CANCÚN, MX.- A cien metros al sur de la zona arqueológica de El Meco, en Puerto Juárez, manos criminales derribaron árboles centenarios de distintas especies nativas, además de decenas de mangles y cientos de palmas chit, lo que se constituye en delito ambiental por ser especies amenazadas, según la Norma Oficial Mexicana NOM 059. Peor aún, la devastación dejó al descubierto lo que es con seguridad el basamento de una gran pirámide sobre una superficie de casi 400 metros cuadrados, donde presumiblemente se planea edificar.
Se puede apreciar, según las marcas con pintura roja, que ese ecocidio forma parte de trabajos previos de desmonte para dar origen a alguna construcción. El predio, según se informa, pertenece supuestamente a Jesús Alberto López Escamilla y forma parte del polígono de la “Zona de Monumentos Arqueológicos”, según Declaratoria Presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de noviembre del 2000″, de acuerdo al plano en poder de este diario.
Inexplicablemente, ni las autoridades federales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pudieron evitar ese ecocidio en una zona altamente restringida. Y es que en el artículo cuarto de la Declaratoria se establece que:
“En la Zona de Monumentos Arqueológicos materia de este Decreto, las construcciones, ampliaciones y en general cualquier obra, permanente o provisional, se sujetarán a lo dispuesto en los artículo 42 y 43 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
Es decir, en cuanto a la cuestión arqueológica e histórica, no se podrá realizar ninguna obra dentro del polígono de la “Zona de Monumentos Arqueológicos”, cuyo plano en poder de este diario sitúa a ese predio dentro de sus límites, sin el previo permiso del INAH.
HAY NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES AMBIENTALES
En el tema ecológico, el dueño del predio con aproximadamente 100 metros de frente y con casi 200 de fondo, debió haber contado con permiso de la Semarnat, de lo contrario habría intervenido la Profepa; en tanto que, la recién creada Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado y la dirección de Ecología Municipal debieron haber reportado el hecho, pues no sólo se trata de grandes árboles nativos, como el Chacá y Chechén, entre otros, sino de especies protegidas por la NOM-059, como la palma chit y el mangle, lo que se constituye en presunto delito ambiental del orden federal.
Al respecto, el ecologista José Zaldivar Pérez asegura que esa devastación en un predio ubicado a la vista de todo mundo, “no pudo hacerse sin los permisos de la autoridad de alguno o algunos de los tres niveles de gobierno, aunque fueran ilegales, pues no se puede ocultar un trabajo de devastación como se hizo. El ecocidio deja entrever un posible acto de corrupción que deberá ser investigado”.
“Sabemos -puntualiza- que la Dirección de Ecología, a cargo de Graciela Saldaña Freyre, no permite ni que se pode un árbol que estorbe en algún domicilio, luego entonces dudamos de que pudiera estar ajena a este ecocidio, dada su magnitud y mucho menos en una avenida tan transitada como es la carretera Puerto Juárez-Punta Sam”, aunque aclara Zaldivar Pérez que, si bien no corresponde a su municipio, el hecho se da casi en los límites de Benito Juárez, por lo que se debió haberlo reportado.
Cabe explicar que el Decreto Presidencial es muy claro en su Artículo Quinto, donde establece que: “Las autoridades federales, estatales y municipales, así como la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, en los términos del Acuerdo Presidencial que la crea, y los particulares, podrán apoyar y auxiliar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en cumplimiento de lo previsto en este Decreto y harán del conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación que ponga en peligro la zona de monumentos arqueológicos a que se refiere este decreto”.
Es decir, se aprecia cierta negligencia de las autoridades para apoyar al INAH, pues no es posible que nadie se haya enterado. Y es que, efectivamente, el predio en cuestión se ubica a sólo 100 metros de la zona de monumentos arqueológicos de El Meco y sólo los separa un predio, presunta propiedad del doctor Esquiliano, ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, durante el gobierno municipal del ex presidente Mario Villanueva Madrid.
Cabe informar que el Decreto que crea la “Zona de Monumentos Arqueológicos” conocida como El Meco, fue expedido por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y entró en vigor el 9 de noviembre del 2000. Establece que se encuentra en el municipio de Isla Mujeres y cuenta con una superficie de 16 hectáreas, 39 áreas y 46 centiáreas. Constituye un asentamiento maya que tuvo su origen desde el periodo Clásico Temprano (300 a 600 años después de Cristo, alcanzando su mayor desarrollo en el Postclásico Tardío (1200-1521) con una participación preponderante dentro de la red marítima comercial que involucraba a los asentamientos costeros distribuidos a lo largo de la Península de Yucatán. (Fuente: diario Quequi)
