CANCÚN, MX.- Los notarios están obligados a denunciar ante la Secretaría de Gobierno cualquier intento de operaciones ilegales, tales como las compraventas producto de secuestro o extorsiones, según lo previene la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, aunque no señala específicamente el delito en cuestión, pero debe reportarlo aún cuando se niegue a notariar el acto solicitado.
CANCÚN, MX.- No hay fuga de información de los notarios hacia los secuestradores o extorsionadores y tampoco tenemos reportes de algún caso de operaciones ilícitas, declaró en su momento Carmen Nicolás Ramírez, presidenta del Consejo de Notarios de Quintana Roo, pero en días pasados salió a relucir una denuncia que data desde el 2008, según obra en los archivos periodísticos de este rotativo.
El cinco de noviembre de 2009, en entrevista realizada Nicolás Ramírez, negó tajantemente que exista alguna relación de algún notario del estado con secuestradores o extorsionadores, en vista de que se comenzaba a surgir en el país titulaciones de propiedades a favor de delincuentes.
“Nosotros no tenemos ningún conocimiento, en el Consejo no ha llegado nada, no hay fuga de información”, sostuvo la notaria, en el marco del XXIX Congreso Nacional del Notariado Mexicano, con relación a los casos de víctimas de secuestro o de extorsión para que escrituren su propiedad a favor del crimen organizado.
Incluso respondió que “no es verdad” que los notarios estén proporcionando información confidencial a los secuestradores o extorsionadores.
Además dijo que en caso de que existiera algún caso en el estado, ya hubiera salido a relucir en el seno del Consejo de Notarios de Quintana Roo.
“Si fuera ya algo preciso, ya tuviéramos nosotros en nuestro Consejo algún dato preciso, pero hasta ahorita no hay nada; nosotros no tenemos conocimiento de esto, de verdad, no hay ningún dato, ninguna información concreta que tengamos”, aseguró en ese entonces.
Y en caso de haber algún caso comentó que “nosotros no somos coadyuvantes, no somos ministerios públicos, no es eso (no estamos cerrados), simplemente no somos investigadores”, manifestó.
El miércoles pasado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo al presunto abogado de los “Zetas” Marco Antonio Gómez Rodríguez acusado de secuestro, narcotráfico, vínculos con la delincuencia organizada y relacionado con el trámite de cambios de propietarios en la notaría número 46 de Alma Lilia Luna Oliva, ubicada en Puerto Morelos, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDS/297/2008.
De hecho el entonces gobernador Félix González Canto, en la inauguración del XXIX Congreso Nacional del Notariado Mexicano, les recordó que “uno de los puntos que más se comentan y que son sin duda y será la base para que México pueda ser un mejor país es el respeto a la ley, el que no haya impunidad, y los notarios, ustedes son los garantes de que se respete la ley, de que no exista impunidad, son el principio de muchas cosas positivas en cuestión de las leyes, en cuestión de legalidad”.
Añadió que “tenemos que mejorar nuestra cultura de respeto a la ley, y lo que ustedes hacen precisamente contribuye a ello, el flanco más importante para ir mejorando y fortaleciendo las instituciones de nuestro país lo encabezan ustedes”.
Expuso que “por esa razón esta convención más que oportuna, (se da) en un momento crucial para el país, en un momento que se están dando situaciones muy complicadas y muy difíciles y que están inclusive teniendo un impacto internacional”.
En el mismo congreso, Heriberto Castillo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, anunció que la legislatura federal preparaba cinco iniciativas de ley para frenar el lavado de dinero en las compraventas de propiedades y más control con la Unidad de Inteligencia Financiera.
Dijo en ese entonces que los notarios no pueden detectar a las personas coaccionadas por secuestradores.
Comentó que el notario no sabe el fondo o la intención de las personas al realizar una operación y tampoco puede saber de dónde proviene el dinero; sin embargo, señaló que con la nueva ley, que seguramente saldrá de las cinco iniciativas, la autoridad sí podrá investigar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
El miércoles pasado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo al presunto abogado de los “Zetas” Marco Antonio Gómez Rodríguez acusado de secuestro, narcotráfico, vínculos con la delincuencia organizada y relacionado con el trámite de cambios de propietarios en la notaría número 46 de Alma Lilia Luna Oliva, ubicada en Puerto Morelos.
La Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo en su Titulo Segundo sobre la Función del Notario Público, Capítulo Primero Contenido de su Función, en el Artículo 17 establece:
“Notario público es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos de ley a los instrumentos en que se forma en los términos de ley a los instrumentos en que consignen los actos y hechos jurídicos o en general negocios jurídicos y expedirá los testimonios, copias o certificaciones a los interesados conforme lo establezcan las leyes”.
