CANCÚN, MX.- Aunque las autoridades de Quintana Roo han difundido datos sobre el cierre de negocios derivado de la inseguridad y como consecuencia del “derecho de piso”, lo cierto es que éstas no poseen ninguna cifra al respecto, según reconocieron en una respuesta entregada a Noticaribe a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
El secretario de Desarrollo Económico, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, aseguró que en Playa del Carmen ya habían cerrado 70 negocios debido a extorsiones a sus propietarios. La noticia, difundida la tercera semana de mayo de este año, cimbró a la clase empresarial del norte de Quintana Roo, donde se asientan los dos destinos turísticos más exitosos de México: Cancún y la Riviera Maya.
Sin embargo, en la solicitud de información 58510-2010, en la que se requiere “decir cuántos negocios han sido cerrados por motivos de inseguridad, detallar a qué giro correspondían, municipio en el que se ubicaban y año o mes del cierre”; la Secretaría de Desarrollo Económico respondió que “esta dependencia no cuenta con información referente al número de negocios cerrados en el estado de Quintana Roo con motivo de la inseguridad (…) en virtud de no ser de nuestra competencia (…)”.
A pesar de no ser competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico saber cuántos negocios se han cerrado debido a la inseguridad, la declaración del titular de esa dependencia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, en el sentido de que eran 70 los establecimientos que habían bajado sus cortinas, quedó consignada en el periódico La Jornada, el 25 de mayo pasado; en Milenio, el 27 de mayo; en Novedades de Quintana Roo, el 28 de ese mismo mes; y el dato se ha reproducido en múltiples ocasiones más: el 24 de junio en la radio estatal Enfoque Radio; el 8 de julio, en el Diario de Yucatán; y el 14 de julio en el periódico Por Esto, por citar sólo algunas referencias a la declaración del funcionario.
La pregunta realizada por Noticaribe, tampoco fue turnada por la Unidad de Transparencia, a otra dependencia, como podría haber sido la Procuraduría General de Justicia del Estado, por considerar que el sujeto obligado era la Secretaría de Desarrollo Económico, y al no poseer ésta la información, dio por finalizado el trámite de acceso a la información.
De la incompetencia de la Procuraduría a la incompetencia de la Secretaría de Desarrollo Económico
Antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bello Melchor Rodríguez Carrillo era Procurador General de Justicia del Estado, cargo que asumió desde el 2005, al inicio de la administración del gobernador Félix González Canto, y del que fue relevado el 7 de abril, luego de que éste hubiera puesto sobre la mesa su renuncia en tres ocasiones.
La remoción de Rodríguez Carrillo se dio, por lo menos, un día después de que la Procuraduría tuviera conocimiento de la desaparición, que concluyó en homicidio, de la turista brasileña Mónica Burgos, esposa del productor norteamericano Bruce Ainsley Beresford Redman.
El cambio de timón no fue una casualidad, y se hizo con la intención de proteger al ya muy desprestigiado abogado del estado Bello Melchor Rodríguez; la apresurada maniobra supuso un enroque, entre el entonces Secretario de Desarrollo Económico, Francisco Alor Quezada y Rodríguez Carrillo.
El abogado Bello Melchor Rodríguez Carrillo, como Procurador, dejó en su historial varios casos trascendentes sin resolver. Dos de los más notorios son el de la turista israelí desaparecida en Tulum, Dana Rishpy, y el homicidio del matrimonio Ianiero, por el que recibió duras críticas por parte de los medios de comunicación canadienses. Más recientemente el del turista Ronald Scheepstra, desaparecido en Xcalak, y de quien la Procuraduría afirmó que podría haber fingido su muerte para cobrar un seguro de vida, aunque no lo pudo comprobar.
A los anteriores se suma el muy reciente caso del joven springbreak Joseph Zeke Rucker, quien fue encontrado herido en el hotel Barceló de Cancún, y cuyos padres aludieron a la indiferencia con que las autoridades locales abordaron el asunto.
Pero al lado de las historias en las que los afectados han sido turistas, también hay algunos expedientes emblemáticos que tiene que ver con habitantes locales. En el 2006, el de la joven chetumaleña Adriana del Socorro Méndez Delgado, quien fue degollada y cuya cabeza no se encontró. Más recientemente, el de diciembre de 2008, en el que un albañil de nombre Aníbal Madrigal Moreno fue inculpado de violar y asesinar a una niña de 10 años, en medio de un proceso plagado de inconsistencias, pruebas fabricadas, y la declaración de varios testigos que corroboraban la versión de que Anibal Madrigal no había estado en el lugar de los hechos.
Junto a los anteriores no se puede dejar de aludir al caso Lidya Cacho, en el que la “colaboración” del Procurador Bello Melchor Rodríguez Carrillo fue rápida, pronta y expedita para trasladar a Cacho a Puebla. Esa misma rapidez, sin embargo, no se vio en la investigación de la “Casita” y sus nexos con las llamadas “Casitas del Sur” de la Ciudad de México.
Los casos enumerados no son nada frente al fallido trabajo de la Procuraduria que comandaba Bello Melchor Rodríguez en lo que concierne a los delitos relacionados con el narcomenudeo, donde la mala integración de las averiguaciones previas, o la integración “flojita” de éstas, ha permitido a los jueces, liberar a los presuntos delincuentes, completando así la cadena perfecta de la impunidad.
El abogado y notario Bello Melchor Rodríguez Carrillo, ahora al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, al parecer seguirá la línea que inició en la Procuraduría: muchas declaraciones y poca acción. (Noticaribe)