CHETUMAL, MX.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lizbeth Loy Song Encalada, informó que solicitará 55 millones de pesos que se destinarán a la edificación y equipamiento de 20 salas para el desarrollo de los juicios orales, en su primera etapa.
Song Encalada, afirmó que el próximo viernes 29 de enero se reunirá con el secretario técnico de la Comisión de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia del Congreso de la Unión, Felipe Borrego Estrada, para solicitarle al menos los 55 millones de pesos y empezar a construir las salas en donde se desarrollaran los juicios orales que permitirán agilizar los procesos hasta en 50 por ciento, pasando así de seis a tres meses aproximadamente.
Resaltó que la reunión con ese funcionario federal es de acercamiento para sentar las bases de una próxima reunión y firma del convenio que se establezcan los tiempos, mecanismos y origen de los recursos económicos, así como de las cantidades que estarían en discusión.
Agregó que para cumplir con la Reforma al Sistema de Justicia Penal es necesario construir en el Estado al menos 20 salas para instalar los juicios orales, y cuya obra civil requieren de una inversión de 35 millones y el equipamiento será por 20 millones.
Precisó que en Chetumal y Playa del Carmen se construirán un juzgado y cuatro salas, en tanto que en Cozumel habrá un juzgado y dos salas; y en Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, se edificará un juzgado y una sala.
Informó que se reunirá con los titulares del poder ejecutivo y legislativo además de autoridades federales para solicitar 55 millones de pesos que destinará a la edificación y equipamiento de 20 salas para el desarrollo de los juicios orales, en una primera etapa porque derivado de las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, en el estado, se busca la implementación de los juicios orales.
Consideró que con esta modalidad se propicia la transparencia, equidad e imparcialidad y en tanto se instala la infraestructura para el desarrollo, se prevé que los dos sistemas de justicia penal estén vigentes por un periodo máximo de ocho años, sobre todo porque se cuenta con seis años para que el poder judicial instale las salas orales en los 11 juzgados de primera instancia que operan en los nueve municipios que en total requerirá de una inversión superior a los 120 millones de pesos.
Indicó que con esta reforma, la prisión preventiva se limitará para los casos en que otras medidas cautelares o de prevención no sean suficientes para garantizar que el acusado se presente a las audiencias, para protección de la víctima, los testigos o la comunidad, y otra ventaja es que reducirá la población en las cárceles, pues la regla general es que el acusado enfrente su proceso en libertad, con la posibilidad de buscar acuerdos o la reparación del daño, concluyó. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
