CANCÚN, MX.- A punto de convertirse en otro elefante blanco en la Zona Hotelera, el casino Playboy permanece clausurado desde principios de noviembre del año pasado, sin que se sepa a ciencia cierta cuál será su destino.
Ubicado en el kilómetro 3 de la Zona Hotelera, muy cerca del inmueble que en mejores tiempos vez albergó a la discoteca La Boom, de lo que fuera el restaurante Mare Nostrum y la marina San Marino, todo parece indicar que pasará a formar parte de los puntos críticos de la Zona Hotelera en lo que respecta a inmuebles en desuso.
De hecho, el inmueble que actualmente alberga el casino clausurado fue durante varios años otro de los elefantes blancos de la Zona Hotelera, refugio de malvivientes que sin empacho alguno ingerían bebidas alcohólicas con total impunidad.
Antes de quedar en estado de abandono funcionaba como casa de apuestas del grupo Caliente.
Y ya como casino Playboy abrió sus puertas el cinco de diciembre del 2010 con un amparo otorgado por un juez de Monterrey, pero previo a su apertura, la prelatura Cancún-Chetumal promovió un amparo contra su operación, con el argumento de que violentaba los artículos 28 y 38 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como el reglamento de Espectáculos y Diversión Municipal, la Ley Federal y Estatal de Salud, las normas de seguridad de Protección Civil y para colmo carecía de licencia de funcionamiento.
Una vez interpuesta denuncia, el ayuntamiento de Benito Juárez notificó el seis de julio mediante el oficio PM/DGAJ/1858/2011, con fecha 23 de junio de 2011, que la denuncia presentada al presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, fue turnada a la Dirección General de Desarrollo Urbano para su seguimiento y resolución.
Sin embargo, no se dio seguimiento a la sentencia del amparo, motivo por el cual el juez de Distrito requirió nuevamente a la autoridad municipal según oficio PM/DGAJ/2483/2011 el dos de agosto del año pasado a fin de proceder contra el casino Playboy.
Y dos días después, esto es el cuatro de agosto, el ayuntamiento contestó a la Prelatura Cancún-Chetumal que el casino cuenta con uso de suelo C-4, comercial turístico, otorgado por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, según oficio DIUVP-7221/2010 del 29 de junio de 2010, y DIUPV-7480/2010 del ocho de julio de 2010.
No obstante y a pesar de que el casino se inauguró el cinco de diciembre del 2010, los responsables tramitaron la solicitud el 16 de mayo del 2011.
El 28 de junio del 2011, la juez Cuarta de Distrito en Cancún se declaró legalmente incompetente para conocer el amparo interpuesto por la Iglesia contra la Secretaría de Gobernación, en virtud de que dicho amparo se tramitó en el Distrito Federal y no en Benito Juárez, motivo por el cual ordenó remitir el expediente 673/2011 al juez de Distrito en turno de la capital del país.
Y aunque el 20 de julio la juez Décimo Tercero de Distrito del DF se declaró legalmente competente y anunció la audiencia constitucional para el 22 de septiembre del año 2011, hasta la fecha la Prelatura Cancún-Chetumal se mantiene en espera de una resolución que se ha diferido de manera reiterada.
El cinco de noviembre del año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pegó varios sellos de clausura en la puerta del inmueble, por presuntas irregularidades en su operatividad administrativa, tal y como declarara en esos momentos el obispo Pedro Pablo Elizondo.
Quien había manifestado que la clausura obedeció a que el casino emitía facturas fiscales falsas y declaraba menos ingresos de los reales.
Ya ha pasado más de un año desde que la Iglesia Católica, a través del párroco Luis Alberto Chavarría Villaseñor, apoderado legal de la Prelatura Cancún-Chetumal, ha presentado la denuncia ante la Secretaría de Gobernación, sin que hasta la fecha haya salido resolución alguna, ni a favor ni en contra, por motivos que se desconocen.
No obstante, el amparo sigue en curso y los afectados se mantienen a la espera, aunque el hecho de que la fecha para la audiencia se difiera una y otra vez hace pensar a la Iglesia Católica y, más concretamente a los feligreses, que el sistema judicial está absolutamente corrompido. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)