CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado exhortó al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para que con base a sus facultades decrete el congelamiento del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para evitar que se incremente como se ha programado para el presente año; además, pidió al Congreso de la Unión para que analice a fondo la ley que crea el nuevo impuesto para su posible abrogación.
En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se aprobó el exhorto presentado por el diputado priísta Gustavo García Bradley por el que se pide al presidente de la república que el incremento al porcentaje del IETU programado para este año no se aplique, tomando en consideración las condiciones económicas en que se encuentra el país y que el referido aumento provocaría el cierre de más empresas.
De acuerdo al documento, a la entrada en vigor de ese nuevo impuesto se cobró una tasa del 16.5 por ciento en el 2008, y para el presente año se ha programado un incremento para quedar en un 17 por ciento, y finalmente en el 2010 se aplicaría una tasa del 17.5 por ciento.
Sin embargo, el IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, es decir, para una realidad muy diferente a la actual en donde México se enfrenta a los efectos devastadores de la crisis financiera de inicios de 2008 y a los efectos de la crisis de salud a raíz de la emergencia sanitaria por el virus de la influenza AH1N1; y ante ese panorama se debe impulsar al sector empresarial que constituye una fuente importante de trabajo, y efectuar las acciones necesarias a fin de preservar la capacidad generadora de empleos y fortalecer las fuentes de trabajo que permitan la reactivación económica.
Y es que de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME), diversas empresas han empezado a despedir a su personal para evitar el pago de ese impuesto con liquidaciones diferidas, toda vez que no cuentan con la liquidez requerida por el tamaño de sus empresas.
Además, ese impuesto no ha cumplido con su objetivo de recaudar mayores ingresos para la federación y la ampliación de la base tributaria, y por el contrario, su efecto ha sido inverso, provocando la pérdida de empleos y el detrimento del fomento al crecimiento económico del país.
Por si todo ello fuera poco, existe la posibilidad de inconstitucionalidad de esa ley que crea el nuevo impuesto, pues tan solo en el segundo mes de su entrada en vigor (en febrero de 2008) ya se habían promovido ante diversos juzgados federales casi seis mil amparos contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única, y para el mes de diciembre ya sumaban más de 31 mil juicios de amparo interpuestos.
Todavía falta que resuelva al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es importante que se realice un estudio a fondo sobre la viabilidad de esa Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única con la finalidad de que en su caso se promueva su abrogación. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)