CHETUMAL, MX.- El presidente de la Gran Comisión de la XII Legislatura del Congreso local, Luis González Flores, señaló que no han recibido notificación o aviso oficial acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual, invalida algunos artículos de Ley Electoral de Quintana Roo, permitiendo así el recuento de votos por casilla. Dichos artículos fueron reformados recientemente por la actual Legislatura.
La SCJN invalidó el artículo 226-bis, en los párrafos que indican: “Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.”
Así como el que dice que: “En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales”.
La Suprema Corte, también invalidó el artículo 232-bis en los párrafos que indican que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos municipales o distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.
Otro artículo invalidado es el 38-bis, párrafo primero, en la porción normativa que dice que cuando del análisis a los hechos y agravios que se hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado el recuento en tiempo y forma ante el órgano responsable, éste se hubiese negado indebidamente a su realización.
González Flores, reconoció que en efecto la presente Legislatura reformó esos artículos, pero aclaró que la resolución de la Suprema Corte no los obliga a realizar ninguna modificación, simplemente queda establecido que a partir del presente proceso electoral, se podrá llevar a cabo el recuento de votos.
Cabe recordar que la acción de inconstitucionalidad por la que la Suprema Corte emite la resolución en mención, fue promovida por el procurador general de la República contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Quintana Roo. (Fuente: El Periódico)