CHETUMAL, MX.- Con el inicio de la campaña para la elección de gobernador este jueves 6 de mayo de manera paralela también dará inicio la suspensión de la difusión de toda propaganda gubernamental en medios de comunicación, disposición constitucional a la que deberán ajustarse los poderes públicos, autoridades municipales y cualquier ente público.
Dicha prohibición está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental.
La suspensión será efectiva tanto para los poderes federales y estatales, como para los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Además, el mismo artículo señala que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
En materia de propaganda, cabe recordar que derivado de la última reforma en materia electoral, se plasmó en la Constitución que el Instituto Federal Electoral (IFE) será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.
Por lo tanto, los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. (Fuente: El Periódico)