CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado de Quintana Roo se sumaría a las seis entidades federativas que ya aprobaron las reformas constitucionales federales en materia de Amparo y de Derechos Humanos, propuestas entre otros por el senador Pedro Joaquín Coldwell, las cuales ya fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y se encuentran en consulta a los Congresos locales de todo el país.
Y es que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Derechos Humanos, que presiden los diputados Eduardo Espinosa Abuxapqui, Patricia Sánchez Carrillo y José Alfredo Contreras Méndez; se reunieron durante este día para analizar la minuta proyecto de decreto que plantea reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tanto en materia de Amparo como de Derechos Humanos, y aprobaron el dictamen que sería sometido a consideración del pleno durante la sesión de este jueves.
Dentro de las reformas más importantes que se proponen en materia de Amparo destaca el hecho de que, por primera vez en la historia del país y atendiendo uno de los reclamos generales de la ciudadanía que ha visto vulnerada sus garantías individuales, la resolución de los amparos podría tener aplicación de carácter general y ya no únicamente tendría efectos para la persona que promovió ese recurso.
Sin embargo, para ello se establece en la propia Constitución federal la serie de procedimientos jurídicos que se deben realizar para lograr que los efectos de los amparos promovidos tengan aplicación de carácter general, mediante la “Declaratoria de Inconstitucionalidad” que en su caso debe emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez agotado el procedimiento.
Otro de los puntos importantes de la reforma se refiere al establecimiento de nuevos mecanismos para dar celeridad a los procesos y facultades para que la Corte separe del cargo y consigne a los funcionarios que no acaten las sentencias derivadas del amparo.
Se trata de una reforma integral al Juicio de Amparo, presentada en el Senado de la República, como Cámara de Origen; por los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murrillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, y René Arce Islas, del PRD; y que fueron aprobadas en el mes de marzo pasado en el Congreso de la Unión, y que deben ser aprobadas por el cincuenta más uno de los Estados para que sea ley aplicable.
Las reformas Constitucionales analizadas y dictaminadas en comisiones también plantean elevar a rango constitucional los Derechos Humanos que se encuentran establecidos a nivel internacional en los Tratados Internacionales de los cuales México forma parte.
Y es que los Derechos Humanos como tal no se encuentran textualmente especificados en la Carta Magna a pesar de que de manera implícita se encuentran contenidos en varios artículos de la Constitución dentro de la parte dogmática que establece las garantías individuales y que ahora serán llamadas de las personas.
También se establece la autonomía de los organismos públicos de Derechos Humanos en las entidades federativas, y se traslada la facultad de investigación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la CNDH; se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, al establecer que las autoridades tendrán la obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH, y quien no las acepte deberá fundar y motivar públicamente el porqué de su negativa; y en su caso podrán ser llamadas a comparecer ante el Senado o los Congresos locales, según se trate.
Además, se facultaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Cabe señalar que los Estados que ya aprobaron esas reformas son: Yucatán, Campeche, Veracruz, Colima, Nayarit y Tamaulipas. (Con información del Congreso de Quintana Roo)
