CANCÚN, MX.- La Auditoría Superior del estado será la que se encargará de interponer las denuncias contra los funcionarios y ex funcionarios, presuntos responsables del desfalco financiero del ayuntamiento de Benito Juárez, las cuales se podrían presentar este miércoles.
CANCÚN, MX.- Emiliano Novelo, titular del Órgano Superior de Fiscalización en Quintana Roo, informó que se interpondrá una denuncia penal en contra de funcionarios del ayuntamiento de Benito Juárez al encontrar decenas de documentos falsos en la cuenta pública del 2009.
“Independientemente de la denuncia que presente el municipio el Órgano Superior de Fiscalización también presentará una denuncia penal por falsificación de documentos y la falta de solventación lo que implicará más observaciones a la cuenta pública 2009 de este ayuntamiento de las que originalmente se hallaron”.
Emiliano Novelo, aclaró que no se ha determinado en contra de qué funcionarios será interpuesta la denuncia, aunque hay que señalar que el propio ayuntamiento de Benito Juárez señaló al ex tesorero, Carlos Trigos Perdomo, como uno de los principales responsables del desvío de recursos públicos.
El titular del Órgano Superior de Fiscalización explicó que serán las autoridades ministeriales de la Procuraduría de Justicia del estado quienes determinen qué servidores públicos municipales fueron los responsables del desfalco financiero del ayuntamiento de Benito Juárez.
“La investigación la tiene que realizar el Ministerio Público quien determinará al final quién o quiénes son los responsables de esta situación”.
Comentó que aún no hay fecha para interponer la denuncia pues explicó que primero se requiere de tener todos los elementos documentales como son los propios papeles en donde se descubrió la falsificación de firmas y algunas facturas apócrifas.
Además, dijo se está a la espera de que los diputados del Congreso del estado den la instrucción oficial al Órgano Superior de Fiscalización para esta actuación judicial.
Comentó que además se tiene que llamar a los presuntos responsables y escuchar su defensa, derecho que apuntó no se les puede negar. (Fuente: El Periódico)
De acuerdo a información proporcionada, sería la Auditoría Superior del estado la que presentará las denuncias ante el Ministerio Público en contra de quien o quienes resulten responsables, y tendría que ser el ayuntamiento de Benito Juárez que proporcione más nombres de los implicados en el desfalco, por casi 95 millones de pesos.
Asimismo señala en sus documentos de cierre de actas de auditoría a los presuntos responsables del desfalco al ayuntamiento de Benito Juárez, entre los que figuran ex funcionarios y de la actual administración que encabeza Jaime Hernández, mismos que serán denunciados ante el Ministerio Público del Fuero Común.
Entre los nombres que se maneja como responsables de no tener el soporte documental y financiero se encuentra Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero municipal; Humberto Aguilera Ruiz, ex director general de Obras Públicas; Mario Joaquín Moguel, ex oficial mayor; Enrique Ramírez Escobedo, ex director de licitaciones y actual secretario de Obras Públicas; Antonio Cabrera Anduaga, ex coordinador de licitaciones; Wilbert Esquivel Zanoguera, ex secretario de Obras y Servicios Públicos.
La Auditoría Superior de Fiscalización señala que no hay documentación que soporte compras de materiales para la construcción, pavimentaciones, material eléctrico, estructuras y manufacturas por un monto de 95 millones de pesos, mismos que hasta el momento no han sido sustentados con los documentos básicos como es acta de autorización de compra, bitácoras, material fotográfico y justificación.
Mediante el oficio de orden de auditoría e inspección número ASE/OAS/AEMOP/000255/04/2010 emitido el día 14 de abril del año 2010 se procedió a revisar la cuentas del año 2009, del cual se desprende que hasta el momento no hay forma de sustentar los 95 millones de pesos, lo cual queda plasmado en el anexo II de la cuenta de recursos propios.
En el documento se señala que Wilbert Esquivel Zanoguera no entregó todo el soporte documental correspondiente y con él, se cree que puedan existir más implicados por supuestas compras de materiales que nunca se realizaron.
