CANCÚN, MX.- De las 25 mil hectáreas con que cuenta el ejido de Alfredo V. Bonfil, 4 mil 400 están en proceso de titulación y cambio de dominio, en una operación valorada en unos 11 mil millones de pesos y que ha motivado la fractura del núcleo ejidal en dos bandos que han recurrido a juicios y acciones penales uno contra otro.
De acuerdo con Juan Manuel Mendoza Villa, quien afirma ser secretario de la asamblea de ejidatarios pero que fue “despojado” por el Tribunal Agrario, todo el ejido se fraccionó en siete polígonos, de los cuales cinco están en proceso de cambio de dominio y titulación, entre ellos dos que tienen una extensión aproximada de 3 mil 800 hectáreas, en las cuales está ubicada gran parte de los asentamientos irregulares.
A su vez, Luis Martínez Rocha, jefe del departamento de regularización del ejido, aseguró que por tal motivo ex miembros de asambleas de períodos pasados han “tomado” el comisariado ejidal con ayuda de algunas autoridades.
Detalló que el 2 de marzo pasado ese grupo, encabezado por Bernardino López Contreras, ocupó las instalaciones de la casa ejidal, ya que obtuvo una sentencia dictada por el Tribunal Agrario con sede en Chetumal en la que reconocen a esa nueva asamblea como legítima.
“Lo raro es que el Registro Agrario tiene sus tiempos para dar las credenciales y actas de inscripción (de la asamblea) y es de aproximadamente 15 días, y en este caso fue en un lapso de dos días y durante el fin de semana”, comentó.
Por su parte, Serapio Martínez Rocha, quien se dice legítimo comisario ejidal, destacó que además el periodo de vida de la asamblea que él preside no concluye sino hasta 2011.
“Según dicen se convocó a una nueva votación para que surgiera otra asamblea, pero no se hizo, además de que ellos presentaron firmas en las cuales sólo 65 de los 210 ejidatarios estuvieron de acuerdo. Ellos fueron impuestos por funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN)”, expresó.
Por tal motivo, continuó, nosotros ya colocamos una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) con el número de Averiguación Previa (AP) 444/2010, contra los actuales miembros de esa asamblea por el delito de robo, despojo, amenazas y asociación delictuosa.
“Los señores que se encuentran en la casa ejidal la abrieron sabiendo que estaban cometiendo un delito. Entraron a la fuerza y sacaron a todo el personal que laboraba en la oficina del ejido. Traemos la fe de hechos que se levantó ante la Notaría Pública número 6 y la demanda penal AP 444/2010 que se interpuso ante el MPFC por el delito de robo, despojo, amenazas, daños y asociación delictuosa y lo que resulte, en contra de Bernardino López Contreras y su grupo”, detalló.
Agregó que desde hace siete años, ex miembros de asambleas de períodos anteriores vendieron de manera irregular más de dos mil lotes con un valor aproximado de mil millones de pesos. Lo mismo temen que suceda, dijo, con tres mil predios más que hasta el momento están en vías de titulación.
“Estos miembros de la nueva asamblea están en contubernio con funcionarios tanto del RAN como del Tribunal Unitario Agrario (TUA)”, comentó.
Mendoza Villa detalló que ya se titularon por completo los polígonos 1 y 2 (Álamos 1), con una extensión total de 500 hectáreas.
Agregó que posteriormente se hizo lo mismo con los polígonos 3 (Álamos II), 5 (Santana) y 6 (Bonfil 2000) con una extensión de 600 hectáreas, en donde están pendientes tres mil títulos, los cuales, aseguró, “peligran” con la nueva asamblea de ejidatarios.
Expuso que los polígonos 4 y 7 tienen una extensión de tres mil 800 hectáreas, en las que están los más de 35 asentamientos irregulares de la zona sur de Cancún que albergan a 35 mil familias, aproximadamente.
Sostuvo que el costo aproximado de cada hectárea varía según la zona, pero oscila entre uno y cinco millones de pesos. Considerando la media de esta cantidad, es decir 2.5 millones de pesos, un cálculo arroja que el precio total de las 4 mil 400 hectáreas en disputa alcanza los 11 mil millones de pesos.
Los ejidatarios informantes aseguraron que este viernes solicitarán un amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Agrario con sede en Chetumal, y de esa manera impugnar la asamblea que fue impuesta.
Agregaron que también buscarán a ejidatarios de otros municipios para hacer un frente único de ejidatarios en todo Quintana Roo y de esta manera “combatir la corrupción dentro de las autoridades agrarias”.
Por último, hicieron un llamado “para que otros comisarios ejidales se unan con nosotros con el fin de conformar un frente único con el que vamos e denunciar la corrupción que hay en dependencias agrarias como el RAN y el TUA”. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)