PUERTO MORELOS, MX.- Miembros del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado”, que operan en Puerto Morelos, denunciaron que durante dos administraciones seguidas, es decir cuatro años, en las que el secretario general del gremio fue Samuel Sánchez Correa, se desviaron recursos internos con un monto aproximado de dos millones de pesos, que se encontraban en una caja de fianza (en ella se reúne el dinero que pagan los socios).
Precisaron que la caja era propiedad del propio gremio, y además señalaron otras irregularidades.
Héctor González Magallón, el actual secretario general, dijo que luego de realizar varios arqueos y revisiones en las cuentas del sindicato, se pudo constatar que había pagos de 16 mil 800 pesos mensuales por honorarios de la abogada María Luisa Ferrat, quien al parecer representaba a Sánchez Correa.
“Hizo un contrato con una abogada de Playa del Carmen, y esa abogada le cobraba 16 mil 800 pesos mensuales, pero ese dinero era nada más para darle asesoría a él y decirle cómo tenía que dirigir al sindicato. Varios socios llegaron a expresar su inconformidad durante el tiempo que él estuvo, que fue de cuatro años”, precisó el actual líder.
También subrayó que se ejercían recursos de por lo menos 10 mil pesos al mes para comprar productos de limpieza.
González Magallón detalló que la abogada además hacía un cobro extra por cada caso que defendía, por lo que en varias ocasiones los miembros de la pasada mesa directiva tuvieron que vender concesiones.
“La licenciada (Ferrat) defendía demandas laborales de trabajadores que incurrían en algunas faltas; se le debían como dos millones y medio de pesos, y como no había dinero suficiente la asamblea tuvo que autorizar la venta de unas concesiones, y con ese dinero se pagaron los honorarios de la abogada. Fueron dos casos laborales y una demanda de despojo de un terreno”, precisó.
El líder sindical dijo que cuando él tomó posesión en noviembre de 2009 encontró que las arcas sindicales estaban “en menos cero pesos”, a pesar de que en los documentos se reportaban fondos de más de dos millones de pesos.
Explicó que entre esos documentos estaban unos según los cuales Leonardo Esquivel Borrego, antecesor de Sánchez Correa, dejó seis vehículos con todo y concesión, listos para que el sindicato los opere, pero sólo se pudieron recuperar tres unidades.
Esquivel Borrego, detalló, le entregó a Sánchez Correa cuatro Urvans y dos microbuses para servicio colectivo. Todas las unidades nuevas, excepto dos de las Urvans, estaban emplacadas y listas para trabajar.
“Cuando recibí la secretaría general sólo estaba una Urvan, las otras tres las habían vendido de manera ilegal, porque su venta no se pasó a votación de la asamblea del sindicato”, dijo. “Los dos microbuses los recibí en un encierro totalmente desmantelados y al parecer las piezas fueron vendidas”.
Uno de los microbuses fue reconstruido y desde hace tres meses opera con el número económico 03. El otro estará listo para funcionar en unos 15 días, ofreció el dirigente.
González Magallón dijo que todavía no se decide ejercer acción legal contra su antecesor. “Todo está en manos de los socios, es decisión de la asamblea actuar porque al que desfalcó fue al sindicato; yo cumplo con mi parte, que es denunciar las irregularidades que encontré cuando tomé el cargo”.
“Él tomó el cargo en noviembre de 2005; posteriormente los agremiados estaban inconformes y querían que se hiciera una revisión al interior del sindicato y yo les dije que adelante, pero que lo propongan en la asamblea, pero cuando se sometió a votación no hubo mayoría de votos”, finalizó.
Por su parte, el socio fundador José Luis Vivas Vázquez comentó que son 208 miembros que conforman la asamblea, pero son 300 concesiones que operan en Puerto Morelos, entre taxis y Urvans.
Coincidió en que Sánchez Correa actuó de manera ilegal al vender unidades que son propiedad del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado”.
“Se metían 10 mil pesos mensuales en productos de limpieza en la administración pasada y ahora que estamos nosotros si acaso se gastan dos mil pesos mensuales o menos. Entonces dónde quedaron los otros ocho mil pesos”, dijo.
Agregó que durante los dos períodos de administración (cuatro años) de Sánchez Correa siempre hubo gastos exagerados por concepto de comisión, operación y administración.
“Se tiene el registro de que habían operando seis unidades; sin embargo, “nunca dejaron un solo peso, porque le tocaron puros vehículos viejos según él”.
“De hecho a la esposa de Samuel le dieron una placa en Playa del Carmen como recompensa porque obedece a las autoridades como la Sintra. Entonces aprovechan el momento y piden placas”, dijo.
Aseguró que el ex líder sindical es socio en el Sindicato de Taxistas de Puerto Morelos y que durante las asambleas todavía quiere imponer su voluntad.
“Hubo una desorganización durante la gestión de Samuel, las unidades que le dejaron estaban operando de manera normal pero nunca dejó un solo peso para el sindicato, todo se lo gastó, según él en algunos pagos”, comentó.
El entrevistado aseguró que hay elementos suficientes para demandarlo por fraude o por abuso de confianza.
“No hemos levantado ninguna denuncia, porque eso sería decisión de la asamblea, pero el señor González Magallón tiene que presentar un estudio de cómo recibe la agrupación y someterlo a la asamblea”, dijo.
Explicó que cuando algunos hoteles de la periferia todavía estaban en construcción había mucho trabajador y durante el fin de semana era cuando estas personas solicitaban más el transporte público.
“Para no tener problemas con el sindicato nosotros pactamos que se le pague una bonificación al sindicato, y yo estimo que por ese concepto se robaron más de 150 mil pesos del dinero que durante esa administración cobraron y nunca fue reportado en la caja de la agrupación”, expuso.
Agregó que al momento de que cuestionaron a los miembros de la pasada administración respecto al destino de dicho dinero, éstos respondieron que “se los dieron a los de la Dirección de Tránsito”.
“Les preguntamos a los de Tránsito y ellos comentaron que nunca les dieron nada de dinero, salvo en una ocasión que les invitaron unos tacos; o sea, tratan de justificar algo y no pueden”, comentó.
A su vez, el actual secretario del Trabajo de ese sindicato, Arif Zetina Sahu, corroboró que los integrantes del gremio están inconformes por la manera en que Sánchez Correa administró las arcas sindicales.
Coincidió en que de manera recurrente se aplicaban recursos que no podían comprobarse, como los pagos a la abogada María Luisa Ferrat, quien tenía un sueldo de 16 mil 800 pesos mensuales, según confirmó.
Además expuso que vendió terrenos propiedad del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado”, por lo que ahora se pregunta “dónde está el dinero de esa venta”.
“Al pasado secretario general se le puede acusar de abuso de autoridad y de confianza porque se tomó atribuciones que sólo a la asamblea le corresponden”, dijo. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
