CANCÚN, MX.- Ni la Secretaría Municipal de Seguridad Pública ni la Procuraduría General de la República (PGR), confirmaron cuántos de los seis “narco juniors” detenidos en la Supermanzana 525, fueron puestos finalmente a disposición del Ministerio Público Federal.
CANCÚN, MX.- La detención este fin de semana de la hija del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), se ha vuelto una “bomba de tiempo”, pues de un asunto meramente policiaco, ha derivado en un tema político-gubernamental que amenaza con incendiar al máximo órgano electoral del estado, si se le comprueban los cargos a la acusada, Fernanda García Alto Aguirre.
El problema se complica porque los seis narcojúniors detenidos en una casa del fraccionamiento Santa Fe Plus, por policías municipales y militares, resultaron ser unas “fichitas” con antecedentes penales en la Procuraduría de Justicia del Estado desde el 2002, por robo y clonación de tarjetas, además de que eran investigados por diferentes delitos, entre ellos el secuestro.
Según los registros policiacos, Fernanda García fue detenida hace tres años en la Zona Continental de Isla Mujeres, pero su parentesco con el magistrado Francisco Javier García Rosado, la salvó y fue dejada en libertad porque la droga que se le aseguró en ese entonces, argumentó, era para su consumo personal.
Así mismo, los líderes de la banda, los hermanos Cristian y Miguel Sosa Barragán, se cambiaban de nombre para no ser identificados por la autoridad ministerial, toda vez que al primero de los mencionados, lo detuvo la PJE en la Zona Hotelera en el 2006 donde le aseguraron dos kilos de cocaína que llevaba oculto en la guantera y bolsa de aire de su vehículo.
Mientras que Miguel Sosa, junto con sus hermanos Enrique y Cristian fueron detenidos en el 2002 por policías municipales en la Plaza Kukulcán de la Zona Hotelera, con más de 300 tarjetas de crédito clonadas, por lo que estuvieron procesados en el Juzgado Primero de lo Penal.
Incluso Cristian Sosa, con domicilio en Villas Paraíso número 6, logró escapar en Venecia, cuando las autoridades italianas lograron detener a su hermano Enrique con dos kilos de cocaína, por lo que estuvo en prisión dos años.
Al momento, los narcojúniors permanecen a disposición del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la PGR, donde hoy les definirá su situación jurídica, cuando se venza su término constitucional de 48 horas.
Lo cierto es que el tema dividió a la clase política de Quintana Roo.
Al respecto, el gobernador Roberto Borge Angulo, dijo que según los reportes enviados, la hija del magistrado había ido a buscar a una amiga a su casa y lamentablemente, coincidió con tales hechos.
“El reporte que tengo es que fue a buscar a una amiga al lugar. Sí tenía documentación de su papá, pero la investigación preliminar arroja que la muchacha no está involucrada en delitos y no salió positiva en el examen hecho de ingestión de narcóticos… los que al parecer sí están involucrados en clonación de tarjetas, robo de autos y portación de droga, son los otros detenidos”, aseguró.
Por su parte, el ex dirigente de la Coparmex, Mahmud Schnaid Novelo, expuso que el caso debe aclararse a la brevedad posible pero con base a la ley.
“Cualquier persona que cometa un delito debe estar sujeta al escrutinio de la autoridad sin importar el cargo que desempeñe o le cobije”, afirmó.
También el legislador del Partido Verde, José de la Peña Segura, consideró delicado el tema y recomendó que la autoridad correspondiente deslinde responsabilidades o aclare la situación.
“Es un tema complicado y sería aventurado emitir alguna aseveración infundada, dejo en las autoridades la labor de emitir la responsabilidad correspondiente”, precisó.
Sin embargo, el dirigente del PAN, Sergio Bolio Rosado, consideró graves los acontecimientos porque es otra muestra de que en Quintana Roo la delincuencia ha absorbido a los jóvenes sin importar condición social y exigió se investigue “porque sería lamentable que la ley no se aplique como tal y se favorezca a alguien”.
Finalmente el ex diputado perredista Rafael Esquivel Lemus, reiteró que estos tipos de hechos son lamentables, pues se trata de jóvenes; sin embargol exigió la aplicación imparcial de la ley para evitar que se utilice la prescripción del delito para evadirle. “Debe haber una sanción administrativa para corregir la disfuncionalidad pues sería reprobable que se asuma el proteccionismo”, sentenció.
A las opiniones se sumaron los regidores del PRD y PT en el Cabildo de Othón P. Blanco, Alejandro Castillo Aguilar y Rivelino Valdivia Villaseca, quienes coincidieron que siendo un problema federal al haberse encontrado drogas y armas, será en su debido momento que las autoridades determinen la situación jurídica y poder fincar responsabilidades. (Fuente: diario Quequi)
En Seguridad Pública, fue el mismo personal quien aseguró que las tres jovencitas entre las que se encuentra Fernanda García Altolaguirre, habían sido liberadas ante la presión ejercida por el padre de ésta, el magistrado Francisco Javier García Rosado.
Incluso, señalaron que fue el propio secretario de Seguridad Pública Armando Alvarez Morales, quien rescató a García Altolaguirre a petición del padre.
En tanto, la casa donde fueron detenidos los seis jóvenes, se encuentra custodiada por la policía municipal, pero sin sellos de aseguramiento.
En todo un “misterio” se convirtió la puesta a disposición del ministerio público del fuero federal, de los seis jóvenes detenidos en la Supermanzana 525 la mañana del sábado.
