CANCÚN, MX.- El primer intento desde la nueva legislatura federal, para modificar el artículo 60 TER, que protege a los manglares de México, se registró el miércoles, cuando el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por Quintana Roo, Roberto Borge, presentó una propuesta para que las obras portuarias queden excluidas de la prohibición de dañar el flujo hidrológico de este tipo de humedales.
La iniciativa fue condenada por el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), que a través de su presidenta, Aracely Domínguez, lamentó que pese a las claras evidencias de los efectos negativos que el cambio climático está provocando en Quintana Roo y en el mundo, se persista en desproteger a los manglares para favorecer actividades económicas como el Turismo, que incluso se verá afectado ante la devastación del humedal.
“Sabemos que el diputado Borge convocó a una reunión en México, con otros legisladores y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para promover la contrareforma al 60 TER.
“Él presentó una propuesta para que en las obras portuarias no se apliquen las restricciones marcadas por la Ley de Vida Silvestre, bajo el argumento de que está deteniendo obras importantes como un puerto o muelle en Nayarit, por ejemplo”, indicó.
La activista ambiental consideró preocupante que no se acabe de comprender que al avanzar sobre los manglares, se pone en mayor riesgo a las poblaciones costeras del país y del planeta, que son las más vulnerables a los impactos adversos del calentamiento global.
“Defender al manglar no es romanticismo ambiental, sino velar por las poblaciones asentadas en las zonas costeras, su economía y su salud. Particularmente en nuestro país, las zonas costeras son las que producen los mayores recursos y son también las más vulnerables al calentamiento de la Tierra”, manifestó.
Desde su entrada en vigor, el dos de febrero del 2007, el artículo 60 TER ha enfrentado y sobrevivido -hasta ahora- a por lo menos cinco iniciativas en la Cámara de Diputados o el Senado, todas impulsadas o respaldadas por el PRI, (con excepción de una) que buscan desde hacerle correcciones para precisarlo, hasta modificaciones que sepultan su espíritu.
Algunas de esas iniciativas pretendían desde marcar compensaciones económicas -como en la Norma Oficial Mexicana 022- pasando por porcentajes de desmonte a cambio de reforestar el humedal, hasta de plano excluir por completo o parcialmente, a los proyectos turísticos, carreteros o portuarios, de la restricción de dañar el flujo hidrológico del manglar. (Fuente: El Periórico)