Entre las clausuras aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dentro del Parque Nacional Tulum, se encuentra la de un predio ocupado por medio centenar de dignatarios mayas, asentados ahí desde 1970.
La dependencia aplicó la medida desde enero del 2008 y exige la presentación de autorizaciones en materia de impacto ambiental, por un grupo de palapas rústicas instaladas en el sitio, antes de que siquiera surgiese la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa).
El tema es seguido ya por la Secretaría de Gobierno del estado, cuya titular, Cora Amalia Castilla, solicitará una reunión con los titulares de la Profepa y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que expliquen a los jueces tradicionales, las razones legales que llevaron a ambas instancias federales a motivar la clausura del predio, el cual era utilizado para llevar a cabo las tradicionales fiestas mayas.
La clausura se fundamentó en la carencia de permisos ambientales, pero también en la existencia de vestigios arqueológicos en el lugar.
El predio en cuestión se llama Kimah Olum y se ubica en el kilómetro 2.5 de la carretera Punta Allen, dentro del Parque Nacional Tulum, frente al hotel Diamante K, propiedad del actor, Roberto Palazuelos, quien fue objeto de una clausura por carecer de autorización de impacto ambiental.
Al respecto, Castilla Madrid indicó que los dignatarios mayas de Tulum “por justicia” tendrán que recuperar sus propios espacios, los cuales, “de manera inexplicable les fueron clausurados”, pese a que ellos “siempre han sido los primeros en defender su ecosistema, la vida natural y por su puesto en respetar el equilibrio ecológico de esta zona”.
Los datos que del caso, posee la Secretaría de Gobierno, indican que los permisos que la autoridad ambiental exige a los dignatarios Mayas cuestan 800 mil pesos, y que la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), tiene un precio similar.
Además, se cuenta con un dictamen que niega la existencia de los vestigios arqueológicos invocados por el Instituto.
La funcionaria, también se refirió al peritaje ofrecido por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se declara que es imposible ubicar al geográficamente al Parque Nacional en la zona de Tulum, al señalar que es “la clave para que varios afectados vayan recuperando sus predios (cabañas, desarrollos turísticos, hoteles) por la vía jurídica”.
Castilla Madrid indicó que jurídicamente es posible que en breve pueda ser recuperado el predio de los dignatarios mayas, al igual que otros afectados como las cooperativas pesqueras cuyos predios también recibieron amonestaciones de parte de la autoridad federal y que también desconocen las bases legales de dicha acción. (Fuente: El Periódico)