CANCÚN, MX.- El tema del pago de los 13 millones de pesos a Publicidad Rentable ha prendido los focos rojos en el área jurídica del ayuntamiento, ya que se ha perdido un proceso en el que no sólo hay que pagar, sino que hay la posibilidad que esta empresa se quede con la concesión para poner sus estructuras.

Se le acaba el tiempo a Cancún

CANCÚN, MX.- El gobierno de Benito Juárez está a contrarreloj para liquidar a Publicidad Rentable del Sureste 13 millones de pesos que le ordena a pagar el Juzgado Segundo de Distrito, o en su caso exige la destitución del tesorero Leonel Sauri Galué.
El juicio, que data de hace seis años, luego de que el gobierno de Francisco Alor canceló la concesión a Publicidad Rentable del Sureste, que apenas meses atrás le había aprobado el interinato de Carlos Canabal, hoy pasa factura al ayuntamiento Benito Juárez.
Cabe señalar que dicha empresa, en su demanda no la fundamenta en la cancelación de dicha concesión sino que el gobierno de Alor ordenó la destrucción de todo el mobiliario que la empresa ya había instalado en la ciudad y la zona hotelera.
Esta es la segunda ocasión que el Juzgado Segundo de Distrito ordena al ayuntamiento Benito Juárez el cumplimiento del pago.
Sin embargo, el gobierno de Julián Ricalde Magaña está casi a punto de aplicar el populoso refrán: “debo no niego, pago no tengo”.
Este lunes deberá definir el pago de la deuda, que debe ser en las próximas horas debido a que el Juzgado Segundo Distrito ordenó el pago en un plazo de 24 horas, y en una sola exhibición, a partir de la notificación, el pasado 19 de enero.
Y es que el ayuntamiento Benito Juárez pasa una de sus peores crisis económicas, que se recrudecieron con la retención de 112.3 millones de pesos que el gobierno federal hizo a las finanzas municipales, por un supuesto adeudo que data de hace 21 años.
Por si fuera poco, este mes comienza el pago del servicio de deuda a Banobras, banca con la que se renegocio la deuda de Benito Juárez por mil 400 millones de pesos, para los próximos 18 años.
El viernes por la tarde, en la 17ª sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó por mayoría de votos dar cumplimiento al requerimiento hecho por el Juzgado Segundo de Distrito, el pasado 18 de enero, respeto del juicio 655/2005.
El mismo Juzgado de Distrito envió ya el oficio 01919, el pasado 19 de enero, que ordenó al ayuntamiento Benito Juárez que se acate la ejecutoria de amparo del juicio 655/2005, y pide al Cabildo que obligue al tesorero, como su superior jerárquico, a acatar la resolución de dicho juzgador, que es el pago de Publicidad Rentable del Sureste.
Advierte al Cabildo que en caso de no cumplir, se hará acreedor a lo que marca el artículo 107 de la Constitución Política de México.
Los regidores ya no ocultan su molestia con el área Jurídica del ayuntamiento Benito Juárez, porque se han perdido varios juicios que van en detrimento del erario público, y algunos como Alain Ferrat sugirieron que mejor se contrate a un despacho jurídico para que lleve los asuntos legales del ayuntamiento. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

