatividad de la sentencia, que sólo puede abarcar a quien hizo valer el juicio”, declaró el director de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa, Raziel Villegas
Entrevistado en Cancún, el funcionario explicó que especialmente en los juicios de amparo, la ley obliga al juez “no es si el juez quiere o no, es siempre”, a que tienen que presentarse tres peritajes por parte de los actores en conflicto; uno de ellos, del quejoso, que en este caso es Roberto Palazuelos; un segundo, de la autoridad responsable, que es la Profepa, y un tercero por parte del juzgado, que en este caso se pidió a la PGR.
Ayer, el Palazuelos Badeaux presentó, tal y como lo había adelantado, el peritaje elaborado por la Procuraduría, que fue entregado al juez Segundo de Distrito, radicado en Cancún, Gabriel García Lanz, como elemento probatorio, correspondiente al juicio de amparo que promovió en contra de dicho decreto, expedido en 1981 por el entonces presidente de la República, José López Portillo.
El peritaje, acreditado a la delegación estatal del la PGR, en el área de Coordinación Estatal de Servicios Periciales, Especialidad de Ingeniería y Arquitectura, se refiere al juicio de amparo 496/2007 y menciona que se cometieron errores al trazar dicho decreto que, además, sitúa equívocamente al polígono de 664 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuando en aquella época formaba parte de Cozumel.
“Topográficamente y analíticamente la poligonal del decreto expropiatorio que por causa de utilidad pública se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, una superficie de 664-32-13 hectáreas, publicado en el Diario Oficial del jueves 23 de abril de 1981, no se puede ubicar geográficamente con exactitud físicamente y cartográficamente (sic) en la zona de Tulum”, se lee en el documento, firmado por el perito Florentino Ramírez Sánchez.
Al respecto, Villegas Nuñez afirmó que Palazuelos trata de “sorprender” a la opinión pública, “confundiendo” con documentos que tan sólo son una de las varias pruebas que integran el caso, debido a que perdió uno de los amparos que promovió en contra de las clausuras en materia de impacto ambiental que la dependencia le aplicó a su hotel –el Diamante K- el verano pasado, por carecer de autorización correspondiente.
“El señor dice que tiene un as bajo la manga, pero no es nada de eso. La realidad es que no tiene permisos para estar ahí y ya perdió el juicio; dice que tiene un peritaje… me parece sensacional, pero ¿qué tiene que ver con que no tenga permisos? Es muy simple”, subrayó.
El funcionario aclaró que las conclusiones del dictamen, en todo caso, sólo son de utilidad para el actor y no para el resto de los propietarios con terrenos en la zona, de acuerdo a la jurisprudencia existente en torno al caso.
Asimismo, señaló que tampoco constituirá un elemento de prueba para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en abril del año pasado accedió a iniciar una Controversia Constitucional en contra del municipio de Solidaridad, por la invasión de facultades de la federación, al densificar un área natural protegida –el Parque Nacional Tulum- mediante la aprobación del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum (PDDU).
“Finalmente no tiene que ver con lo que está haciendo Profepa, que es el juicio de amparo que ya le ganamos, ni con la Controversia Constitucional, porque éstas son entre órdenes de gobierno y hasta donde sé el señor Palazuelos no es municipio, no es estado, ni país.
“No tiene nada que ver en la Controversia la existencia del Parque conforme al polígono, porque habla de competencias. (…) La federación lo que alega es que las competencias A, B, C y D, fueron invadidas por el municipio. ¿El municipio tiene facultades para cuestiones urbanas?, sí… pero no para meterse en cuestiones ambientales porque son facultades de la federación”, expresó. (Fuente: El Periódico)
