CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado aprobó una nueva ley, ahora en materia administrativa, mediante la cual las relaciones de la Administración Pública con los particulares quedarán debidamente reguladas en forma imparcial y apegadas a derecho, garantizándose así las prerrogativas de los ciudadanos ante la autoridad.
Se trata de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo que fue propuesta por el diputado Gustavo García Bradley, integrante del grupo parlamentario del PRI, y que hoy fue aprobada por unanimidad, con la cual se proporciona un marco normativo eficaz en beneficio de los gobernados y de la propia autoridad administrativa.
Y es que con esa nueva ley se garantiza a los ciudadanos que la Administración Pública no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo en el que se establecen herramientas de defensa jurídica de los gobernados ante los actos de autoridad.
Esta nueva ley fue elaborada tomando en consideración que el procedimiento administrativo es un vinculo con el que cuentan los particulares para llegar a mutuos acuerdos con sus gobiernos, no se puede admitir que las autoridades encargadas de llevar a cabo dichos procedimientos actúen de modo arbitrario y discrecional, sino con una serie de reglas y normas que permitan que la sociedad tenga la seguridad de que no estará indefensa ante malas decisiones.
La Ley está conformada por 131 artículos divididos en seis títulos, en los cuales están planteadas las normas y regulaciones que permitirán una correcta relación entre los particulares que necesiten realizar trámites ante cualquier entidad o dependencia para que éstos sean mucho más ágiles y sean llevados a cabo con mayor eficacia.
Sin embargo, se exceptúan de la aplicación de ésta nueva Ley los actos y procedimientos administrativos relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, laboral, la actuación del Ministerio Público, seguridad pública participación ciudadana, notarial, de la investigación y determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los procesos licitatorios y de adquisición de bienes y servicios y también quedan exentos de la aplicación de esta ley los órganos autónomos del Estado de Quintana Roo.
Cabe señalar que en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo contempla una serie de principios generales de derechos, entre los cuales destacan el de unidad, que prevé precisamente la existencia de un procedimiento general que procura, en la medida de lo posible unificar los principios a los que se deberán sujetar los actos de las autoridades competentes de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
También destaca el principio de simplificación, que clarifica las formalidades, los requisitos y demás condiciones de los diversos trámites que los particulares realizan ante las diversas dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.
Además, incorpora el principio del silencio administrativo, que define y esclarece los efectos cuando una autoridad no contesta dentro de un plazo determinado una petición del particular, siendo las consecuencias de positiva o negativa ficta, es decir, de procedencia automática o no de la solicitud planteada, respectivamente.
Con ésta nueva ley se pone en marcha el principio de legalidad, la cual exige que en los actos de las autoridades administrativas se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que dichos actos se encuentren debidamente fundados y motivados. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)