CHETUMAL, MX.- De no solventar ante el Órgano Superior de Fiscalización los gastos realizados durante su administración, los ex presidente municipaldes de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, Gustavo Ortega Joaquín y Eliseo Baena Adame respectivamente, podrían hacerse acreedores a pena corporal por desvío de recursos, así lo informó el diputado local Gustavo García Bradley.
El legislador detalló que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) ha llamado a comparecer a los ex funcionarios que tuvieron relación con el manejo de recursos durante las administraciones de los ahora ex presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, Eliseo Baena Adame y Gustavo Ortega Joaquín respectivamente; sin embargo hasta la fecha ninguno de los dos ex mandatarios ha acudido a exponer los documentos o al menos las razones que solventen los montos faltantes durante su administración, los cuales ascienden a más de 10 millones de pesos para el primero y 2.7 millones de pesos el segundo.
Ante esta situación, en caso de no solventar los montos antes señalados se podría realizar la denuncia penal correspondiente en contra de ambos ex alcaldes y de sus colaboradores que resulten responsables por el delito de desvío de recursos al no solventar los gastos registrados así como no haber realizado la obra pública tal y como sucedió en Felipe Carrillo Puerto.
Por tal motivo, el OSF tiene hasta el mes de octubre para realizar la entrega del informe a los integrantes de la comisión de Hacienda presupuesto y Cuenta del congreso local para que éstos a su vez realicen el análisis correspondiente y pasar el documento al pleno para su aprobación o rechazo según sea el caso.
El secretario de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Gustavo García Bradley, señaló que no obstante los funcionarios relacionados con este desvió de más de 12 millones de pesos logren solventar los gastos realizados, al incurrir en una falta por no entregar en tiempo y forma los informes detallados de la utilización de los recursos económicos deberán ser sancionados mediante la ley de los Servidores Públicos la cual marca desde una sanción administrativa hasta la inhabilitación.
No obstante de ser preciso mediante el informe del OSF en los próximos días, sino hay respuesta de los ex presidentes municipales se podría interponer la denuncia pública ante las autoridades correspondientes por el delito de desvío de recursos del erario. (Fuente: El Periódico)