CHETUMAL, MX.- Pagando con escándalos la posición ofrendada por sus padrinos políticos, consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) son una vergüenza que atenta contra la credibilidad del instituto que se encarga de organizar cada etapa de los comicios locales, manteniéndose la mayor parte de los consejeros en estado de hibernación en años no electorales.
Cobijados por el poder político, burócratas disfrazados de ciudadanos han llegado a tomar posesión de los puestos de Consejero Electoral, posiciones de lujo con salarios de ensueño y donde la carga de trabajo es mínima, pues desquitan sus jugosas percepciones solo durante las jornadas electorales estatales, las cuales se realizan cada tres años.
Y es que los consejeros Vicente Aguilar Rojas, José Alberto Muñoz Escalante y Rafael Enrique Guzmán Acosta, han manchado la imagen del IEQROO desde su nombramiento, al provenir directamente de una línea política muy marcada, lo que hace suponer que su imparcialidad antes los partidos está en entredicho.
Vicente Aguilar Rojas es un junior chetumaleño de 36 años que toda su vida laboral ha estado de la mano del PRI y que ha sido impulsado en su carrera como funcionario público por su suegro, el influyente Eduardo Ovando Martínez, actual Secretario de Trabajo.
Priista desde la cuna, Aguilar Rojas antes de llegar al IEQROO se desempeñó como titular de la Dirección de Notarías, justo cuando su suegro era el Secretario de Gobierno en un claro acto de nepotismo.
Con su simple nombramiento como consejero “ciudadano”, la credibilidad del IEQROO sufrió un duro golpe, pero la cosa no quedó allí, pues recientemente se destapó un escándalo donde se vio involucrada una Notaría Pública relacionada con el crimen organizado, la cual hizo y deshizo a la medida de su gusto sin que el responsable de controlar su funcionamiento, Vicente Aguilar Rojas, hiciera algo al respecto.
El pasado mes de marzo salió a la luz el cochinero de la Notaría Pública 46 con sede en Puerto Morelos tras el asesinato de Leonardo Agustín del Bosque López, notario auxiliar que en ese momento era el encargado de la notaría porque su titular solicitó licencia.
La Notaría 46 proporcionó servicios a miembros del crimen organizado para cobrar extorsiones y secuestros, pues a veces las víctimas pagaban el rescate con propiedades y en esa notaría se realizaba la operación. Desde el 2008 el asunto se destapó tras la detención de un abogado al servicio de la banda criminal “Los Zetas” que narró como utilizaban los servicios de la Notaría Pública de Puerto Morelos a cargo de Alma Lilia Luna Olivas.
A pesar de que la información era conocida, el director de Notarías en el estado, Vicente Aguilar Rojas, dejó pasar los hechos sin mover un dedo en una actitud bastante sospechosa.
Por si esto fuera poco, en un evidente “intercambio” de posiciones, la dirección de Notarías, la cual depende de la Secretaría de Gobierno, quedó en manos del Consejero Electoral saliente, Guillermo Escamilla Angulo.
Con estos actos la supuesta “independencia” del IEQROO queda en entredicho, pues los puestos se usan como moneda de cambio para el pago de favores, colocando en ellos a los mismos burócratas que saltan de posición en posición.
Junto con Vicente Aguilar Rojas fue nombrado Consejero Electoral José Alberto Muñoz Escalante, burócrata afín al PRI que fungió como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) desde su creación.
Cabe destacar que durante su gestión al frente de la Unidad de Vinculación del gobierno fue casi invisible, en un organismo creado más para poner obstáculos que para facilitar la información a la ciudadanía.
La promoción de Muñoz Escalante fue un realidad una recompensa por sus servicios prestados en pro del ocultamiento de información que nos pertenece a todos.
Por su parte, Rafael Enrique Guzmán Acosta también hizo lo propio para dejar la alicaída imagen del instituto aún más por los suelos, ya que fue exhibido en los medios como un padre incumplido que abandonó a la buena de Dios a sus dos hijos menores de edad, a quienes no les daba ni para los Choco Krispis.
Guzmán Acosta también llegó al IEQROO gracias a su padrino el ex alcalde de Cozumel y diputado federal Gustavo Ortega Joaquín, quien movió sus influencias para sembrar como consejero a quien fue su Director Jurídico en el Ayuntamiento de Cozumel.
Por lo tanto, Rafael Guzmán debe su llegada al PAN, por lo que de nueva cuenta su imparcialidad queda en duda.
Pero al ser nombrado Consejero, Guzmán Acosta abandonó a su suerte a sus dos hijos menores de edad, pues trasladó su residencia a la capital del estado y desde entonces, no aportó ni para los alimentos ni para la escuela de los niños.
Ante esta aberrante conducta, su ex pareja y madre de los menores interpuso una demanda contra el irresponsable Consejero Electoral, que a pesar de percibir un sueldo superior a los 60 mil pesos no se preocupó por mantener a sus hijos.
La demanda procedió, y el Juez Familiar dio la orden al IEQROO de que se le embargara el 40 por ciento de su salario para la manutención de los pequeños; sin embargo, el daño ya estaba hecho y el escándalo embarró al Instituto Electoral.
Con Consejeros de esta calaña, se ha evidenciado que la supuesta ciudadanización que reza en los principios del Instituto Electoral es una completa farsa.
Y es que hay que señalar que estos funcionarios que llegan al IEQROO con el mote de “ciudadanos” únicamente persiguen sus propios fines, y utilizan al instituto como un trampolín para acceder a otras posiciones de mayor envergadura en la estructura de poder.
El ejemplo más reciente de esta situación fue el ascenso del consejero “ciudadano” Mario Alberto Aguilar Laguardia, quien dejó su puesto en el IEQROO para convertirse de manera inmediata en flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Aguilar Laguardia también enfrentó un escándalo, el cual aún está vigente, pues tras dejar el IEQROO llegó a la magistratura sin importar una denuncia por despojo que pesa en su contra, interpuesta por su propia tía, Olga Josefina Laguardia Valdez.
Con todo y eso, el ex consejero accedió fácilmente a la nueva posición, abandonando su “puesto ciudadano”, pues el abogado chetumaleño tenía en la bolsa su nombramiento como Magistrado. (Fuente: Periodistas Quintana Roo)