CANCÚN, MX.- El Registro Público de la Propiedad (RPP) del gobierno de Quintana Roo canceló una escritura a nombre de Antonio González Avilés, pues la posesión que el documento ampara fue afectada por un decreto presidencial de 1973 y ha sido el origen de un conflicto por la tenencia de la tierra en el ejido Pino Suárez del municipio de Tulum.
Con esta decisión, todas las parcelaciones y ventas posteriores de ese terreno podrían declararse nulas, pues de ese documento surgieron otros, hoy en poder de empresarios, como la familia Garza Ponce, de Monterrey, Nuevo León, con los cuales pretenden desalojar a quienes compraron legítimamente sus tierras a los ejidatarios originales.
Copias en poder de La Jornada indican que el pasado 8 de enero Víctor Boeta Pineda, titular del RPP del estado, envió un oficio al vocal ejecutivo de la Asociación de Colonos y Hoteleros Turístico-Ecológicos de Pino Suárez, Ed Villa Real, en el cual le informa que se adoptó un acuerdo administrativo que en los hechos cancela la escritura de González Avilés.
Dicha escritura había sido cancelada en el RPP en 1985, pero en el gobierno de Joaquín Hendricks (1999-2005) el entonces director del registro, Daniel Montiel, intentó que el acto quedara sin efecto mediante una anotación irregular al margen.
La asociación de colonos pidió al actual director del registro que se cancelara esa anotación que generó conflictos jurídicos, a lo cual accedió.
“Se ha dictado un acuerdo administrativo respecto a la cancelación de la anotación antes citada”, dice el oficio, pero aclara que las 13 escrituras que emanaron de la que posee González Avilés -y que posteriormente se convirtieron en 69- no podrán ser anuladas porque se estaría afectando derechos de terceros que compraron esas tierras, “por lo que le sugiero acudir ante la autoridad judicial competente para que ésta nos ordene la citada cancelación”, dice el oficio.
Con esta medida, los colonos dieron un paso importante para que se reconozca a alrededor de 400 personas la legítima posesión de las tierras donde han construido pequeños hoteles y casas, y que han sido amenazados por empresarios que compraron los predios basándose en el titulo de propiedad de González Avilés.
Ed Villa Real, fundador del grupo de colonos, dijo que el gobierno y algunos empresarios pretenden crear “una especie de Copacabana” en los más de 10 kilómetros de la costa de Tulum que están el litigio.
Agregó que esos mismos intereses están detrás del asesinato de un periodista de Tulum, perpetrado el pasado 23 de diciembre.
“El gobierno nos quiere quitar los terrenos -dijo el hotelero-. Tienen escrituras falsas que se ven correctas porque ellos tienen en sus manos el Registro Público de la Propiedad, el catastro y los pagos del predial, pero de origen siguen siendo falsas”, señaló.
Según esa versión, esos grupos de poder ya alcanzaron su primer objetivo: la familia Garza Ponce logró quedarse con el hotel El Ocho, de Tulum, y lo renta a Alfredo Soto, un hotelero y ex candidato panista a la alcaldía de Tulum. “El día que se quedaron con ese hotel celebraron la victoria, y con ellos estaba el alcalde de Tulum, Marciano Dzul”, dijo Ed Villa Real.
“Para nosotros, los miembros de la asociación, no es novedad que las autoridades nos den a entender con toda claridad que ellos desean realizar grandes proyectos turísticos en nuestros terrenos”, agregó.
El motivo de la disputa es un predio de playa de más de 100 hectáreas que ocupaba Antonio González Avilés y le fue expropiado en 1973 por un decreto presidencial para crear el ejido Pino Suárez.
Ese decreto generó que se cancelara el título de propiedad de González Avilés en el RPP. Sin embargo, durante el gobierno del ex gobernador Joaquín Hendricks (1999-2005) se “canceló la cancelación” y la propiedad que era de González Avilés se subdividió ilegalmente en 69 escrituras, la mayoría de las cuales se vendieron a poderosos empresarios.
A la par, los ejidatarios originales fueron vendiendo legalmente sus tierras a pequeños empresarios que con el paso del tiempo han creado un corredor de pequeños hoteles ecológicos en la zona.
“La posesión de todos los predios de esta franja de playa fue otorgada en 1994 con títulos firmados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, a nombre de los ejidatarios que cedieron sus derechos de posesión a 400 miembros de esta asociación”, explicó Ed Villa Real.
“Hemos invertido nuestros ahorros para construir hoteles, casas y residencias, con autorizaciones de uso de suelo y permisos de construcción, y cuidamos el ambiente”, agregó.
El hotelero indicó que la mayoría de los medios de información las instancias de gobierno a las que han acudido, como la Procuraduría General de Justicia del estado, no les hacen caso.
Uno de los diarios que los escuchó fue Expresiones, de Tulum, que los días 21 y 22 de diciembre publicó en su portada notas sobre el supuesto intento de despojo. El 23 de diciembre, su director, Alberto Velásquez, fue asesinado de un disparo.
“Todo indica en las investigaciones que el crimen fue organizado en las oficinas de la presidencia municipal de Tulum”, dijo Ed Villa Real. La razón de esas sospechas es que, herido de muerte, Alberto Velásquez dijo que su asesino era “gente de Marciano”, en referencia al acalde de Tulum.
“Antes de fallecer reconoció al individuo, apodado El Biónico, guardaespaldas de la presidencia municipal, quien se encuentra prófugo”, dijo el hotelero.
La alcaldía de Tulum se ha deslindado de los hechos. Edith Mendoza, secretaria general del ayuntamiento, dijo que la posesión de los predios contiguos a las playas es “un conflicto entre particulares” y que ellos sólo cuidan que no haya alteraciones del orden público. (Fuente: La Jornada)
