Da juez revés a Fonatur: pagará por los terrenos de La Herradura

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CANCÚN, MX.- Un juzgado civil radicado en la Ciudad de México ordenó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) pagarle a la empresa desarrolladora Bi and Di Real Estate de México el monto que pagaron por los terrenos del predio conocido como La Herradura en la zona hotelera de Cancún, además de declarar la nulidad del contrato de compra venta suscrito por ambos y también pagar la cantidad resultante de los intereses bancarios que hayan sido generados desde la fecha del convenio -3 de febrero de 2006- hasta el 24 de agosto del 20111, a razón de 6 por ciento anual.


De acuerdo con información revelada por El Periódico, la sentencia dictada por el juez sexagésimo civil se refiere a la demanda que presentó este grupo inversionista de capital italiano en contra de Fonatur, derivada de la venta de un conjunto de cinco lotes ubicados frente a Playa Delfines.
El juez decretó asimismo la nulidad del contrato de compra venta porque consideró que funcionarios de la dependencia federal vendieron estos predios asegurándoles a los compradores que contaban con un uso de suelo que no existía, lo que hacía inviable éste.
A la empresa italiana se le vendieron los lotes asegurándoles que poseían un uso de suelo Turístico Hotelero Densidad Alta (Th-12), que permite la construcción de edificios de hasta 20 pisos, con capacidad para edificar 170 cuartos ó 113 viviendas; sin embargo, en realidad, desde aquella época y hasta la fecha, sigue vigente ahí el uso del suelo Comercial Mixto (C-4), que permite sólo edificios de cuatro niveles.
La sentencia del juez sexagésimo de lo civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Carlos Aguilar Godinez, ordena asimismo a la empresa que compró los predios regresarle a Fonatur los lotes en los que se pretende la construcción de un proyecto hotelero y al declara nulo el contrato de compraventa celebrado entre las partes, le solicita al Registro Público de la Propiedad en el estado de Quintana Roo “cancele la inscripción de propiedad” de los predios en cuestión. El juzgador fundamenta su fallo en la comprobación de inexistencia de los contratos de compraventa celebrados entre ambas partes, pues comprobó la imposibilidad del objeto de su celebración, en tanto la transacción se sujetó a la existencia de un uso de suelo que era -y es hasta ahora- inexistente.
La empresa Bi & Di compró los predios durante la administración que encabezó John McCarthy y pretende construir en estos terrenos, ubicados frente a Playa Delfines y no como se informó anteriormente de manera equivocada, en la playa pública. Esa inexactitud significó una fuerte polémica que se convirtió en la razón política por la cual el ayuntamiento, entonces encabezado por Francisco Alor, se desistiera de un acuerdo que verbalmente había suscrito para modificarlo. Fonatur vendió a Bi & Di el 29 de diciembre del 2005 el lote 56 A3 con 11 mil 907 metros cuadrados, en 82 millones 952 mil pesos, en promedio; y el lote 56 H, con 20 mil 945 metros cuadrados, en 145 millones 908 mil pesos.
La sentencia dictada por el juez es contundente. Expone las escrituras de los predios como sustento de su decisión y es que en estas, de manera ilegal, se asegura que los terrenos cuentan con un uso de suelo que no tenían en el momento que fueron celebradas. En el texto de la misma, de la cual este periódico tiene una copia, el juez considera que Fonatur violentó el principio de buena fe que rige en materia contractual y por ello la condena referida. El juzgador consideró que el organismo federal actuó de manera desafortunada en el proceso al analizar una serie de documentos oficiales en los que funcionarios federales se “comprometían” con los inversionistas que “devolverían” el dinero pagado por los lotes en caso de que no consiguieran la aprobación del cambio de uso de suelo del municipio de Benito Juárez, trámite que ellos realizaban según sus propios oficios, y que incluso aseguraron en un documento oficial que “ello no aplicaría, puesto que Fonatur ya ha obtenido la autorización correspondiente”. Lo que no sucedió.
Además de decretar la “nulidad del contrato” y ordenar la retribución entre las partes, el juzgador ordenó al organismo federal le retribuya el monto que por concepto de Impuesto Predial pagó la empresa desarrolladora al Ayuntamiento de Benito Juárez. De acuerdo con las fuentes consultadas, una estimación de la cantidad que tendría que pagar Fonatur sería de alrededor de cincuenta millones de dólares. La sentencia, dictada el miércoles 24 de agosto, dio cinco días hábiles como plazo para que ambas partes cumplan con lo dispuesto en la misma.
Fonatur procederá a impugnar la sentencia definitiva dictada en primera instancia, a fin de que la Autoridad Superior, los H. Magistrados de la Sala respectiva resuelvan conforme a derecho. Por parte de la empresa Bi & Di, se sabe que harán lo propio, por lo que se presume que el proceso se alargará por lo menos un año. Fuentes consultadas refieren asimismo que la intención de la empresa italiana ya no es la de invertir en estos terrenos y desarrollar su proyecto hotelero, y que su intención es la de que se le pague lo invertido. La empresa, que ha construido hoteles como The Setai, situado en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, suspenderá los trámites para conseguir la modificación del uso de suelo; trámite que, en caso de otorgársele por el cabildo, dejaría sin efecto la sentencia judicial que se fundamenta en la inexistencia del mismo, con lo que la demanda en litigio, en el caso que sí se concrete la apelación, quedaría sin efecto.
En los últimos meses existieron varios acercamientos entre los inversionistas, representantes del gobierno federal y estatal, así como del municipio. Se conoce que hay un interés particular en que el proyecto hotelero no se cancele y que no quede este caso como un ejemplo de inseguridad jurídica para la inversión en México. En plática informal con Adriana Pérez Quésnel, directora de Fonatur, hace unas semanas, confió que el proyecto seguiría adelante y que pese al proceso de la demanda de nulidad entonces en litigio, se llegaría a una solución benéfica para todas las partes. sin embargo, la intención de los inversionistas cambió con la sentencia. (Fuente: El Periódico)

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