CHETUMAL, MX.- Mercedes Hernández Rojas, delegada en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Social dio un plazo de tres meses al Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) para que termine de una vez y por todas con el programa de construcción de viviendas para los damnificados del huracán Deán.
“De hecho estamos trabajando con ellos en la supervisión y seguimiento para mí fue indispensable llevar a cabo esa situación y yo confió en que ya no trascienda esta situación más de tres meses, yo creo que esto debe de cerrarse antes del proceso electoral pues de lo contrario habremos de dar aviso a la Secretaría de Gobernación porque si ya se dilato mucho este asunto”.
La delegada, dijo que este programa fue impulsado por el Gobierno Federal desde hace casi tres años, sin embargo aclaro que es el Infovir el órgano estatal que ejecuta las obras.
Mercedes Hernández Rojas, agregó que no hay pretextos para que después de casi tres años no se hayan concluido las obras.
En tanto, el director general del Infovir, Ricardo Pech Gómez, indicó que será hasta antes de que concluya la actual administración estatal cuando se termine con el programa de vivienda es decir en al menos 10 meses más.
De acuerdo a información oficial de las 21 mil viviendas que se tenían programadas aun faltan por construir cinco mil las cuales están en proceso de construcción.
En el 2009, la Contraloría del Estado exigió al Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad acelerara el proceso de construcción pues se informo que la mayor parte de las obras registraban un retraso de hasta 20 meses.
Por si fuera poco en ese entonces, el contralor, Francisco Flota Medrano, también suspendió a 10 empresas constructoras que participaban en este programa después de que se descubrió utilizaban material de baja calidad en la construcción de estas viviendas.
“Hemos estado recibiendo denuncias de los beneficiarios de estas viviendas que tienen que ver con desperfectos en ventanas, puertas y baños las cuales ya estamos atendiendo y entregando al Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad para que las empresas constructoras hagan las correcciones que tengan que realizarse”.
Ante estos hechos, la Contraloría del Estado exigió en muchos de los casos el pago de las fianzas a las constructoras además de que fueron boletinadas para que no se les entregara mas obra pública en el Estado. (Fuente: El Periódico)
