Se “pierden” expedientes por inundación en Subprocuraduría

Posted on marzo 06, 2011, 11:55 pm
15 mins

CANCÚN, MX.- Muy “conveniente” resultó la inundación que se registró la mañana del sábado en la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte, pues ahora se dan por perdidos, expedientes importantes como los del caso de Bernardo González Castillo (a) “El Memín” y el de las tres mujeres policías que eran sus cómplices, entre otros.

Se perdió narcolista de policías

CANCÚN, MX.- La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) mantiene en investigación a cuando menos una veintena de agentes de la Policía Judicial del Estado de la Zona Norte, por una “guerra” que se ha desatado de acusaciones de los mismos agentes, quienes se dice, tienen nexos con el crimen organizado.
Curiosamente, con la lluvia que se dejó caer este fin de semana, se mojó una narcolista con 200 nombres y claves de policías judiciales y municipales, relacionados con los presuntos delincuentes que operan en este destino turístico.
Hace menos de 15 días se hizo una rotación de agentes judiciales, presuntamente relacionados con el crimen organizado, los cuales fueron desplazados a los municipios de Playa del Carmen, Carrillo Puerto y Chetumal, de donde trajeron al comandante Humberto Molina, quien se encontraba en la plaza de Solidaridad, el cual fue “removido” a la Zona Hotelera, donde el crimen organizado ha sentado sus bases.
En tanto, comandantes de robos, aprehensiones, recuperación de vehículos e investigaciones especiales, son señalados por el mismo personal de tropa de estar coludido con el crimen organizado, por eso han solicitado que sus generales queden guardado bajo el anonimato, pues es voz populi que también son solapados por los altos funcionarios de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado.
Temen a federales
Con el arribo de 200 agentes federales que llegaron la madrugada de ayer, decenas de agentes de la Policía Judicial del Estado temen a ser “levantados” por los federales que trabajan de manera coordinada con la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada.
Algunos policías de la Judicial del Estado (PJE) asignados al área de antisecuestros, así como uniformados del grupo de Fuerza de Reacción y Acción Inmediata (FRAI), y otros de la Zona Hotelera y grupos de robo, aparecieron en una narcolista que estaba en poder de tres mujeres policías detenidas este año.
Sin embargo, las evidencias que no fueron entregadas a la SIEDO, curiosamente se perdieron con la inundación del sábado pasado que afectó las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado.
Las ex mujeres policías identificadas como Beatriz Adriana Ambrosio Carrasco, (a) “La Bety”, María Lourdes Pérez Velázquez y Guadalupe García Pérez, quienes estaban en el interior de una “narcoguarida” en la colonia Lombardo Toledano, le advirtieron a los judiciales que si las consignaban por delincuencia organizada, iban a dar nombres y apellidos de judiciales que les brindaban protección al grupo delictivo de “El Memín”, a quien silenciaron en un “enfrentamiento”.
Cabe recordar que el en el período que abarca del 1 al 15 de noviembre del 2009, el fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) obtuvo auto de formal prisión contra 56 personas, presuntos integrantes de diferentes organizaciones criminales que operan en Cancún, por la comisión de delitos relacionados con la delincuencia organizada en donde aparecen ex agentes del Ministerio Público del Fuero Común y ex policías judiciales que estando en función le brindaban protección al crimen organizado.
Sólo basta recordar que el juez primero de distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, en la causa penal 502/2009, dictó auto de formal prisión contra Juan Daniel Carranco Salazar, (a) “El Colosio”; Silvia Zulema Hernández Contreras y/o Mariana Iveth Rincón Aguilar y/o Yessenia Nohemi Muñoz Razo, y Yonis Reyes López y/o Jonhy Reyes López, agente de la Policía Judicial de Cancún, al considerarlos probables responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza y de posesión de cannabis sativa L., y clorhidrato de cocaína; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Además, para el primero de los mencionados, por el delito de cohecho.
Los procesados fueron detenidos el pasado 8 de agosto en Cancún, como parte de la investigación que integró el fiscal de la federación, se logró establecer que Juan Daniel Carrasco Salazar, (a) “El Colosio”, presumiblemente, desempeñaba las funciones de dirección, administración y supervisión como integrante del Cártel del Golfo o Los Zetas, en sus operaciones en Quintana Roo.
En este año, cuando se detuvo a las mujeres policías en breve entrevista, el procurador Francisco Alor Quezada confirmó el aseguramiento de una narcolista, de 200 policías al servicio de Los Zetas.
Detalló que la detección de la lista se dio gracias a la captura de tres secuestradores en la colonia Valle Verde, y ello permitió el aseguramiento de una lista de policías municipales y judiciales que recibían dinero del narcotráfico.
Dijo que uno de los detenidos, de nombre Ismael Díaz Alor, de 27 años, apodado “El Negro”, resultó ser el auxiliar contable de la organización criminal y en el vehículo que conducía, tenía una lista con una gran cantidad de nombres y diversas cantidades de pago.
Pago en efectivo
En su momento, Alor Quezada mencionó: “Lo que hemos revisado del expediente habla alrededor de 200 nombres de policías en funciones, que recibían cantidades de tres mil, cinco mil, siete mil, 10 mil y 30 mil pesos, y obviamente aquí hay algo interesante, que esta lista viene diseñada”.
Algunos judiciales de la ciudad han sido silenciados por su presunta relación al crimen organizado. De policía judicial del estado (PJE) de Cancún a miembro del crimen organizado, ejecutado y descuartizado, en Cuautla, Morelos, así acabó Juan Diego Pool, (a) “El Dieguito”, tío de un exjudicial que aquí fue detenido por el asalto a la joyería Lapis, de un hotel de la Zona Hotelera en el 2003.
Tío y sobrino, originarios de Tekax, estuvieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado y ambos pasaron de representantes de la ley a delincuentes en potencia.
Los ex judiciales formaban parte del polémico y agresivo “Grupo de los 8”, que comandó Ricardo Marín Carrillo, que fue director de la PJE, y muy cercano colaborador del exgobernador, Mario Villanueva Madrid
Recientemente, fue ejecutado de siete impactos de bala calibre .223 para arma AR-15, un elemento de la Policía Judicial del Estado (PJE) en activo, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte.
El judicial fue alcanzado por un comando armado cuando se encontraba cargando combustible en una gasolinería de la supermanzana 58, a bordo de un vehículo tipo Tsuru, acompañado de un médico legista que resultó lesionado. (Fuente: diario Quequi)

