TULUM, MX.- Alista el municipio de Tulum el pago al Poder Ejecutivo Federal, tras el procedimiento jurídico que se sigue por la controversia constitucional que se mantiene con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por el Parque Nacional de Tulum, para que se realicen los trabajos periciales en materia de topografía analítica.
Fue desde el pasado 10 de diciembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un oficio al Ayuntamiento de Tulum para darle a conocer el monto del pago de honorarios de los trabajos que realizaría un perito en materia de topografía analítica para darle seguimiento al proceso que efectúan en los Altos Tribunales en cuanto al caso del Parque Nacional de Tulum.
Y es que el pasado 28 de mayo de 2008 el jefe del Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat, interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando registrado mediante el número de expediente 072/2008, quien da vista el Ministro Instructor Sergio Valls Hernández.
Dicho recurso fue utilizado por las autoridades federales para frenar la aplicación del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum, el cual fue aprobado por parte del Ayuntamiento de Solidaridad el pasado 6 de junio de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de abril de 2008, en lo que corresponde según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el Parque Nacional de Tulum (PNT).
Con base en dicha Controversia Constitucional se inició una serie de procedimientos jurídicos, pero la SCJN, para dar continuidad a este proceso, necesitaba contar con un peritaje, para lo cual designó a Héctor Álvarez Salas, quien se encargaría de realizar los trabajos.
Los trabajos tenían un costo de 613 mil 237.5 pesos, de los cuales el 35 por ciento correspondía pagar al municipio de Tulum -214 mil 633.1 pesos-, mientras que el Poder Ejecutivo Federal se haría cargo del 65 por ciento.
De acuerdo con el director del Área Jurídica del Municipio, Joaquín Canul Amaya, tras las pláticas sostenidas con el primer Edil resolvieron realizar el pago correspondiente que les fue fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto para evitar que se “declarará desierta la prueba”, lo cual podría traer graves repercusiones en cuanto al proceso jurídico que se mantiene con la Federación. (Fuente: Diario de Quintana Roo)
