Investigan ejecución de notario

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CANCÚN, MX.- Las investigaciones de la Policía Judicial del Estado (PJE) en el caso de la ejecución del notario auxiliar, Leonarco Agustín del Bosque López, de 37 años, abarcan su entorno social y laboral, en busca del posible móvil de este crimen.


Fuentes extraoficiales indicaron que agentes judiciales están verificando todas las actividades que realizaba el ahora occiso y su esposa, Karla Medina Godoy, quien tiene un bar denominado, Las Micheladas del Semáforo, ubicado en la entrada de Puerto Morelos.
Las primeras versiones indicaron que la ejecución podría estar relacionada con las actividades que realizaba en la Notaría Pública número 46, en Puerto Morelos, donde fuentes extraoficiales señalaron que posiblemente fueron legalizadas algunas propiedades sustraídas por grupos del narcotráfico.
Sin embargo, las investigaciones contemplan una posible venganza por algún otro motivo, debido a que el arma utilizada en la ejecución es considerada como de bajo calibre.
Agentes judiciales acudieron este miércoles a Puerto Morelos para continuar las investigaciones, principalmente para verificar los asuntos que estaba atendiendo el notario auxiliar, como para haber sido ejecutado.
Dentro de las investigaciones, también los empleados del bar que aparentemente está registrado a nombre de su esposa, están siendo interrogados en busca del móvil de este crimen. (Fuente: Enfoque Radio)

Notarías, al servicio del crimen organizado

CANCÚN, MX.- La delincuencia organizada se ha profesionalizado. A diferencia de tiempos pasados, los grupos criminales han utilizado a notarios y abogados como sus principales imágenes de intimidación para extorsionar y amenazar a empresarios y propietarios de negocios en Quintana Roo y otros estados de la República Mexicana.
Por esta razón, la participación de notarios en acciones fraudulentas como es realizar la compra-venta de propiedades y cambios de dueños en sus despachos al servicio de la delincuencia organizada, es una acción que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investiga actualmente.
En este sentido, serían al menos diez las Notarias en el estado que estarían bajo investigación por participar en el esquema delictivo de grupos como “Los Zetas”, principalmente en Cancún, la Riviera Maya y Chetumal.
Las investigaciones contra notarios
Fuentes confiables de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada revelaron que al menos han sido ubicadas diez Notarías donde han detectado situaciones un tanto extrañas y al parecer a favor de grupos delictivos, en lo particular “Los Zetas”.
La investigación se inició con la Notaría número 46 de Puerto Morelos localizada a unos metros de la delegación municipal (de P. M.), donde se hizo el cambio de dueño de la propiedad de la víctima del secuestro M.C.C.C., y cuya titular es Alma Lilia Luna Olivas.
El caso fue muy sonado el año pasado porque el abogado Marco Antonio Gómez fue detenido por las autoridades federales, por formar parte del grupo delictivo de “Los Zetas” en la zona norte de Quintana Roo.
De hecho, la SIEDO descubrió una red de notarios y abogados que trabajan para “Los Zetas” desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, conformando la estructura administrativa del crimen organizado en el oriente del país.
Esta red fue detectada desde el año 2008 como una nueva modalidad de operatividad dentro del crimen organizado y la cual es sencilla: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que cedan sus bienes y propiedades.
Según los informes federales, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar -ante determinado notario- las facturas y escrituras correspondientes para hacer el trámite de cambio de propietario. Los inmuebles deben ser entregados físicamente y deshabitados , y hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima.
La ley al servicio del crimen organizado
El exceso de notarios en algunos estados y los casos que llevan en las grandes ciudades, donde se dificulta la verificación de datos, pueden ser factores que faciliten la comisión de ilícitos, advirtieron miembros del gremio.
Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, hay por lo menos siete casos confirmados de secuestro en los que las víctimas han entregado sus propiedades al crimen organizado a través de notarios públicos, en el sureste del país; uno de esos casos se registró en Cancún, Quintana Roo.
El 24 de octubre de 2008, un comando de “Los Zetas” secuestró en Cancún a una empresaria y por su liberación, en un principio exigieron 3 millones de pesos, de los que 1.5 pagaron en efectivo y la otra mitad con una propiedad.
Para su hijo Bryant, el hecho cambió su vida para siempre, porque lo convirtió primero en rehén de un cártel de la droga y luego de la PGR; para su madre, este plagio significó una nueva modalidad de pago de rescate: la transferencia de propiedad de un bien inmueble, de su casa.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 refiere que el tipo de 34 años acudió a la Procuraduría de Quintana Roo a denunciar el caso, sin saber que el fiscal que llevaría la investigación estaba presuntamente en contubernio con los sicarios llegados de Tamaulipas.
“El licenciado Marco Antonio Gómez es el abogado de ‘Los Zetas’, y fue quien nos exigió tres millones de pesos, la mitad en efectivo y la otra parte con una casa que tiene un valor equivalente para pagarles por soltar a mi mamá”, contó al Ministerio Público la víctima.

La investigación

Los fiscales antidrogas y antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen en la mira a una veintena de abogados de despachos privados y notarios públicos del noreste del país, que presuntamente están al servicio del grupo delictivo de “Los Zetas”.
Los profesionistas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, realizan las negociaciones con los familiares de las víctimas de algún secuestro perpetrado por sicarios de esa organización delictiva, principalmente en el Estado de Tamaulipas.
Los notarios se encargan de protocolizar los bienes y las propiedades de los familiares de las víctimas de un plagio para escriturarlos a nombre de algún integrante de “Los Zetas”. Esa es la nueva modalidad en que se paga el rescate de alguna persona que fue secuestrada por sicarios de ese grupo criminal.
El procedimiento es el siguiente: un sujeto que se identifica como representante de “Los Zetas” fija el monto del rescate. Si la familia responde que no tiene dinero en efectivo para pagar, el negociador sugiere a los familiares de las víctimas que el pago se realice con algún inmueble de su propiedad. Si aceptan, se les indica que acudan ante un notario de determinado municipio para que dé inicio a los trámites correspondientes para la cesión de derechos. Ha quedado demostrado que la Notaría 46 de Puerto Morelos era una de ellas. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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