Dice magistrada haber cumplido

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CHETUMAL, MX.- Al rendir el informe anual de labores 2010 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la magistrada presidenta Lizbeth Loy Song Encalada aseguró que pese a la insuficiencia de recursos humanos, económicos y de infraestructura la “misión fue cumplida y superada en aras de la justicia”.

Denuncian que por mal trabajo de MP fue liberado un asesino

CHETUMAL, MX.- Con desesperación y llanto los familiares de Epifanía del Rosario Suárez Rodríguez pidieron justicia por su asesinato al gobernador Félix González Canto.
Momentos antes de que la presidenta de del Tribunal Superior de Justicia, Lizbeth Loy Song Encalada, rindiera su informe de actividades de 2010, Edgar Suárez Rodríguez y María Magdalena Rodríguez, hermano y madre de Epifania del Rosario Suárez Rodríguez, se acercaron al gobernador para manifestar que la mala integración del expediente de consignación realizado por la Procuraduría General de Justicia ha provocado que una de las cómplices obtenga su libertad.
La semana pasada, en Pucté, Epifanía del Rosario Suárez Rodríguez fue ultimada de un escopetazo en la cabeza por su esposo César Barrera Candelero, quien supuestamente sostenía una relación sentimental con su cómplice Rufina Cardeña. Ambos fueron detenidos cuando intentaban huir.
La madre y el hermano de la occisa manifestaron que las irregularidades y omisiones con que el Ministerio Público de Pucté elaboró el expediente, permitió al juez liberar a la presunta amante del responsable del asesinato, con el sólo pago de una fianza de 10 mil pesos.
Lamentaron también que algunos comunicadores emitieran información sin fundamento como el que la fallecida tuviera un “amante” o que ingiriera bebidas alcohólicas, ya que toda la familia es católica. Reprobaron también algunas fotos que se publicaron, que consideraron morbosas.
Dicha información daña a sus familiares, particularmente a sus hijos: Carolina Miroslava de 16 años, María Magdalena de 14, Alejandra Nefertiti de 10 y al pequeño César Farid, de dos años. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)

Destacó que el crecimiento del Poder Judicial es “palpable y notorio” en el área de informática, mediante procesos estandarizados para el control y seguimiento del expediente, a través de la digitalización del mismo en una base de datos centralizada.
En los juzgados civil familiar y penal, se radicaron 26 mil 125 juicios. De este total 14 mil 211 casos en materia civil, 6 mil 819 a la familiar y 5 mil 95 en materia penal.
En el tema penal, el robo representó el mayor número de casos con mil 74 causas, seguido del delito de lesiones con 757, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar con 520 y por fraude 226 juicios.
La Contraloría del Poder Judicial coordinó la recepción de 335 declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
En lo que se refiere a quejas administrativas se recibieron un total de 28, de las cuales, 19 se archivaron por diversas causas, mientras que siete se declararon improcedentes y sólo dos procedentes.
En la causa de justicia para adolescentes se radicaron 263 expedientes, 120 adolescentes fueron puestos a disposición, 98 fueron sujetos a proceso y a 65 se les dictó resolución definitiva.
Por lo que respecta a la actividad de Justicia Alternativa, en Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, se radicaron 4 mil 926 asuntos, de estos, 2 mil 194 fueron conciliados, y mil 484 fueron diferidos.
En auxilio de la Justicia para Adolescentes, se remitieron al Centro de Justicia Alternativa 116 asuntos, procedentes de los Juzgados para Adolescentes de Chetumal y Cancún, así como del Ministerio Público adscrito a estos juzgados.
El Instituto de la Defensoría Pública atendió un total de 2 mil 374 personas. Se tuvo a cargo la defensa legal en 319 juicios en materia civil y familiar, así como ocho mil 226 asuntos en el ramo penal.
De acuerdo a lo expuesto por la presidenta del Poder Judicial, en el 2010 se ejerció un presupuesto de 284 millones de pesos.
Del total de este recurso, casi el 85% se destinó a la nómina es decir, 239 millones 577 mil pesos. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)

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