Evidencias como teléfonos celulares, fichas de depósitos y las “narcolistas” con nombres de policías municipales y judiciales, también se “perdieron” al mojarse.
Desde las ocho de la mañana del sábado, empleados que acudieron a cubrir su turno incluyendo policías judiciales, se encontraron con la sorpresa de que las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte se encontraban inundadas.
Entre todos se dieron a la tarea de escurrir el área y tratar de salvar el equipo de cómputo en las oficinas de ministerios públicos y otras direcciones.
Hasta ayer, se podían observar restos de agua en algunas áreas de la subprocuraduría de justicia, pero lo grave de este asunto, es que muchos de los expedientes que están en el suelo, se mojaron.
“Se pierden” expedientes y evidencias
En el área de archivo de expedientes, se pudo observar que además de los anaqueles metálicos, algunos expedientes se encuentran en el suelo, y nadie de esta área acudió ayer a verificar qué tanto daño causó la inundación que se produjo por la lluvia.
La oficina del coordinador de ministerios públicos tampoco se libró de la inundación y aquí, se encontraban expedientes sumamente importantes como los del caso de Bernardo González Castillo (a) “El Memín” y el de las mujeres policías que eran sus cómplices.
Además, en dicha oficina había evidencias que fueron encontradas en las casas de seguridad de “El Memín”, tales como teléfonos celulares, fichas de depósito que constaban los pagos a policías municipales y judiciales que están ligados a la delincuencia organizada y las famosas “narcolistas” que fueron también encontradas y donde aparecían alrededor de 200 nombres de policías municipales y judiciales al servicio del crimen organizado.
Estas evidencias al parecer no fueron entregadas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) junto con la copia de los expedientes que se le entregaron cuando la dependencia federal intervino en estos casos.
Para el personal de la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte, esto simplemente se dio por “perdido” con la inundación, pues aseguran que todo eso se perdió al mojarse.
Aun se pueden observar las maletas que fueron sacadas de las casas de seguridad de “El Memín”, en donde se encontraron armas de grueso calibre y otros objetos sumamente importantes para las investigaciones.
Cuando la Policía Judicial del Estado (PJE) llevó a cabo las intervenciones en las casas de seguridad, todas las evidencias fueron entregadas al ministerio público y este a su vez debió entregarlas al juez correspondiente al consignar los expedientes.
Judiciales inconformes
Pero la intervención de la SIEDO no se limita a las investigaciones de los hechos violentos registrados recientemente, pues existe una pugna al interior de la policía judicial por los cambios que recientemente se dieron en la corporación.
Los elementos que fueron movidos a otros municipios, presuntamente están ligados a la delincuencia organizada y por ello fueron enviados a otros lugares fuera de Cancún.
Sin embargo, ellos señalan a elementos judiciales que se quedaron aquí, sobre todo a comandantes de grupos, de quienes aseguran, forman parte de la larga nómina del crimen organizado por brindarles protección.
Así, muchos están a la espera de que varios de los elementos de la corporación sean requeridos por las autoridades federales para ser investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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