CHETUMAL, MX.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, afirmó que luego de que la Comisión de Justicia declarara procedente la solicitud de juicio político contra la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, y como parte del seguimiento de este proceso, la Gran Comisión analizará la conformación de la Comisión Instructora que investigará los hechos denunciados por los regidores Silvia Lugo Flota y Bartolomé May.
La prioridad para los integrantes de la Gran Comisión y en general de la XIII Legislatura es garantizar un proceso justo para las partes involucradas.
Explicó que el proceso de un juicio político consta de tres etapas: la primera es el análisis de los requisitos de procedencia de la solicitud, fase que desahoga la Comisión de Justicia de la legislatura correspondiente.
Cabe destacar que en esta etapa no se determina la responsabilidad del inculpado, “esta etapa concluyó el jueves pasado con la aprobación unánime de los integrantes de la Comisión de Justicia sobre la procedencia de la solicitud de juicio político”, indicó Espinosa Abuxapqui.
En este caso los elementos de prueba incluidos en la solicitud de juicio político presumen responsabilidad de Mendoza Pino en conductas que representan violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de los recursos y fondos del Ayuntamiento de Tulum, además de abuso de autoridad, subrayó.
El proceso está a punto de atravesar por su segunda etapa que consiste en que la Gran Comisión de la XIII Legislatura proponga al Pleno de la legislatura los diputados que integrarán la Comisión Instructora que deberá constituida por tres legisladores “el objetivo de esta etapa es estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia en cuanto al fondo del asunto y actuar en su caso como órgano de acusación”, indicó Espinosa Abuxapqui.
El presidente de la Gran Comisión, destacó que entre las facultades de la Comisión Instructora se contemplan inspecciones a oficinas y archivos oficiales de la administración señalada, en este caso del Ayuntamiento de Tulum, también tiene la facultad de hacer comparecer o formular interrogatorios a cualquier servidor público, empleado o persona que se vincule directa o indirectamente con el asunto en investigación.
Una vez concluida esta investigación, la Comisión Instructora deberá presentar sus conclusiones, “en todas las etapas de este proceso se garantiza a la denunciada el derecho constitucional para su defensa, así como el debido proceso y seguridad jurídica”, reiteró Espinosa Abuxapqui.
Es así como concluye la segunda etapa y de acuerdo con las conclusiones de la investigación de la Comisión Instructora se dará paso a la tercera y última etapa del proceso de implementación de un juicio político. (Fuente: Enfoque Radio)
