El caso de la indígena maya, Basilia Ucan Nah debe ser revisado con lupa, pues podría sumarse a las historias de mujeres criminalizadas debido a su condición, no sólo de pobreza y carencia de educación, sino también por cuestiones de género, indicó la diputada local, María Hadad.
“No sería la primera mujer que, en efecto y por desgracia, fuera víctima de su condición socio-cultural, a la que no le fuera procurada, impartida una justicia que respetara sus derechos y garantías individuales. Podría ser un ejemplo que se sume a los casos ya conocidos, de discriminación por su condición socioeconómica y de género”, expresó.
No obstante, la legisladora, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del estado de Quintana Roo, subrayó que la historia de Basilia, también podría ser un ejemplo más de los usos y costumbres que cobijan una añeja práctica en las comunidades rurales, en donde vender o explotar sexualmente a las adolescentes y jóvenes, no está ni siquiera mal visto.
“También sería interesante averiguar si cometió el delito, aún cuando ignorara que lo es. No olvidemos que en muchas comunidades indígenas, no sólo de Quintana Roo, sino del país, la venta de niñas, adolescentes o jóvenes por parte de la familia, forma parte de los usos y costumbres, lo mismo que el que las ofrezcan entre familiares e incluso, que sean los mismo padres o abuelos, quienes abusen de las menores”, resaltó.
Para Hadad se debe evaluar si hubo algún tipo de omisión por parte de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo o por el juez primero de lo penal, Ramón Jesús Aldaz Bencomo, quien sentenció a Basilia a cumplir una condena de 12 años de cárcel, por su presunta comisión de los delitos de lenocinio y corrupción de menores, agravada.
“Así como lo ha manifestado la Comisión de los Derechos Humanos (CEDH), hay que revisar el procedimiento, hay que revisar el caso; saber cómo se integró el expediente, porque hay versiones diferentes aquí.
“La subprocuradora de Justicia de la zona Maya dice que sí se contó con una persona que la asistió (a Basilia) en la traducción durante las diligencias ministeriales, que se le cumplieron sus garantías individuales, que sus derechos se respetaron y…bueno, los defensores de Basilia dicen todo lo contrario”, señaló.
Basilia Ucan Nah, de 43 años, fue aprehendida y acusada desde 2007 -a partir de una denuncia anónima- de llevarle menores de edad al dueño de una casa para que fuesen explotadas sexualmente por adultos, entre los que figuraban policías y funcionarios del gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto.
Sin saber leer ni escribir, jamás se enteró de los cargos en su contra, pero cuando policías judiciales y agentes del ministerio público de aquella localidad, le preguntaron si participaba de esa red de lenones, lo negó.
A Basilia la hicieron estampar su huella en un documento que fue usado como su declaración ante el ministerio público; nunca se enteró del contenido.
Quienes la acusaron originalmente -entre ellas una de las dos menores que supuestamente llevó a aquella casa- se retractaron y declararon haber sido presionadas para inculpar a Ucán Nah.
El propietario de esa casa respondía al nombre de Amborcio Granados Mohedano, quien en su declaración aceptó que rentaba habitaciones de su domicilio para fines sexuales con menores de edad. El hombre -fallecido ya dentro de prisión- rechazó conocer a Basilia.
La mujer es asistida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización “Indignación”, quienes hicieron una investigación del caso y encontraron que el procedimiento penal es “carente de las mínimas garantías procesales”, así como la existencia de diversas irregularidades en la integración del expediente y la sentencia del juez.
A diferencia de lo que ocurre en México, como país, actualmente no existe en Quintana Roo un registro sobre el número de mujeres indígenas que padecen -por su condición- discriminación, indicó María Hadad.
“En México sabemos que lo que sí está reportado es que la condición socioeconómica hace de las mujeres indígenas, más vulnerables a la discriminación y el abuso”, comentó. (Fuente: El Periódico)