CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado se adhirió a la demanda de controversia constitucional que ya fue promovida por el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI; para invalidar los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 que excluyó de manera arbitraria a 191 comunidades de Quintana Roo, causando un agravio directo porque además de abonar a la marginación y la pobreza se reducirá drásticamente el monto de las participaciones federales que recibe el Estado.
Se trata de un punto de acuerdo presentado por el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, en su carácter de presidente de la Gran Comisión, que fue aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios que integran la XIII Legislatura, para defender los intereses legítimos de Quintana Roo, pues se demanda la invalidez del acto realizado por el INEGI correspondiente a la expedición de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, de fecha tres de marzo del año en curso, en donde ese instituto deja fuera de su conteo a casi 30 mil habitantes de la entidad.
Y es que de darse validez a lo realizado por el INEGI Quintana Roo se vería afectado considerablemente por la reducción de las participaciones y aportaciones federales que se destinan al Estado, pues se toma como base para la repartición de esos recursos el número de habitantes que registra cada entidad federativa.
“Los resultados del censo 2010 que el INEGI expidió este tres de marzo del 2011, en el cual deja de incluir a 191 comunidades de Quintana Roo, con un total de habitantes de 27,581, causan agravio a esta entidad federativa y a sus municipios en la reducción del monto en las aportaciones percibidas, con lo que impactan de manera directa en el índice de marginación y pobreza extrema, causando una afectación sustantiva en la asignación de recursos derivados del presupuesto anual de egresos de la federación”, explicó Espinosa Abuxapqui.
Dijo que lo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, constituye un acto de privación de los Derechos que la Ley de Coordinación Fiscal le otorga a esta entidad: “Es clara la violación toda vez que dicho acto fue emitido por una autoridad que carece de competencia constitucional para modificar la superficie territorial de las entidades federativas”, enfatizó.
Además, la actuación del INEGI carece de toda fundamentación y motivación porque el documento presentado por el INEGI no expresa las razones de derecho y los motivos considerados para su emisión, los cuales debieron ser reales, ciertos e investidos de la fuerza constitucional y legal suficiente para suprimir a Quintana Roo la porción de su territorio.
Detalló que el INEGI sólo tiene la facultad para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, pero no está facultado para alterar, modificar o suprimir superficie territorial alguna como está ocurriendo.
En otro orden de ideas el Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, del Estado de Quintana Roo, que plantea se ajuste más a los Derechos Humanos; la cual fue turnada a las comisiones de Puntos legislativos y Técnica Parlamentaria, Justicia, y de Equidad y Género; para su análisis y posterior dictamen. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