Entre las empresas que se vieron favorecidas se encuentra Movimiento de Tierra Pavimentos Obras y Construcciones, S.A. de C.V. que en su momento fue representada por Iván Roche Lara, a la cual se le pagó en exceso 467 mil 633.60 pesos.
Otra de las empresas con beneficios que se le pagaron de más las estimaciones se encuentra Edificaciones ZIGO, S.A. de C.V. y no existe documentación que justifique tal erogación por la cantidad de 334 mil 753 pesos.
En las mismas circunstancias está la empresa Ingeniería y Perforaciones Peninsulares que tuvo excedentes de pago por la cantidad de 169 mil 451 pesos.
En estos dos últimos casos se señalan como presuntos responsables a Enrique Ramírez Escobedo, quien en su momento fungió como director de Licitaciones y Contratos y Antonio Cabrera Anduaga, ex coordinador de licitaciones.
El faltante se encuentra en el ramo de recursos propios en donde no existe documentación que soporte las compras que se hicieron por 95 millones 062 mil 044 pesos, según el anexo II.
Así también se establece que faltan por solventar con documentación 3 millones 793 mil 968 pesos, y del cual se desprenden nueve responsabilidades administrativas.
El ayuntamiento de Benito Juárez se dio por enterado de los actos de acuerdo al acta circunstanciada de cierre de auditoría C-14, misma que fue realizada el 27 de septiembre del año 2010, la cual corresponde a actos emprendidos por el personal de la Auditoría Superior del estado en la representación de la zona norte y corrió a cargo de Jesús Rangel Villanueva y Jeremías Pat Canché, en su calidad de coordinador Técnico y coordinador Contable.
Firman como testigos Sandor Yigael Teodosio Castillo Cuenca y Mirley Elena Castillo Pacheco.
Las denuncias de las que se habla serían presentadas ante el Ministerio Público el día miércoles en la ciudad de Cancún. (Fuente: El Periódico)
CANCÚN, Q. Roo.- La noche de ayer la Contraloría Municipal, mediante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, falló al intentar interponer de manera formal una denuncia penal en contra del ex tesorero municipal, Carlos Trigos Perdomo, por enriquecimiento ilícito, ante la Subprocuraduría de Justicia del estado de Quintana Roo.
El coordinador de Averiguaciones Previas y agente del Ministerio Público de guardia, Gaspar Buenfil, explicó que rechazó aceptar la querella judicial porque sólo el síndico tiene personalidad jurídica para presentar este tipo de demandas.
Lo curioso del asunto es que las autoridades municipales llamaron vía telefónica al síndico, Javier Brito Rosellón, para que acudiera a las instalaciones de la Subprocuraduría, y éste no se presentó.
El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Arturo Altamirano Hurley, manifestó estar en contra de la disposición del Ministerio Público, ya que el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de la entidad, expone que en delitos llamados constitutivos, el Contralor Municipal por ser el ente investigador, posee facultades para realizar estas acciones legales.
La demanda contra Carlos Trigos Perdomo se iba a presentar basada en las investigaciones realizadas por esta dependencia contra el ex funcionario en la gestión de Gregorio Sánchez Martínez, y que finalizaron con una inhabilitación de 20 años para ejercer algún cargo público, así como una sanción de 20 millones de pesos.
Lo anterior ocurrió porque no declaró 11 propiedades que tiene a su nombre en diferentes ciudades. Este asunto no concluye con esta demanda, ya que continuarán las investigaciones por parte de la Contraloría Municipal, que podría presentar otra querella por los delitos de peculado y falsificación de documentos y sellos entre otros.
El monto total del costo de dichos inmuebles es de 10 millones 200 mil pesos, cantidad que sólo refleja el valor catastral y no el comercial que generalmente es superior al primero.
Altamirano Hurley, puntualizó que la información que sustenta las respectivas denuncias se basa principalmente en la comprobación de que Trigos Perdomo falsificó documentación, firmas y sellos oficiales.
Debido a que el tema de las acusaciones es un poco extenso, el funcionario dijo que de manera global en el ámbito jurídico se tienen dos denuncias de tipo penal, la primera de ellas es por enriquecimiento ilícito y la segunda es por la falsificación de documentos en donde se le finca responsabilidad por 88 millones de pesos. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
