CANCÚN, MX.- En lo que va de este ejercicio fiscal, únicamente se ha ejercido el 20.9% de los recursos asignados a los estados, con lo que se ha afectado la aplicación de programas de apoyo a empresas, asistencia social, educativas y del sector salud, así como acciones relacionadas con obras de infraestructura urbana, reveló un estudio del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey.
De acuerdo con un amplio reporte del periódico Novedades de Quintana Roo, el compendio refiere que en las 32 entidades y el Distrito Federal hay lentitud en la aplicación del presupuesto de la administración central y en el caso concreto de Quintana Roo no se tiene un informe del por qué no han cumplido en tiempo y forma la ejecución de los recursos, pero la coordinación con las autoridades locales pueden influir en liberar con agilidad el recurso.
En esta jurisdicción hay más de 50 dependencias federales que dan seguimiento a las acciones y programas del gobierno central, y según explicó el delegado de la Secretaría de Economía (SE), José Julio Aranda Manzanero, pueden haber diversos factores por los cuales se aplace la ejecución del presupuesto, entre ellos la integración de los expedientes o trámites administrativos.
“Cada delegación tiene sus propios procedimientos para llevar a cabo sus programas, de modo que no hay un motivo específico por el que se retrase la operación y desconozco el estudio emitido por el CIEN, que refiere esos atrasos”, expresó el funcionario.
Por su parte, Sixto González Contreras, jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo que aún cuando ellos han cumplido en tiempo y forma con las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal, el hecho de que las autoridades estatales o municipales incumplan con la integración de los expedientes de un determinado programa u obra los obstaculiza.
Comentó que por ello se ha dado el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclame los recursos y se destinen a otras entidades del país que sí tienen las condiciones para ejercer esos programas, de tal suerte que este recurso financiero prácticamente se pierde.
Asimismo, refirió que puede ser que los problemas administrativos de las dependencias federales puedan también influir en llevar a cabo los programas, pero eso depende de la forma en que opera cada una de ellas, “la Sedesol hasta el momento no presenta problemas en sus acciones sociales y de infraestructura, estamos cumpliendo conforme lo marca el calendario”, indicó.
Bajo esas consideraciones, ambos funcionarios coincidieron en que la colaboración que debe haber con el estado y el municipio es pieza clave para la aplicación de los recursos federales, lo cual se pone de manifiesto en el diagnóstico del CIEN, donde se cita la coordinación, transparencia y manejo de los recursos federales.
Así, al cierre del quinto mes del presente año, apenas se tiene, en promedio ponderado, un avance de 23.42 por ciento en el ejercicio del presupuesto de egresos, y de 20.97 por ciento si no se contabiliza Petróleos Mexicanos, lo que definitivamente refleja un rezago en inversión pública que sin duda afecta el bienestar de la población. Sin embargo, lo que más se evidencia es la falta de compromiso y cumplimiento de la actual administración pública, pero no sólo de ella, porque ésta es una problemática estructural, como lo documenta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, que preside José Luis de la Cruz Gallegos.
En su más reciente reporte (México: abundantes necesidades y recursos, escasa política de acción), que adelantó a México S.A., el citado centro académico advierte que el país se encuentra atrasado en muchas dimensiones, no se ha cumplido con los requerimientos mínimos que logren posicionar a la población mexicana en mejores condiciones que disminuya sus limitantes para la obtención de una mejor calidad de vida.
Se ha mostrado la ineficiencia de los altos niveles de gasto corriente, la dependencia que se tiene de Estados Unidos, la debilidad de la actividad industrial y, por tanto, de la actividad económica en general, junto con los altos niveles de desempleo. Pero no sólo eso: la falta de ejecución oportuna y eficaz del presupuesto de egresos, en materia de inversión presenta retrasos en los esquemas propuestos por el propio gobierno federal, representando otro freno en la obtención de un México robusto.
