CHETUMAL, MX.- Debido a que el próximo 29 de julio concluye el periodo para el cual fue designado el consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo), Iván Manuel Hoyos Peraza, el Congreso del estado ya se prepara para hacer la designación de su sucesor.


Cabe recordar que Hoyos Peraza fue designado por el Poder Legislativo únicamente para concluir con el periodo del ex consejero presidente, Carlos Bazán Castro, quien renunció al cargo, por lo que, no puede ser electo para otro periodo y en consecuencia el Congreso del estado deberá elegir a un nuevo consejero.
Por lo tanto, ayer jueves la diputación permanente del Congreso local, que preside el diputado, Luis González Flores aprobó instruir a la Comisión de Puntos Legislativos elaborar la convocatoria correspondiente
González Flores, apuntó que la ley señala que la presidencia de la mesa directiva de la Legislatura, o de la diputación permanente, en su caso, convocará a los grupos parlamentarios, a presentar dos candidatos para el cargo a designar, ante la Comisión de Puntos Legislativos.
La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y en cuando menos dos periódicos comerciales de circulación estatal. Además deberá contener la descripción, clara y precisa, de los medios idóneos para acreditar los requisitos de elegibilidad; mismos que deberán ser aprobados por la Comisión de Puntos Legislativos, de manera previa.
La Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que para ser consejero presidente, deberá reunir y mantener los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener más de treinta años de edad.
Así como poseer, al día de su designación, título y cédula profesionales de nivel licenciatura; gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional; no estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto, entre otros que deberá revisar la Comisión de Puntos Legislativos. (Fuente: El Periódico)

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