CANCÚN, MX.- El polémico proyecto de La Herradura que se pretende hacer en los lotes aledaños a playa Delfines, desde la pasada administración, y que causaron polémica, sigue dando de qué hablar y el ex director de Desarrollo Urbano, Heydén Cebada reconoce que dieron una opinión al Fonatur de lo que se podía hacer en esos predios, pero esta institución lo tomó como una autorización de lo que se podía hacer ahí y nunca fue así.
Indicó que oficialmente nunca llegó a Desarrollo Urbano un proyecto de lo que sería La Herradura, pero recuerda que hubo una petición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para solicitar el cambio de uso de suelo de esos lotes, pero señala que el Programa de Desarrollo Urbano indica que usos de suelo condicionados.
“Nos pidieron una opinión de si se podría hacer un proyecto, esto sin dar el nombre y respondimos asunto de se informa y no se autorizó”.
Recuerda que para dar su opinión lo que se hizo fue copiar lo que señalaba el Programa de Desarrollo Urbano sobre lo que se puede hacer en ese lugar y que para ello hay que seguir ciertos pasos.
Sin embargo, dijo que quien vendió los predios de esa zona usó la opinión que dio Desarrollo Urbano para decir que se les había autorizado el cambio de uso de suelo y no fue una autorización.
“Si hacen los pasos que dice el Programa de Desarrollo Urbano se puede lograr ese resultado, pero no me acuerdo qué es lo que se dice que pueden hacer y si estaba en el programa”, indicó el ex funcionario.
Externó que quizá no se podría hacer todo lo que pedían los desarrolladores, pero sí una parte de lo que permite el programa.
Cabe indicar que ha revivido el tema de este proyecto y aunque se sabe que desde diciembre pasado los inversionistas están buscando la autorización del cambio de uso de suelo que es de C-4 a TH12.
Y la semana pasada los inversionistas ingresaron su proyecto al Implan y se indicó que en un plazo de 10 días darán a conocer una opinión técnica, pero esto no significaba que lo puedan aprobar.
En este sentido el director de Desarrollo Urbano, Roberto Quiroz indicó que esperan que el Implan dictamine si procede o no procede, por lo que nos tienen que pasar una respuesta y “nosotros lo sometemos al comité de desarrollo urbano y vemos si procede o no y se sube a cabildo y ellos determinarán si procede o no”.
Dijo que el proyecto se debe revisar a fondo ya que no es un proyecto fácil de digerir porque causó mucho revuelo y “en realidad no es tan malo el proyecto y en un momento se pensó que se iba a invadir a la playa y en realidad el desarrollo se hace en otro lado y en los predios que están a lado de playa Delfines, por lo que pasará como en otras playas”.
Playa Delfines seguirá siendo una playa pública y una vez que se tengan todos los elementos y se suba a la Comisión de Desarrollo Urbano y ahí se determinará si se sube al cabildo.
No hubo consulta pública
Tanto Jaime Novelo como el actual presidente del Colegio de Contadores Públicos, Eduardo Dumani, consideraron que la omisión más grave de esta ley fue no haberla consultado antes de su aprobación. “No hubo una consulta pública, ni tampoco se consultó a los colegios de profesionistas, pese a que el 70 por ciento de las unidades habitacionales en Benito Juárez son propiedad en condominio”, mencionó Novelo.
Así como ésta, los panelistas mencionaron varias leyes que se aprueban sin consenso; inmediatamente se publican y se convierten en decreto sin que, incluso, los agentes de los Ministerios Públicos las conozcan y puedan aplicarlas. Entre las menciones están los juicios orales en procesos judiciales, los divorcios ante notarios y la iniciativa federal -que todavía no entra en vigor- para que las colegiaturas en colegios particulares, hasta el nivel medio superior, sean deducibles de impuestos.
“Los legisladores no hacen consultas para diseñar las leyes; se publican y sin un periodo adecuado al otro día entran en vigor y, por eso, se violan, porque se desconocen”, señaló Caballero.
La conclusión del panel, en el que también participó el ex secretario estatal de Finanzas, contador público Manuel Vargas, fue que el control previo de las leyes es un problema de orden político, más que jurídico.
“La justicia primero se debe de dar en el Poder Legislativo, porque el Poder Judicial entra cuando ya se deben de aplicar las leyes que los congresos aprueban”. (Fuente: El Periódico)