CANCÚN, MX.- Luego de que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos Alberto Elorza Amores, encontró elementos para enjuiciar formalmente al ahora ex candidato a la gubernatura por Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, y determinó que se le declaren suspendidos sus derechos políticos, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, indicó que el recurso legal que los abogados del acusado podrían iniciar es una apelación, proceso que tiene una duración de hasta cuatro años, tiempo que el acusado pasará en la prisión, pues no tiene derecho a fianza.
El entrevistado confirmó que Sánchez Martínez perdió sus derechos políticos, por lo que no podrá votar ni ser votado, ya que es un procesado.
Agregó que de confirmarse la culpabilidad del ex candidato, como mínimo le tocará una sentencia de 10 años de prisión, por ser acusado de delitos graves del orden federal.
“Son delitos federales conforme al artículo 114 de la Constitución y la orden de aprehensión procedió, y si el juez Segundo de Distrito de Tepic, Nayarit, dictaminó que había elementos para la orden de aprehensión, lo más seguro era que se confirmara en un término ampliado lo que acaba de suceder hoy (ayer) por la mañana, lo cual fue la formal prisión”, dijo.
Posteriormente a esto, continuó, se abre la inclusión del proceso para que también él acusado pueda apelar la resolución.
“Es entonces cuando un magistrado unitario tendrá a su cargo la revisión de todo el expediente, para ver si estuvo bien dictada la formal prisión”, explicó.
Detalló que si se confirma la formal prisión, vendrá un período probatorio, conforme al Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) ante el juez federal, y cualquier juez del fuero común está obligado a informarle directamente al Instituto Federal Electoral (IFE) que se suspenden los derechos políticos del acusado, conforme a lo que marca la ley.
El proceso para este tipo de delitos, indicó, debería durar uno o dos años, pero la experiencia nos ha demostrado que pueden ser tres, cuatro o hasta cinco años.
“La suspensión de derechos políticos es a partir de hoy (ayer) y hasta que no se resuelva el caso en definitiva”, puntualizó.
El presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo aseguró que “el asunto penal queda perfectamente claro, le dictan auto de formal prisión, un juez de distrito ordena el juicio ordinario respectivo para el ofrecimiento de las pruebas de las partes y que se desahogarán. Una vez agotada la instrucción y recaudadas las pruebas se fijarán las conclusiones, y si éstas son acusatorias vendrá la vista pública y entonces el juez estará obligado a dictar la sentencia definitiva”.
Al ser cuestionado en torno a una posible apelación de militantes del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) o el Tribunal Federal Electoral (Trife), indicó que “ellos tienen derecho a ir, están en posibilidad de hacerlo, pero el IFE tendrá que hacer lo suyo para girar instrucciones al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para que en las boletas ya no aparezca Greg Sánchez como candidato, o se le agregue una nota que diga ‘cancelado'”. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)