CANCÚN, MX.- En un proceso electoral competido y, ante el mar de impugnaciones que se pronostica, marcarán su final, los partidos políticos en Quintana Roo deben elegir como candidato a un personaje que no se caiga un minuto antes de la elección o al final de la jornada, a decir del politólogo Luis Medina Torres, quien advierte que, en el peor de los escenarios, el posible ganador podría ser tumbado por no ser elegible desde un principio.
Medina Torres, investigador del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue entrevistado luego de haber participado en el curso de “Periodismo Especializado en materia Jurídico-Político-Electoral”, organizado por dicho órgano, en conjunto con el Tribunal -Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el fin de semana pasado.
Entre otras cosas, el politólogo recordó que este año, de las 15 elecciones locales que se celebrarán en México, 12 serán para gubernaturas y, en el caso de Quintana Roo, abarcan la renovación del Congreso local y las nueve presidencias municipales.
“Si lo vemos, en el país encontramos un marco de competencia muy amplia en el sentido de varias opciones partidistas por las cuales votar y en el caso de las gubernaturas, una figura que ha estado en la polémica, que son las coaliciones: La posibilidad de que distintos partidos políticos postulen a un candidato a gobernador.
“Este dato en particular, por lo menos se ha actualizado en cinco estados del país, donde no hay gubernaturas, que han integrado distintos partidos políticos. Una recurrente es la que han integrado PAN y PRD, pero también, como en Zacatecas, van el PRI el PT y el PANAL, juntos, igual que en Aguascalientes. El marco de competencia y los conflictos post electorales serán un elemento recurrente en todo el país”, dijo
Conflictos
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, indicó que en algunas entidades estos conflictos serán mayores e incluirán:
Aspirantes de distintos partidos políticos que consideran que pueden ser candidatos y que acudirán a las autoridades electorales a impugnar las nominaciones; el asunto de la integración de los Congresos y ayuntamientos por las candidaturas de representación proporcional y que los dos candidatos más fuertes a gobernador, impugnen los resultados de la elección, como -pronosticó- sucederá en Quintana Roo.
Particularmente el entrevistado anticipó que el artículo 80 constitucional, es un fantasma que seguirá rondando al alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, virtual precandidato de la coalición Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido del Trabajo (PT)-Convergencia, hasta que termine el proceso electoral.
Medina Torres dijo que los contrarios a Sánchez Martínez, podrían impugnar su participación en los comicios bajo el argumento de que es inelegible al no reunir los requisitos necesarios para contender por la gubernatura, en cuanto a su residencia, menor a 20 años.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló al respecto, concluyendo que ese margen de residencia para los no nacidos en el estado, ampliado por el Congreso del estado, es no sólo inconstitucionalidad, sino discriminatorio, tal resolución podría ser combatida.
El Doctor en Estudios Sociales con Especialidad en Procesos Políticos, indicó que la acción de inconstitucionalidad antes referida, “dinamitó o generó” la posibilidad de que la reforma vuelva al escenario de la disputa y se planté nuevamente, si algún aspirante -sea el edil u otra persona- puede ser candidato o no.
“Ya la Corte dijo que sí iba a poder, eventualmente, ser candidato, él o cualquiera que cumpla con el requisito de residencia. Eso va a generar un nivel de conflicto, por los requisitos de elegibilidad; va a volver a ser impugnado, es lo que estoy diciendo con esto, va a pasar por lo que tiene que ver con la inaplicación de normas electorales.
“Si bien ya la Corte definió en lo general que era una regla inconstitucional (la exigencia de poseer 20 de años de residencia en el estado para contender), los partidos la volverán a impugnar a la hora del registro concreto de algunos de los candidatos”, expresó. Similar medida podría tomarse al final de la jornada de votaciones, dijo.
El tema incidirá necesariamente en el resultado final del proceso electoral, pues el candidato podría registrarse, ser impugnado, correr el análisis de si procede o no tal recurso y, en el último momento, antes de arrancar el día de la elección -el cuatro de julio- resolverse que, efectivamente no cumplía con el requisito de ser elegible.
Esto implicaría su sustitución. En caso contrario, si se resolviese que no procede la impugnación, sería ratificado como elegible y quedaría en firme su registro.
Escenarios
Otro de los escenarios posibles, es que la determinación de su elegibilidad llegue ya habiendo triunfado.
“La peor hipótesis que puede pasar, es que, vamos a suponer que el requisito no está cumplido, la persona queda registrada, gana la elección, y cuando se valora la elección -que es la calificación- brinca que no es elegible. Y ahí sí estamos en la peor hipótesis porque entonces el Congreso electo tendría que resolver lo que condujera. Comprenderán que es un asunto de garantías de construir un mecanismo de seguridad para no llegar hasta ahí, que a pesar de ganar no puede ocupar el cargo.
“Yo los invitaría a verlo desde el otro lado, en el sentido de qué termina siendo mejor? Dejar una candidatura endeble, una candidatura dudosa? O que antes de la jornada electoral la candidatura quede definida, sea con la persona que está registrada o bien por un eventual sustituto?”, preguntó.
Otro escenario abarca el interior de los partidos políticos, si alguno de sus candidatos sintiese violentados sus derechos ciudadanos y de militancia.
Aquí no aplicaría el tema de la residencia, pero sí el del derecho de un militante a ser elegido como precandidato y candidato por su partido.
En ese precepto entrarían acaso, el diputado federal, Carlos Joaquín González; el representante del gobierno del estado, Eduardo Espinosa Abuxabqui; el ex secretario de la Infraestructura (Sintra), Gabriel Mendicutti e incluso la titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sedetur), Sara Latife Ruíz Chávez, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes aspiran a contender también por la gubernatura.
Es conocido que los mencionados han filtrado su molestia por la preferencia que el gobernador, Félix González Canto, ha mostrado por el diputado federal, Roberto Borge Angulo, que pareciera respaldado por el sistema para suceder al mandatario estatal.
Cualquiera de ellos podría echar mano del Juicio de Protección de los Derechos Electorales del Ciudadano, si considera que existe inequidad o preferencia que afecte sus prerrogativas para ser elegido por su partido y contender.
En Oaxaca se dio el caso de un militante de la comunidad indígena, que interpuso ese tipo de juicio, por considerar que merecía ser electo por su partido, pero que fue relegado indebidamente, atendiendo a los estatutos de su instituto político.
Antes de iniciado el día de la jornada, se resolvió que la razón le asistía y que tenía que contender como candidato. Así llegó a ser diputado. (Fuente: El Periódico)