CANCÚN, MX.- Con base en el título de concesión celebrado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) y el Gobierno del Estado en 1993 para proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, el cual finaliza el 20 de octubre de 2023, en caso de extinguirse de manera prematura dicho convenio, le costaría al erario poco más de dos mil millones de pesos.
Dicho título de concesión establece en su cláusula vigésima tercera que “si por causas imputables a la concesionaria se revocare, rescindiera o de cualquier otra manera terminare anticipadamente la concesión otorgada en este título, los concedentes se obligan a designar, en un plazo que no excederá de 180 días naturales, un proyecto concesionario, a fin de asegurar la continuidad en el servicio y la fuente de pago de los créditos al proyecto, sin prejuicio de que los concedentes opten… deberán liquidar los créditos vigentes provenientes de instituciones bancarias, financieras y de fomento, conforme a los términos y condiciones”.
Agrega que “para los efectos anteriores CAPA asumirá los créditos derivados de contrato de financiamiento que se hayan invertido en las obras de infraestructura de los sistemas concesionados, o en la adquisición de equipos afectos a los sistemas, y así mismo, resarcirá a la concesionaria por el valor en libros de las acciones conforme al balance dictaminado por auditor externo en la fecha de terminación anticipada de la concesión”.
Datos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) indican que durante un ejercicio contable al respecto realizado en 2008, el valor en libros de las acciones tienen un costo aproximado de mil 800 millones de pesos, cifra que en 2010 se elevó a más de dos mil millones de pesos.
Dicha cláusula indica que la CAPA se subrogará en todas la obligaciones de la concesionaria derivadas de los créditos, además de que se hará cargo de todo el personal que labora actualmente en dicha empresa.
También señala que en caso de que ocurra la terminación anticipada de la concesión por caso fortuito o fuerza mayor, tales como fenómenos naturales o sociales, se puede ampliar el plazo de concesión por un periodo que le permita a DHC recuperar los costos incurridos a causa de la suspensión de actividades.
El documento señala que una de las causales para extinguir la concesión es la falta de fianza que la concesionaria tiene obligación de mantener vigente por todo el término de la misma.
Además se considera como otra causal el incumplimiento grave, imputable, reiterado y probado de la “concesionaria”, respecto de las obligaciones establecidas en esa concesión, que ponga en peligro la prestación continua, regular y general de los servicios públicos concesionados. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
