CHETUMAL, MX.- Al vencerse el plazo ayer lunes 25 de junio, con el que contaba la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino envió a través de un representante jurídico diversa documentación para contestar y defenderse de la demanda de juicio político que en mayo pasado aprobó la XIII Legislatura del Congreso del estado instaurar en su contra.
TULUM, MX.- A modo de presentar pruebas ante el Congreso del Estado sobre las denuncias que pesan en contra de la alcaldesa Edith Mendoza Pino, tras la solicitud del juicio político, el pasado fin de semana trabajó con la mayoría de directores de áreas, de forma titánica hasta altas horas de la noche armando documentos, donde trascendió que pretendía obligar a firmar facturas al director de Recursos Materiales, Gener Yasmir Chan Lagos, debido a ello optó por firmar su renuncia al Ayuntamiento.
Luego que el pasado lunes 25 de junio venciera el plazo que le dio la Comisión Instructora a la edil, para que aporte pruebas en su defensa, durante el trascurso del fin de semana, se dio la tarea de trabajar arduamente con su grupo de abogados armando documentos, en donde estuvieron presentes varios directores de áreas, entre ellos el director de recursos materiales, Gener Yasmir Chan Lagos.
En dicho acto, Mendoza Pino pretendía obligar a firmar facturas de compras inadecuadas, sin que éstas pasaran en su momento al comité de compras, toda vez que toda compra hecha por el Ayuntamiento debe pasar por un comité de compras que en el municipio de Tulum nunca fue creado.
Debido a la gravedad en que podría estar incurriendo al estampar su firma en las facturas, el funcionario se negó a prestarse a firmarlas, aunado a ello, optó por presentar su renuncia al Ayuntamiento y, de esa forma deslindarse de cualquier acto que pretenda hacer la edil por parte de la Dirección Recursos Materiales.
No obstante a que la intención de la alcaldesa con el grupo de abogados, era involucrar a Chan Lagos y, poder comprobar gastos ficticios, igual el Ayuntamiento tiene adeudo con proveedores que oscilan en los alrededor de 10 millones de pesos.
Por tal motivo, y ante la demanda de juicio político en contra de la primera autoridad de Tulum, varios proveedores a los cuales les adeudan, entre estos una comercializadora proveniente de Mérida, Yucatán, la Constructora “Valencia Diez”, temen que no les sean cubiertos sus pagos, ante ello algunos de estos iniciarán, con un proceso penal en contra del Ayuntamiento en los próximos días. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
La documentación que constaba de varios cuadernillos de copias, fue revisada y recepcionada por el director jurídico del Poder Legislativo, Iván Hoyos Peraza, quien se limitó a responder a los medios de comunicación, que él únicamente estaba recibiendo la información, pero no le correspondía informar el contenido ni tampoco hablar de lo que se hará en torno al juicio político.
“Como vieron recibimos la contestación y se le va a dar el curso que deba, pero no les puedo comentar más, yo sólo estoy concretándome en la recepción del trámite sobre la demanda de juicio político”, subrayó en breve entrevista que dio a los representantes de los medios de comunicación que esperaban a que concluyera el proceso de recepción.
Cabe señalar que la persona que fue al Congreso del estado en representación de la presidenta municipal de Tulum tampoco quiso dar entrevista, pues al igual que Iván Hoyos señaló que sólo acudió a presentar la documentación pero no estaba facultado para hablar del contenido.
El director jurídico de la XIII Legislatura, reiteró que sólo fungió como auxilio en la recepción de los documentos que envió Edith Mendoza, los cuales serán enviados a la Comisión Instructora que investiga el juicio político y que está integrada por los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, Paul Carrillo de Cáceres y la diputada Jacqueline Estrada Peña.
Cabe recordar que fue el pasado 24 de mayo que la Comisión de Justicia, declaró procedente la demanda de juicio político presentada por los regidores Bartolomé May y Silvia Lugo Flota, pues que de acuerdo a los diputados integrantes de esa Comisión, se cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley. Esta decisión fue ratificada el 29 de mayo por el pleno de la Legislatura, en donde de igual forma se aprobó iniciar el juicio político.
Lo que procederá ahora, es que la documentación presentada por la edil de Tulum deberá ser analizada por los integrantes de la Comisión Instructora, quienes determinarán en su momento si es necesario llamar a comparecer a algún funcionario público de ese municipio. (Fuente: El Periódico)