De acuerdo con el discurso, para el presente año, el Plan Nacional de Desarrollo establece tres prioridades del gasto público: crecimiento y generación de empleos; desarrollo social, y seguridad pública y procuración de justicia. Esas son, en teoría, las líneas de acción en las que el gobierno federal aplicaría toda su voluntad, dedicación y capacidad para alcanzar avances sustanciales.
Pues bien, en el autodenominado sexenio de la infraestructura (Calderón dixit), para el cumplimiento de los objetivos del crecimiento económico y generación de empleos, el PND 2011 propone darle continuidad a la construcción de carreteras, infraestructura ferroviaria y portuaria. Sin embargo, hasta el cierre de mayo el gasto público en capital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente ha tenido un avance de 18 por ciento, mientras que el de Puentes y Caminos Federales apenas es de 16.4 por ciento y el de Telecomunicaciones de México, cero por ciento. Por si fuera poco, el avance de la Secretaría de Turismo es igual al anterior (cero por ciento); Fonatur, 6.5 por ciento; Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 8.5 por ciento; Comisión Federal de Electricidad, 27.3 por ciento (pero qué tal infla los recibos bimestrales); Instituto Mexicano del Petróleo, 6.6 por ciento; Pemex, 25 por ciento; Conaculta, 4.3 por ciento, y Conagua, 13.3 por ciento. A pesar de que existe el dinero para llevar a cabo proyectos de mejora en infraestructura, estos no han sido realizados.
Por lo que toca a otro de los renglones prioritarios, desarrollo social, el CIEN documenta lo bien que el gobierno federal cumple con sus propios compromisos: la secretaría del ramo reporta un avance de 0.2 por ciento en infraestructura; la SEP, 8 por ciento; Sagarpa, 9 por ciento; Semarnat, 25.9 por ciento; IMSS, 24.3 por ciento; Diconsa y Liconsa, cero y 1.7 por ciento, respectivamente, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 20.5 por ciento. La mayor puntuación la obtuvo salud pública, con 63.2 por ciento. Un caso patético es el del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, cuyo objetivo es mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras, integrales, de calidad vinculadas al modelo educativo nacional. Qué bueno, porque ni siquiera tiene presupuesto asignado en la materia.
En la tercera prioridad, seguridad pública y procuración de justicia, se documenta que el grado de avance de la Policía Federal en materia de infraestructura es apenas de 15 por ciento, y de 8.8 en prevención y readaptación social. En este renglón, apunta el CIEN, es de especial atención observar que, a pesar del estado actual de inseguridad del país y del compromiso del gobierno federal de enfrentar este desafío, no exista mayor avance en gasto de capital asignado a las dependencias responsables de este rubro: solo 12 por ciento (como promedio sectorial).
Lo descrito refleja un preocupante rezago en inversión pública que impacta negativamente en el bienestar de la población. La falta de resultados evidencia el incumplimiento de los objetivos propuestos en las prioridades de gasto de la administración pública. El gasto de inversión pública debe ser evaluado de manera permanente para así tomar decisiones adecuadas que permitan mejorar la situación social, política y económica del país. El gobierno federal presume que constantemente se realizan evaluaciones de las aplicaciones del presupuesto de egresos, pero en realidad qué es lo que se evalúa, ya que los resultados son insuficientes e incluso pueden llegar a ser nulos.
El discurso gubernamental pregona que una de sus prioridades es el crecimiento económico y la generación de empleo, pero los resultados son escasos. Por ello, el CIEN subraya: existen los programas, los recursos y la aprobación, pero sobretodo la necesidad imponderable de llevar a cabo proyectos de inversión. Entonces, ¿por qué el gasto no se ejerce de manera eficaz y oportuna? ¿Por qué los efectos finales no corresponden con lo que se propuso lograr? ¿O es que en realidad, la debilidad de las políticas públicas recae en la asignación ineficiente del presupuesto? De cualquier manera, todas estas posibilidades muestran un México que perpetua aún más su creciente inestabilidad. (Fuente. SIPSE/Novedades de Quintana Roo)