Agrega: “El notario público fungirá como asesor de los comparecientes, y tiene el deber de explicarles el valor y las consecuencias legales del otorgamiento, salvo a los peritos en derecho”.
Y en el Título Segundo sobre la Función del Notario Público, Capítulo Segundo, sobre las Limitaciones y Facultades en el Ejercicio de la Función Notarial, el Artículo 20, establece que: “Queda prohibido a los notarios: II. Intervenir o autenticar actos o hechos: a) Cuyo contenido sea física o legalmente imposible; o cuyo fin sea contrario a la ley o a las buenas costumbres;”.
Además en el Artículo 21 indica que “El notario podrá excusarse de actuar: I. Por enfermedad y otra causa fortuita o de fuerza mayor. El primer supuesto deberá probarlo ante el director general de notarías con un certificado médico o de institución médica competente y, en el segundo y tercer caso deberá exponer la causa”.
Y “II. Si estima que su intervención pone en peligro su vida, su salud, sus intereses, o los de parientes a que se refiere el artículo anterior; debiendo hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Gobierno para los efectos legales conducentes;”.
Como se puede apreciar el notario es asesor de los comparecientes, explicarles las consecuencias legales y en caso de ser una operación relacionado con una actividad ilícita, como es el caso del secuestro y la extorsión, negarse a hacerlo y denunciarlo a las autoridades que rigen la actividad del notariado. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
Una red de notarios y abogados que trabajan para “Los Zetas” desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, conforman la estructura administrativa del crimen organizado en el sureste del país.
Esta red fue detectada desde el 2008 como una nueva modalidad de operatividad dentro del crimen organizado y la cual es sencilla: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que cedan sus bienes y propiedades.
Según los informes federales, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar -ante determinado notario- las facturas y escrituras correspondientes para hacer el trámite de cambio de propietario.
Los inmuebles deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima.
La ley al servicio del crimen organizado
El exceso de notarios en algunos estados y los casos que llevan en las grandes ciudades, donde se dificulta la verificación de datos, pueden ser factores que faciliten la comisión de ilícitos, advirtieron miembros del gremio.
Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, hay por lo menos siete casos confirmados de secuestro en los que las víctimas han entregado sus propiedades al crimen organizado a través de notarios públicos, en el sureste del país; uno de esos casos se registró en Cancún, Quintana Roo.
El 24 de octubre de 2008, un comando de “Los Zetas” secuestró en Cancún a una empresaria y por su liberación en un principio exigieron 3 millones de pesos, de los que 1.5 pagaron en efectivo y la otra mitad con una propiedad.
Para su hijo Bryant, el hecho cambió su vida para siempre, porque lo convirtió primero en rehén de un cártel de la droga y luego de la PGR; para su madre, este plagio significó una nueva modalidad de pago de rescate: la transferencia de propiedad de un bien inmueble, de su casa.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 refiere que el joven de 34 años acudió a la Procuraduría de Quintana Roo a denunciar el caso, sin saber que el fiscal que llevaría la investigación estaba presuntamente en contubernio con los sicarios llegados de Tamaulipas.
“El licenciado Marco Antonio Gómez es el abogado de ‘Los Zetas’, y fue quien nos exigió tres millones de pesos, la mitad en efectivo y la otra parte con una casa que tiene un valor equivalente para pagarle a ‘Los Zetas’ el favor de soltar a mi mamá”, contó al Ministerio Público la víctima.
La investigación
Los fiscales antidrogas y antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen en la mira a una veintena de abogados de despachos privados y notarios públicos del noreste del país, que presuntamente están al servicio del grupo delictivo de “Los Zetas”, que fue brazo armado del cártel del Golfo.
Los profesionistas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, realizan las negociaciones con los familiares de las víctimas de algún secuestro perpetrado por algún sicario de esa organización delictiva principalmente en el Estado de Tamaulipas.
Los notarios se encargan de protocolizar los bienes y las propiedades de los familiares de las víctimas de un plagio para escriturarlos a nombre de algún integrante de “Los Zetas”. Esa es la nueva modalidad en que se paga el rescate de alguna persona que fue secuestrada por sicarios de ese grupo criminal.
El procedimiento es el siguiente: un sujeto que se identifica como representante de “Los Zetas” fija el monto del rescate. Si la familia responde que no tiene dinero en efectivo para pagar, el negociador sugiere a los familiares de las víctimas que el pago se realice con algún inmueble de su propiedad. Si aceptan, se les indica que acudan ante un notario de determinado municipio para que se dé inicio a los trámites correspondientes para la cesión de derechos. Ha quedado demostrado que en la Notaría 46 de Puerto Morelos es una de ellas.
Según los informes, los inmuebles de los familiares de las víctimas de algún secuestro deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima, de acuerdo con las fuentes. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
