CHETUMAL, MX.- El gobernador de Quintana Roo Félix González Canto, ordenó con carácter de urgencia se investigue el procedimiento de licitación de la ampliación de la cárcel de Cancún, ya que el contrato lo obtuvo el empresario Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cartel de Juárez.
CHETUMAL, MX.- La Contraloría del estado investigará la adjudicación de la obra de la cárcel de Cancún, respondieron Miguel Angel Ramos Real, secretario estatal de Seguridad Pública; Fredy Marrufo Martín, secretario estatal de Hacienda; y Lenin Zenteno Avila, secretario general del ayuntamiento Benito Juárez, al reunirse ayer para acordar concluir la transferencia de la Cárcel de Cancún; donde éste último se deslindó de la licitación, pues afirmó que ya habían entregado el inmueble al gobierno del estado.
En entrevista el vicealmirante Miguel Angel Ramos Real, secretario estatal de Seguridad Pública (SESP), señaló que “eso ya las autoridades correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto, el señor gobernador ha dado instrucciones a la Contraloría del estado para que investigue y si hay alguna irregularidad proceder en consecuencia, pero hay instancias que ya están haciéndose cargo de eso”.
Como se recordará este rotativo publicó el domingo pasado una nota de la agencia Proceso (APRO), en donde se informó que el entonces secretario estatal de Seguridad Pública Salvador Rocha Vargas adjudicó a Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del jefe del Cártel de Juárez Vicente Carrillo Fuentes la ampliación de 250 nuevas celdas a través de su empresa Safie de Quintana Roo.
Ramos Real declaró que eso de la licitación de la obra “no lo sé porque no estaba yo todavía en funciones, pero le repito que las instancias que corresponden que se hagan caso de ello ya lo están viendo”.
Además afirmó: “Desconozco parentesco, desconozco si hay alguna relación, desconozco definitivamente, repito, las instancias que les corresponden ver este asunto tendrán que hacer la investigación e informar en consecuencia”.
Declaró que “si hay pruebas, si hay constancia de que así sea, yo lo que quiero es que me lo denuncien para que tomemos cartas en el asunto, pero debemos tener confianza en los Ceresos (Centros de Readaptación Social) que estamos administrando actualmente porque estamos poniendo gente con capacidades y con preparación precisamente para que suceda un control como debe de ser”.
También comentó que en este caso “no se trata de meter las manos al fuego por nadie, cada quien tiene que hacer su tarea, si hay alguna situación irregular debe haber la instancia adecuada que vea y que sancione y que denuncie lo que corresponda”.
Añadió que él no puede perseguir el presunto delito que se señala porque no es su función. “Yo no persigo porque no soy la instancia que debe perseguir eso, mi función es la seguridad pública, mi función es procurar que la ciudadanía goce de seguridad”, aclaró.
En entrevista aparte Fredy Marrufo Martín, secretario estatal de Hacienda, comentó que “realmente en todos los procesos de licitación pueden participar todas las empresas, todas las personas y demás, siempre y cuando aporten documentación legal que manifieste que son empresas legalmente constituidas, que tienen capacidad y demás”.
Dijo que “en el caso de suposiciones que se den de ese tipo lo que corresponde precisamente es que una instancia como tal vez la Contraloría y demás pueda investigar sobre el tema y en su caso sancionar si hubiera una responsabilidad de este tipo, pero bueno se tiene que dar una investigación para poder llegar a una conclusión de que si es o no es lo que se comenta”.
Reiteró que “el tema lo maneja directamente la Contraloría y es la entidad que sancionaría en un momento dado”.
Lenin Zenteno Avila, secretario general del ayuntamiento Benito Juárez, mencionó que “nosotros tenemos la misma información que se ha permeado a través de los medios de comunicación, es una competencia total y absolutamente estatal, quien tendría que hacer la aclaración respectiva y la hacer la rendición de cuentas respectiva seria el gobierno del estado”.
Reiteró que “nosotros nos mantenemos total y absolutamente al margen, es una cuestión totalmente estatal la forma y el procedimiento de licitación y de llevar a cabo la contratación”.
En el proceso de licitación de la obra de ampliación sostuvo que “no ha participado en lo más mínimo el gobierno del municipio”.
Explicó que en la reunión que sostuvieron ayer no hablaron de la licitación de la obra porque es un tema que ya no les compete.
