CANCÚN, MX.- El Municipio Benito Juárez resulta una verdadera mina de oro tanto para el gobierno en turno como para los funcionarios de todos los niveles que, aferrados a sus cargos y ante la llegada de nuevas autoridades, optan por presentar demandas alegando despido injustificado o pago de prestaciones.
CANCÚN, MX.- Asegura el alcalde de Cancún, Jaime Hernández Zaragoza, que a escasos poco más de dos meses de que concluya su administración han logrado estabilizar financiera y socialmente al municipio, sin embargo la realidad es que la violencia es cada vez más evidente y el problema de la delincuencia común se agrava precisamente por la falta de empleo.
A pesar de que lo que vemos y escuchamos todos los días es hablar de balaceras, atracos y asuntos relacionados con la delincuencia organizada y desorganizada, para el alcalde Jaime Hernández Zaragoza, en los últimos meses han logrado una estabilidad financiera al estar liquidando las deudas con los proveedores de esta administración, pero también aseguró que el destino goza de una estabilidad social, cosa muy alejada de la realidad.
“Hemos logrado la estabilidad financiera, la estabilidad social dentro del municipio y en general en la sociedad”.
Incluso tan solo el sábado se registraron disparos a unos metros de la casa del edil, luego de que escoltas de su esposa, Patricia Meneses, detectaron un vehículo sospechoso rondando la residencia y los guarda espaldas realizaron algunos disparos y el domingo hubo más ejecuciones.
Por otro lado el alcalde mencionó que van a concluir la pavimentación en las calles, pero las calles siguen estando intransitables, y es que asegura que van a dejar una administración más ordenada que la que recibió.
“Estamos dejando también calles pavimentadas, estamos terminando varias avenidas y vamos a dejar un muy buen avance en la Avenida López Portillo, estamos dejando parques, jardines y una serie de documentos para dejar una administración con un mejor camino”.
Y es que como se dice coloquialmente, el camino al infierno, está cimentado de buenas intenciones. (Fuente: Enfoque Radio)
Hasta el momento el municipio tiene en su haber 84 demandas laborales, entre ellas la del ex funcionario de primer nivel Sergio Pasos Moguel y de las ex regidoras Ludivina Menchaca Castellanos (ahora senadora) Huguete Hernández y Víctor Manuel Mena Sánchez, con los números de expediente 98/04, 82/04, 79/04 y 83/04.
El hermano del ex regidor y ex diputado local, Jorge Rodríguez Herrera, es decir, Arturo Rodríguez Herrera, demandó en los tiempos del frustrado Consejo Municipal
Este tema consideró el diputado electo, Antonio Meckler, se tiene que analizar a fondo y ver la vialidad de realizar las reformas que correspondan a fin de marcar que los funcionarios de primer nivel, no tengan derecho a ese tipo de demandas, pero sobre todo, señala, este tema es de ética y moral, porque los cargos directivos son de confianza y, al concluir el Gobierno con el cual se llega, se tiene que renunciar.
En el caso de Sergio Pasos, director de Desarrollo Urbano con Juan Ignacio García Zalvidea, ha demandado a la comuna, desde los tiempos de Francisco Alor, por dos millones 500 mil pesos y, en el caso de las ex regidoras por 255 mil pesos cada una.
Para Meckler Aguilera, los funcionarios de primer nivel forman parte de un proyecto que termina con la administración en la cual fueron invitados a participar, por lo cual es inaceptable que luego denuncien por despido injustificado.
“Si te invitan a un proyecto en tu calidad profesional y porque compartes un proyecto con quien lo encabeza, y tu no puedes pretender quedarte ahí para siempre, si no eres monedita de oro, lo que pasa que Sergio Pasos se encontró ahí las moneditas de oro, por eso es que alega tanto que lo hayan despedido, pero en realidad debería darles vergüenza a los funcionarios de primer nivel entrar a un pleito porque los corrieron, porque forman parte de un proyecto y no puedes ser tan cínico de quererte quedar toda la vida”.
Con tales antecedentes ahora lo que se tendría que hacer, consideró, es que se firmen contratos por 29 días, a fin que, al ser despedidos o que concluyan las administraciones, no pretendan demandar a las autoridades, cualquiera que sea.
“La otra es que el ayuntamiento empieza a hacer contratos por 29 días, que puede ser una situación, porque no es algo que sea entendible, pero bueno, sí lo vamos a revisar”.
De acuerdo con el regidor panista, Eduardo Galaviz, la comuna enfrenta una deuda por cerca de 90 millones de pesos por las distintas demandas presentadas por funcionarios de todos los niveles.
“De lo que esta en los diferentes litigios que tiene pendiente el municipio, esta la correspondiente a denuncias laborales que han interpuestos algunas personas, funcionarios anclados que han demandado al municipio por diferentes razones, por despido injustificado, por una serie de situaciones. Dentro de eso existe más o menos un estimado del monto de alrededor de 85 a 90 millones de pesos que obviamente esto se tiene que vigilar para que no llegue a tener esa erogación el municipio”.
Las demandas, sobre todo de los funcionarios de primer nivel y de los ex regidores, datan del 2004, cuando el Congreso local desapareció al Cabildo constitucionalmente electo y creó el Consejo Municipal, el cual duró apenas unas semanas.
“Diferentes personajes de administraciones que van desde la época de Juan Ignacio, incluso anteriores, dentro de ellos hay algún grupo de gente que se instaló cuando entró el Consejo Ciudadano, que estuvieron trabajando irregularmente porque no existía esa figura como autoridad reconocida, pero sin embargo demandaron al municipio. Hay una serie de funcionarios que se nombraron y cuando reintegra el ayuntamiento, demandan por despido”.
Pero además, las autoridades municipales no le han dado el debido seguimiento a dichos casos y, basta recordar al mecánico Marcos Manuel, quien fue atropellado por una patrulla en la administración de Magaly Achach, accidente por el cual quedó incapacitado para caminar.
El pleito inicio con la ex alcaldesa, Magaly Achach, continuó con Juan Ignacio García Zalvidea, lo mismo con Francisco Alor y no fue sino hasta la administración de Gregorio Sánchez, cuando se le pagó el daño con predios y terrenos por una cantidad millonaria.(Fuente: Enfoque Radio)