CANCÚN, MX.- En toda una red de extorsión se encuentran implicados Sergio López Guzmán, hijo de Sergio López Villanueva (representante del gobierno estatal en Playa del Carmen) y Joel Moguel Alayola que “avientan” a terceras personas el pago de los rescates, como en el caso de las camionetas de lujo, que le arrebataron a un empresario de Playa del Carmen.
Y que además de “respaldo legal” utilizan abogados y actuarios que de forma inmediata se presentan para su defensa.
Y uno por uno serán investigados, desde los que operaron y realizaron la extorsión, hasta los que llevaron a cabo la recepción y traslado de las lujosas camionetas, hasta quienes se involucraron en la comercialización final de las mismas.
Pues no puede quedar impune el cuantioso monto de la extorsión, calculado en medio millón de pesos y en donde se encuentra el crimen organizado y una larga defensa legal hacia los implicados de Playa del Carmen y de Cancún.
El caso de la extorsión sigue abierto y el proceso legal de investigación se mantiene vigente, hasta deslindar responsabilidades.
Más aún Sergio López Guzmán, enfrenta el grave señalamiento de haber recibido, trasladado e iniciar la comercialización de las camionetas una de ellas tipo Mark de la marca Lincoln y la segunda tipo Lobo de la marca Ford.
Ambas junto con el dinero en efectivo que fue pagado por la víctima de la extorsión pasaron a manos de los miembros del crimen organizado y luego canalizadas directamente a López Guzmán.
Y junto con él, fueron detenidos e investigados más de 10 involucrados en el proceso de extorsión.
La investigación de este caso, del cual este jueves el procurador Gaspar Armando García Torres sostuvo que el proceso penal sigue abierto, refleja que hay varios casos más que se encuentran vinculados a los responsables directos de la extorsión.
Fue por medio de la vía telefónica que se realizó este chantaje criminal que se llevó a cabo en Playa del Carmen, en donde fueron entregados los vehículos de lujo, junto con las llaves y las facturas endosadas.
El proceso de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue su curso, hasta llegar a los responsables directos del grave caso que fue protegido y desviado por abogados, actuarios y hasta un elemento de la Secretaría estatal de Seguridad Pública, identificado como Juan Muñiz Ramos con clave “Apolo” que difundió los hechos, alterando el curso de la investigación y usando información de otra corporación policíaca a la que no pertenece. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
