CANCÚN, MX.- Más de 10 millones de pesos del erario público, registrados en el rubro de asesores del gobierno municipal, fueron utilizados para la operación de los centros de espionaje adjudicados al Ayuntamiento Benito Juárez.
Dentro de la revisión de la cuenta pública del 2009 así como el arqueo de las finanzas de la Comuna, se han encontrado oficios firmados por Carlos Trigos Perdomo para alimentar de manera económica estos centros de espionaje, así como el pago de sueldo de los operadores.
También se ha descubierto que 11 cubanos dados de alta en la academia de Seguridad Pública fueron asignados a tareas de espionaje por parte de Manuel Vera Salinas, principal operador de estos centros.
Lo anterior se desprende de la averiguación previa PGR/CUN/193/2010-III, donde se ha establecido que las autoridades federales buscan al ingeniero en sistemas, Enyelbelbert Granados Saynes, al parecer cubano, quien era parte integral en la operatividad del centro de espionaje adjudicado al Ayuntamiento Benito Juárez.
Granados Saynes tenía a su disposición a un grupo de 11 cubanos que estaban dados de alta en la Academia de Policía y junto con Juan Ramírez eran los principales lugartenientes de Manuel Vera Salinas.
Ambos sujetos habrían recibido capacitación para manejar tecnología de punta y programas de software Hunter para intervenir señales de celulares, teléfonos fijos y localizadores GPS y GSM de funcionarios, políticos y empresarios.
La red de espionaje fue ubicada en tres sedes: el edificio Xcaret en la Supermanzana 20; privada Venezuela 18 en residencial Las Américas y en Barrio Maya Región 517.
Agentes federales comisionados en el caso rastrean otros puntos de vigilancia de ese grupo de espionaje atribuido al edil con licencia Gregorio Sánchez, precandidato del PRD al gobierno del estado.
Cabe señalar que el Ayuntamiento Benito Juárez utilizaba el centro de espionaje descubierto por el Ejército para fines de extorsión, amenazas, política y venganza hacia quienes eran considerados los “enemigos” del gobierno municipal en turno.
Esta situación salió a relucir tras las primeras indagatorias respecto a este hecho. De entrada, se ha confirmó que el asesor del municipio, Manuel Vera Salinas, rendía un informe detallado sobre la operación del centro a miembros de la administración gubernamental de la ciudad.
En la rendición de cuentas, la información obtenida por medio del espionaje al estilo delincuencia organizada, detallaba las actividades de los empresarios en torno a su vida personal y profesional, al igual que de políticos y periodistas.
Por ejemplo, de un empresario se investigaban sus transacciones para determinar cuáles eran sus giros comerciales, y a partir de ahí manejar esa información para extorsionarlo o “venderle” la estructura pública de permisos municipales para su beneficio.
Mediante este mecanismo, el Ayuntamiento Benito Juárez se hizo de muchos “recursos” de manera ilegal. Bastaba con encontrar la coyuntura informativa sobre el personaje espiado para poder operar de manera inmediata.
Dentro de este sistema, el dinero corría de inmediato. Un empresario que suponía “encontrar” ventajas en el sistema administrativo gubernamental, en realidad había sido espiado para que “sólo” se entregara a las autoridades municipales.
Esa era la mayor función del centro de espionaje del Ayuntamiento Benito Juárez. Contar con información considerada como privada, valía mucho en manos de aquellos que la utilizaban a conveniencia.
En el caso de los políticos, el espionaje del gobierno municipal servía para determinar los movimientos que llevaban a cabo los partidos de oposición a la administración, así como encontrar “deslices” de aquellos personajes de la política que no eran afines a la administración municipal.
De hecho, en este punto se descubrió también que mucha información obtenida en la política, también era usada para someter a la mayoría del personal del Ayuntamiento Benito Juárez que no congeniaba con la forma de gobernar del hoy ex precandidato a la gubernatura del PRD, PT y Convergencia.
La fórmula era sencilla. Las víctimas en este punto eran aquellos que no aprobaban los movimientos que se llevaban a cabo en el ayuntamiento, y la lista con discos de grabaciones de celulares incluye desde regidores que significaron oposición hasta dirigentes de organismos políticos, tanto estatales como municipales.
Para obtener información se utilizaba el sistema de sofware digitalizado de tecnología israelí para tener a detalle movimientos personales de las víctimas como horarios de familia, lugares de frecuentación, pasatiempos, parejas y hasta registros de llamadas nacionales e internacionales. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)