Esto ha generado que los regidores propongan que se contrate un despacho de abogados que defiendan el patrimonio municipal y evitar con ello que se sigan perdiendo estos procesos en los que hay que pagar cifras millonarias.
Sin embargo, llama la atención porque en este caso de Publicidad Rentable, el secretario particular del presidente municipal, Karin de la Rosa, junto con el director jurídico, Rafael del Pozo platicaron con los regidores sobre la posibilidad de que se pudieran pagar sólo seis millones de pesos a esta empresa, pero a cambio se le dejaría la concesión que se les otorgó en la administración de Carlos Canabal.
Pero en esa reunión los regidores no aceptaron que se le hiciera el pago a la empresa e incluso hubo la orden por parte del presidente municipal al director jurídico de buscar la manera de revocar esa concesión, pero no se hizo. Ahora la empresa Publicidad Rentable pidió el pasado 17 de enero al juez que se le quede la concesión.
En la XVII Sesión Extraordinaria de Cabildo los regidores aprobaron ordenar al tesorero municipal, Leonel Sauri que le pagara a dicha empresa lo que demandaba del ayuntamiento, pero la realidad es que no saben de dónde se sacará el dinero, ya que no se tienen los recursos.
Y es que en estos momentos, las participaciones del ayuntamiento serán para pagar los 112 millones de pesos que demanda Fonhapo, por lo que el regidor Sergio Flores señala que ahora es el presidente municipal quien tiene la pelota en su cancha.
Y como el tesorero y el director jurídico no procedieron a revocar la concesión o no llegaron a un acuerdo con el particular debe ser porque cuentan con los recursos para ello.
“El gobierno municipal tiene muchas ganas de pagar los recursos”, lo que nos lesiona señala el regidor Sergio Flores quien señala que se acaban de pagar 15 millones de pesos a Banobras como parte de la reestructura de la deuda y “nos ha tocado saldar los platos rotos y para ello se requiere que se hagan esfuerzos legales para evitar esto”.
Dijo que para es claro que aunque en estos nueve meses de la administración se implementaron estrategias para evitar caer en problemas financieros, se debieron haber hecho estrategias jurídicas para evitar golpes tan duros en la administración.
El concejal perredista asume que deben enfrentar lo que viene y cumplir con lo que se les pide, como en este caso un juez, pero insistió en señalar que no es posible que esta deuda que era de tres millones de pesos se haya incrementado a 13 millones de pesos.
Y lo mismo sucede con el adeudo de Fonhapo que se haya permitido se incrementar a 112 millones de pesos, “por lo que no se ve una estrategia legal, por lo que el jurídico se ha convertido en juez y parte”.
Externó no querer juzgar al actual director jurídico, “le ha tocado la papa caliente y dar una respuesta al cabildo”, por lo que no descarta que sea mejor contratar un despacho con los mejores abogados que eviten que el ayuntamiento siga siendo lesionado en sus finanzas.
E indicó que ahora le corresponde al presidente municipal, Julián Ricalde y la síndico municipal, Guadalupe Leal decidir si quieren seguir pagando o se haga la contratación de un despacho o abogados, “ya que los demandados sí obtienen lo que buscan y nosotros no”.
Para el regidor es claro que en esto alguien se está haciendo “ojo de chino” y aunque dijo no querer entrar en detalles contra el director jurídico del ayuntamiento, es necesario que se haga algo inmediato, sobre todo, ahora que se adeudan grandes cantidades de dinero y se requiere atención.
Aunque no dio cifras, el concejal señala que hay varias demandas que se están perdiendo y el ayuntamiento deberá pagar, por lo que es necesario que se tomen cartas en el asunto y es algo que han pedido en la sesión de cabildo, único espacio que tienen para expresarse y que esperan que el presidente tome una decisión.
El regidor aclaró que no es algo personal contra el director jurídico, pero siguen cuestionando la razón del por qué no tomó acciones legales e insistió en que se deben tomar acciones, para evitar mayores sorpresas o que incluso se vaya a lesionar las finanzas de tal manera que se impida llevar a cabo los programas sociales que se han programado.
Hay que recordar que a Publicidad Rentable se le otorgó la concesión por 14 años para la colocación de unas 100 estructuras metálicas en diferentes puntos de la ciudad, esto en los últimos tres meses de la administración de Carlos Canabal, pero que con Francisco Alor se autorizó ser retiradas y no se midió el alcance de las demandas que se interpondrían por los daños a la empresa.
En este caso el regidor Roger Cáceres indicó que en este caso parece que Publicidad Rentable y el área jurídica ya se saben el caminito para poder cobrar por lo que hicieron mal las autoridades.
Dijo estar de acuerdo en que se investigue y se proceda contra los funcionarios que dieron la concesión, sobre todo, cuando un delito no prescribe hasta en un plazo de cinco años, por lo que se está a tiempo de proceder.
Indicó que no se trata de acusar al área jurídica, pero es necesario que trabajen el área jurídica y la contraloría para dar resultados y saber quiénes fueron los responsables de que este proceso se perdiera.
Para el priista es importante que se cuide el patrimonio municipal, por lo que ya no se puede permitir que sigan sucediendo estas cosas, por lo que insistió en que se debe hacer una investigación y llegar a las últimas consecuencias. (Fuente: El Periódico)

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