CANCÚN, MX.- Abogados en derecho laboral, piden la intervención del gobernador del estado, Roberto Borge Angulo y destituya al subsecretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STPS), tras afirmar que ha incurrido en diversas irregularidades en prejuicio de un número importante de personas.
CANCÚN, MX.- La excesiva carga de trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha provocado un quebranto en las finanzas de más de 50 empresas de este destino, así como serias afectaciones a los trabajadores que han interpuesto alguna demanda a lo largo de los últimos nueve años, debido al retraso en la realización de las audiencias.
Lo anterior fue denunciado ayer por abogados litigantes y trabajadores afectados durante una manifestación que realizaron en las afueras de las oficinas de esa instancia en esta ciudad, en la cual exigieron la destitución del subsecretario del Trabajo en la Zona Norte, Pedro Reyes Pérez, a quien acusan de violentar los derechos laborales de los quejosos.
Además, revelaron una estrategia que se ha vuelto repetitiva para condenar de manera ilegal a las empresas sino le “pasan una lana, le ayudan o le dan servicios” al funcionario y sacarles una subsistencia de entre uno y seis meses de sueldo, ya que el monto queda a criterio del presidente de la JLCA de acuerdo con el Artículo 174 de la Ley de Amparo.
Tras señalar que “luego argumentan que fue un error pues soy un ser humano y me puedo equivocar”, lo cual ha provocado el resquebrajamiento de más de medio centenar de negocios de todos tamaños, el abogado Marx Rodríguez Montalvo denunció la emisión de resoluciones (laudos de sentencia) para proteger a la clase empresarial.
A ello, dijo, se suma la realización de “juicios a escondidas o en rebeldía”, en los que “se hacen resoluciones para tirar embargos de adjudicaciones de inmuebles rematados por trabajadores que ya ganaron el juicio y que sólo les falta cobrar el crédito laboral”, para lo cual aseguró que Reyes Pérez “le pide al Registro Público de la Propiedad y del Comercio que cancele las anotaciones de adjudicación o embargo”.
TAMBIÉN A TRABAJADORES
Precisó que dentro de esa corrupción, el personal de la Junta se “encarga también de fastidiar a la clase trabajadora en los tiempos de espera de los juicios”, pues mientras la Ley Federal del Trabajo establece que la primera audiencia de un juicio debe registrarse 15 días después de presentada la demanda, en Cancún pasan más de cuatro meses para que se celebre bajo el argumento de tener una excesiva carga de trabajo.
Además, puntualizó, los trabajadores tienen que esperar hasta siete u ocho meses para que se dicten los acuerdos de admisión de pruebas, que por ley deben dictarse dentro de la primera audiencia que consta de tres etapas, lo cual obliga a los abogados a recurrir al amparo por denegación de justicia ante la justicia federal. (Fuente: diario Quequi)
Aseguran que tienen argumentos sólidos para comprobar que el funcionario en cuestión ha incurrido en prácticas irregulares, debido a que ha violentado los procedimientos laborales como los juicios y que los logros que han tenido no han sido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino en el Poder Judicial Federal, por medio de las demandas de amparo que les ha permitido ganar sus juicios.
Uno de los abogados, Marx Rodríguez Montalvo, afirmó que no están litigando en los medios, y que sólo están informando a la ciudadanía las violaciones flagrantes y la corrupción que existe en los procedimientos laborales.
Por lo tanto con pancartas donde exigen al gobierno del estado que destituya al subsecretario y acompañados de personas que han sido afectadas por el actuar de las autoridades estatales en materia laboral, realizaron una protesta en las instalaciones de la dependencia y dieron a conocer su inconformidad.
El abogado, subrayó que las acciones de corrupción incluye los tiempos de espera para los demandantes, toda vez que se hace más largo, pese a que un juicio de trabajo marca que cuando se presenta una demanda a los 15 días se debe dar la audiencia de ley, lo cual no se cumple, debido a que se va hasta a cuatro meses, con el argumento de que tienen mucha carga de trabajo.
Otra de las anomalías es sobre el acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio, ya que se debe dictar en la misma audiencia que consta de tres etapas, pero tampoco se cumple, pues se va a siete meses y que sólo logran que este procedimiento se cumpla cuando se van al amparo ante un juez de distrito.
De igual forma aseguró que cuando se otorga el laudo o las sentencias, siempre se protege a la clase empresarial o a quien le conviene, violentando las bases jurídicas que establece la Ley Federal de Trabajo y de Amparo que está vigente.
Fermín Trejo Carrera, otro de los abogados denunció que se realizan juicios a escondidas, lo mismo que resoluciones para impedir embargos, adjudicación de inmuebles rematados por trabajadores que han ganado el juicio.
Afirmaron que todo lo que están denunciando está documentado y que actualmente hay más de 30 personas que los apoyan, pese a que sus juicios no han avanzado, por lo que no tienen nada que perder.
Indicó que son alrededor de 21 abogados que se encuentran en esta situación, es decir, que se enfrentan a estas irregularidades y que son 35 casos documentados desde hace 9 años.
Si bien los más afectados son los trabajadores que son despedidos, también suelen condenar a las empresas que no están dispuestas a participar en la corrupción y que suman 50 casos en este rubro y que incluso han llevado a la quiebra a los pequeños empresarios.
Cabe mencionar que también tuvieron el apoyo de los diputados de la XIII Legislatura, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Meckler y Alejandra Cárdenas. (Fuente: El Periódico)