Y es que por la noche del mismo día, trascendió el hecho de que Fernanda García Altolaguirre, Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn; habían sido liberadas en el área jurídica de Seguridad Pública y que sólo habían sido puestos a disposición de la PGR Mauricio Canto Miró y los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán.
El personal de Seguridad Pública que se encontraba en el área de barandilla, aseguran que los abogados del magistrado del Tribunal Electoral del estado Francisco Javier García Rosado, hicieron presencia en el lugar, para rescatar a Fernanda García Altolaguirre, quien se identificó como hija del magistrado.
Incluso, señalaron que fue el propio secretario municipal de Seguridad Pública Armando Alvarez Morales, quien fue al rescate de la “hija incómoda” del magistrado, evitando así que ésta y sus dos amigas fueran puestas a disposición del Ministerio Público Federal.
Sin embargo, esto no fue confirmado ayer por ninguna autoridad, pues por ser domingo simplemente los funcionarios “brillan por su ausencia”.
En Seguridad Pública, nadie pudo explicar quiénes y cuántos fueron finalmente los detenidos que fueron llevados a la PGR para quedar a disposición de la PGR.
En la dependencia federal, el único supuesto “enlace” que existe con los medios de comunicación es la vocera Brenda Romina Martínez Sánchez, quien a pesar de que se intentó en varias ocasiones entablar comunicación con ella para obtener información, simplemente se limitó a decir que estaba fuera de la ciudad y después, simplemente no contestó.
Lo cierto es que cuando los seis jóvenes detenidos fueron llevados a Seguridad Pública y tras ser presentados a los medios de comunicación, comenzó el “nerviosismo” entre el personal de la corporación, pues al parecer todo indicaba que efectivamente, Fernanda García Altolaguirre era hija del magistrado Francisco Javier García Rosado y eso puso a temblar a muchos.
Parecía que lo único que importaba era ver cómo dejaban fuera a García Altolaguirre para que no pisara los separos de la PGR, sin importar que hubiera sido detenida con otros jóvenes en posesión de drogas, cartuchos de diferentes calibres y una pistola calibre .38 súper.
En tanto, la casa ubicada en la Supermanzana 525, manzana 12, lote 40, en donde se llevó a cabo la detención de los seis jóvenes, permanece bajo custodia de elementos de la policía municipal, aunque sin sellos de la PGR que indiquen que ha sido asegurada.
Ahí permanecen el vehículo tipo Lupo color rojo y la motocicleta, propiedad de los detenidos, aunque el automóvil de lujo BMW que conducía Nicolette Osorio Bonn, ya no se encontraba estacionado frente a la casa como el día de la detención.
Se espera que el día de hoy, las autoridades finalmente den a conocer cómo se manejó finalmente la puesta a disposición de los seis jóvenes y si fue cierto o no, que las tres mujeres fueron beneficiadas con la impunidad que puede dar un apellido y un puesto de alto nivel en el gobierno. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
Que la justicia se aplique como debe ser, sin distingos, que no haya ninguna dispensa ni se politice a favor ni en contra, señaló ayer Emiliano Ramos Hernández, presidente estatal del PRD, en el caso de la hija del magistrado del Tribunal Electoral del Estado, detenida por la Dirección de Seguridad Pública pero después liberada sin mayor problema.
Que la justicia de aplique como debe ser, que resuelva conforme establece la ley, que no haya ninguna dispensa o trato distinto al que de deba hacer en estos casos, señaló en entrevista.
Como se recordará anteayer fue detenida Fernanda García Altolaguirre (hija del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo) en compañía de tres jóvenes narcotraficantes en una casa del fraccionamiento Santa Fe Plus, pero ella y sus dos amigas fueron liberadas por presiones del funcionario.
En caso de que fuera cierto que fue liberada antes de ser remitida al Ministerio Público Federal, “esperamos que haya sigo apegada a derecho y que no haya sigo una llamada de arriba para pedir la intervención a favor de un familiar”, comentó.
De entrada consideró grave que quien es el encargado de impartir justicia electoral tenga un familiar envuelto en este tipo de ilícitos o en estos escándalos porque “afecta la honorabilidad del magistrado”, expuso.
Ramos Hernández reiteró que en este caso debió aplicarse la ley tal y como es, comentó que se espera que no se arme mal la averiguación previa y no sea liberada sin previa investigación, que fue lo que finalmente ocurrió.
“La aplicación de la justicia no se debe politizar ni a favor ni en contra de nadie, en este caso no vamos a pedir otra cosa más que la aplicación estricta de la ley como en este caso, porque nadie por su parentesco debe ser motivo de privilegios”, dijo.
Manifestó que es lamentable que familiares del magistrado estén involucrados con la delincuencia, y lo que se espera es que se investigue el caso sin distingos ni justificaciones de ninguna clase.
Posiblemente pudiera haber una presión a favor de ella, y por eso se debe aplicar la justicia sin distingos, tampoco se debe aplicar un castigo mayor al que establece la ley, reiteró.
En una de las fotografías tomadas aparece la hija del magistrado sentada en una silla en el interior del domicilio donde fueron incautados siete paquetes de marihuana con siete gramos cada una, una bolsa con 200 gramos de marihuana, una bolsa con 20 gramos de cocaína, una báscula digital, 18 cartuchos útiles calibre .22 milímetros, una pistola escuadra calibre .38 Súper abastecida con cuatro cartuchos, dos cargadores vacíos, etcétera. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)