CHETUMAL, MX.- La abogada Araceli Andrade, especialista en llevar casos de víctimas de violación, aseguró que hubo justicia a medias y verdades a medias respecto al proceso de la menor que denunció haber sido violada por el cantante Kalimba, quien ayer por la mañana fue puesto en libertad por el juez segundo de lo penal, Daniel Farah Godoy.
Si bien comparte la opinión del procurador de Justicia del estado, Francisco Alor Quesada, respecto a que el juez no valoró todos los elementos, al mismo tiempo celebró que el sistema judicial demostró que parte de la historia no fue cierta como el hecho de que no existió violencia, ya que se trata de una de las pruebas más difíciles de acreditar, además de que las menores no vivieron una fase traumática.
Sin embargo, afirmó que no comparte la decisión del juez ya que considera que el cantante no es inocente al cometer el delito de estupro, que si bien no es un delito grave se tiene que perseguir y juzgar, contrario a ello se le otorgó la libertad.
Desde su punto de vista al no darse la justa dimensión a los hechos el mensaje que envía el sistema judicial es que en Quintana Roo “viva la pachanga, viva las copas, viva contratar a menores de edad en los antros, viva dejar entrar a menores de edad en los antros y viva tener relaciones sexuales con niñas, aunque haya consentimiento”.
Descartó una mala integración de la averiguación previa, ya que desde un principio el juez hubiese negado la orden de aprehensión en contra del cantante.
Sin embargo, subrayó que es sumamente grave que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desista y no apele la decisión del juez, con el argumento de que no tendría ningún sentido al considerar que en la instancia superior dará el mismo veredicto.
Debido a que con ello el primer abogado del estado “tira la toalla a la primera cuando las cosas le salen mal y no como esperaba”, desde su punto de vista hay elementos para apelar además que no sería la primera vez que se cambie una decisión por esta vía y se haga justicia.
Puntualizó que al haber una línea directa pueden exhibirse las arbitrariedades que comete el sistema judicial de Quintana Roo por su mala actuación, pero si el procurador no actúa sólo demuestra su incapacidad.
Aseguró que el procurador Francisco Alor está obligado a apelar, de lo contrario deja en total indefensión a la población que pudiera enfrentar un caso similar y los jueces quedan tranquilos y sin demostrar bajo qué argumentos toman sus decisiones.
Recalcó que con este tipo de actuaciones queda una vez más en evidencia que el sistema judicial en la entidad es tan vulnerable y tan imperfecto como los propios seres humanos.
Puntualizó que el procurador tendría que apelar y no adelantarse a lo que puede definir otro juez, además se dijo sorprendida toda vez que no había visto que un proceso de este tipo se resolviera en poco tiempo.
Aseguró que en los procesos que ha llevado ha tardado hasta cinco meses en lograr que se libere una orden de aprehensión en contra de un violador confeso. (Fuente: El Periódico)