CANCÚN, MX.- Hasta el momento, ningún representante del ayuntamiento de Benito Juárez ha acudido a presentar alguna denuncia ante el ministerio público, por el desvío de recursos públicos en el que presuntamente están involucrados varios servidores públicos de primer nivel.
Aun cuando el alcalde Julián Ricalde Magaña, anunció que la síndico Lupita Leal, presentaría una demanda contra Miguel Angel Larios Alatorre, por los actos de extorsión que cometía desde su puesto, en detrimento del patrimonio municipal; hasta el día de ayer el ministerio público no había recibido denuncia alguna.
Ricalde Magaña aseguró que ya se estaban presentando documentales y “ciertas pruebas” ante el Ministerio Público, pero ni siquiera existía hasta ayer por la tarde una denuncia al respecto.
Larios Alatorre fue detenido después de que un ciudadano lo denunciara abiertamente de haberle expedido recibos apócrifos por más de 100 mil pesos, mismos que no fueron reportados a las arcas municipales.
Cuando fue interrogado por la policía municipal, quien lo detuvo en su propia oficina el pasado viernes, confesó que había toda una red de servidores públicos de alto nivel, que estaban involucrados en el desvío de recursos públicos.
Sin embargo, hasta ahora el ayuntamiento de Benito Juárez no ha dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados y quienes son investigados por la contraloría municipal en torno a esta situación.
El exsubdirector de ingresos fue consignado al Juzgado Tercero de lo Penal por el delito de extorsión, pero únicamente por el caso en particular del ciudadano que lo denunció.
El exfuncionario fue detenido prácticamente en flagrancia y por ello se consignó por el delito antes mencionado la tarde del domingo.
El lunes por la mañana rindió su declaración preparatoria ante el Juzgado Tercero de lo Penal, en donde se dijo inocente de los cargos que se le imputan.
Sus abogados defensores solicitaron la ampliación del término de 72 horas, por lo que será hasta el próximo viernes, cuando el juez en mención determine la situación jurídica del exfuncionario. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
