PLAYA DEL CARMEN, MX.- La negligencia criminal de la empresa propietaria del hotel Grand Riviera Princess, que provocó la explosión del domingo 14 de noviembre de 2010, ocasionando la muerte de siete personas y lesiones en otras 20, podría quedar en la impunidad y dejar en la indefensión a los trabajadores heridos, algunos imposibilitados para laborar de por vida, ya que por la protección que le brindó la PGJE con la integración “ligth” de la averiguación previa, el juez Primero de lo Penal negó las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de los siete responsables y su fiscal no apeló la resolución, por lo que prácticamente es un hecho consumado, y por esa razón, los afectados recurrirán a la CNDH en busca de justicia.
Durante una visita realizada a esta ciudad, el miércoles 23 de febrero, el entonces procurador general de Justicia del Estado (PGJE) Francisco Alor Quesada, informó que el expediente de 6 mil hojas en enero se había consignado al juez Primero de lo Penal, solicitando órdenes de aprehensión en contra de siete personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños. Las órdenes de captura fueron solicitadas en contra del personal del hotel Grand Riviera Princess, funcionarios en ese entonces del ayuntamiento y ex funcionarios, porque el hotel se comenzó a construir en la administración 2005-2008.
Durante su visita a las oficinas de este diario, los afectados dijeron que el viernes visitaron los juzgados penales y les mencionaron que negaron la orden de aprehensión y que el fiscal Julio Abraham Palma no interpuso el recurso de apelación, porque les mencionó que para él no era necesario y se conformó con la resolución del juez Primero de lo Penal, que los empleados que resultaron lesionados no tuvieran indemnización por sus lesiones y que los culpables de la muerte de varias personas que se hospedaban quedaran en la cárcel.
Carlos Ernesto Vallejo Cal, de 21 años de edad, Jesús Baltazar Mas, de 33 años de Yucatán y Verónica Agustina López Moreno, de 39 años de edad, quienes trabajaban en el hotel el pasado 14 de noviembre en el área de bares y operación de cuartos, que resultaron seriamente lesionados por la explosión que se suscitó la mañana de aquel domingo, mencionan que quedaron desamparados después de la resolución que dio el juez Primero de lo Penal hace 15 días en la que negó la orden de aprehensión en contra de las personas responsables de la explosión y la negativa a una indemnización por sus lesiones.
Y es que por parte de Carlos Ernesto Vallejo Cal, de 21 años de edad, quien se desempeñaba como operador de cuartos, sufrió fractura de pómulos y de tabique nasal, además de fractura de ambas tibias, así como de fémur y peroné, por lo que aún no está en condiciones para trabajar, en el caso de Jesús Baltazar Mas, de 33 años de edad, sus lesiones fueron fractura de tobillo, fractura de rodilla izquierda, desprendimiento de dos ligamentos de la rodilla, lesión del nervio ciático, desprendimiento de retina embudo del ojo izquierdo, que le ha ocasionado la pérdida de la vista poco a poco.
En el caso de la señora Verónica Agustina López Moreno, de 39 años de edad, tiene lesiones en la columna, fractura en el esternón, fisura de cráneo y pérdida de visión e inflamación constante del aparato digestivo por los fuertes golpes que recibió al momento de la explosión.
No han recibido ningún apoyo de la CROC, y los empleados de recursos humanos del hotel se lavan las manos y dejaron que el IMSS sea quien responsa por las lesiones que tienen y es que no es justo ya que ellos quedaron mal de salud y no sean indemnizados. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