Las autoridades estatales y municipales se reunieron ayer en el salón Juárez del palacio municipal para firmar la conclusión de la entrega de la Cárcel de Cancún, cuyo documento establece que en tres meses se transferirán del municipio al estado los 39 empleados administrativos y en seis meses el personal operativo.
Además de manera inmediata el gobierno del estado asignará los recursos para el pago de la nómina a través de la Tesorería municipal, mientras dure el plazo pactado. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
El mandatario estatal dijo en Chetumal, que la Secretaría de la Contraloría ya esta investigando el proceso de licitación de la obra antes mencionada.
“Estamos investigando a ver si hay alguna cuestión irregular, si hay algún señalamiento, algún bolitinamiento de esta empresa a nivel nacional; mientras no esté boletinada por la Contraloría o por la Función Pública federal, en el caso de obras a nivel federal, pues no hay ninguna referencia para impedir que participe y si esta empresa cumple con los requisitos de ley, no habrá ningún problema, en caso contrario se les cancelaría el contrato”.
Este lunes trascendió que la Secretaría de Infraestructura de Quintana Roo, benefició a Luis Carlos Carrillo Cano, dueño de la empresa SAFIE de Quintana Roo, para que edificara la ampliación de la cárcel de Cancún.
Entre dichas anomalías, la Secretaría de Infraestrucutura bajo la dirección de Gabriel Mendicuti Loría, habría otorgado facilidades para que ganara la empresa, dejando a un lado a otras con mejores propuestas, aunque el funcionario, en aclaración publicada este lunes, dijo que el responsable de la adjudicación de la licitación fue la Secretaría de Seguridad Pública, que entonces presidía Salvador Rocha Vargas, quien hoy se encuentra en prisión por presuntos nexos con el narcotráfico.
La ampliación de la cárcel de Cancún contempla la construcción de un anexo para 252 reclusos y barda perimetral, por un monto de 9.8 millones de pesos, el contrato se firmo en agosto de 2009.
Hasta la fecha la empresa SAFIE de Quintana Roo ha recibido dos pagos de 2.6 millones de pesos y al obra tiene un avance del 40 por ciento.
“Esta semana debe estar concluida la investigación que he ordenado, para deslindar responsabilidades en caso de existir”. (Fuente: Con información del Diario de Yucatán)
CANCÚN, MX.- En un 40 por ciento de avance se encuentra la construcción de la ampliación de la Cárcel de Cancún, que efectúa la empresa Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., propiedad de Luis Carlos Carrillo Cano, señalado de ser sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez, aunque en conferencia de prensa negó tener relación alguna, tal y como se explica en nota por separado.
Este lunes, al efectuar un recorrido por la obra, se pudo platicar con uno de los encargados que dijo llamarse Marcos, señalando que los trabajos del proyecto ya tienen un avance del 40 por ciento y que por lo menos, de tres a cuatro meses le llevará concluirlos.
En la bodega donde resguardan sus equipos de trabajo los más de 50 albañiles afiliados a la Fesoc que ahí laboran, el encargado de los trabajos alcanzó a mostrar parte del plano del proyecto, donde se apreció que figura el nombre de Vicente López Medina, subsecretario de Infraestructura Penitenciaria, como quien tuvo conocimiento del trato.
Y es que es de destacar que el pasado domingo, POR ESTO! de Quintana Roo dio a conocer una información proporcionada por la Agencia Proceso (Apro), que señalaba que esta obra de la ampliación de la Cárcel de Cancún era efectuada por la empresa Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., cuyo dueño es Luis Carlos Carrillo Cano, a quien se le señala de ser sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez y aliado de los Beltrán Leyva.
Se indica también que para obtener esta licitación para la construcción de un edificio de 252 espacios, así como la barda perimetral y el rondín interior y exterior, se efectuó “un proceso a modo” donde inicialmente la empresa Urbanizadora Continental, S.A. de C.V. (también de su propiedad), había participado y cuya propuesta le fue rechazada, aunque posteriormente se presentó con la misma oferta pero con su otra empresa de nombre Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., con la cual extrañamente ganó el concurso.
Lo anterior -se afirma en el reporte de APRO-, gracias al apoyo que recibió del entonces secretario estatal de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas (hoy preso en un penal federal por presuntos vínculos con el crimen organizado) y del ex secretario de Infraestructura y Transporte, Gabriel Mendicuti Loría, quien ya habló del caso, afirmando que Sintra no tuvo nada que ver en el proceso de concurso y que este fue realizado de forma directa por el Fondo de Seguridad (Foseg) que en la entidad tiene a su cargo la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)