El legislador negó que dicha iniciativa de ley esté “atorada”, pero reconoció que se trata de un proceso largo, donde primero tiene que haber un consenso, luego el debate, así como el visto bueno y trabajo de los notarios, los cuales tienen mucha participación, pues esta ley los remite a ellos precisamente, para que cumplan con las certificaciones de quienes venden las bienes raíces.
En dicha labor se están apoyando directamente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), además del Colegio de Notarios, para el análisis de la propuesta de ley, y en cuanto se reciban las observaciones del documento, se anexan a la iniciativa y se lleva al instituto de investigación del Congreso, y en base a ello, se acopla para aprobarla en el pleno, explicó.
Indicó que conformar una ley lleva años, y actualmente son ya ocho meses en proceso, y faltarían unos cuatro o cinco más, pero la intención es aprobarla antes de que finalice su gestión legislativa, expresó.
Indicó que los notarios exigirían la certificación de los vendedores inmobiliarios, y esto podría ser a través de la Secretaría de Economía Federal (SE), para que de esta forma no se pueda llevar a cabo ninguna transacción si no cumplen con dicho requisito.
Dijo también que dicha ley contempla sanciones, como retirar la cédula para laborar, y los notarios están de acuerdo, porque ellos se han metido en problemas por fraudes que cometen terceros.
Dicha ley es de vital importancia, pues reconoció que se ha incrementado durante el año, el número de fraudes inmobiliarios.
En el mismo tema, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, Juan Pablo Mirabent, lanzó un llamado al Congreso del estado para aprobar la Ley Inmobiliaria, ya que 2 de cada 10 transacciones en el sector, presentan algún tipo de irregularidad.
“Hago un llamado al Congreso del estado, al diputado Juan Carlos Pereyra, para que entremos en un proceso formal de revisión de la ley, pues Quintana Roo, su segundo motor económico es el sector inmobiliario y requerimos plena certeza jurídica”, expresó.
Afirmó que con la aprobación de la ley se exigiría a los promotores inmobiliarios estar certificados, contar con su licencia inmobiliaria, tener una dirección fiscal, entre otros requisitos, ya que actualmente en cuatro juzgados hay más de 60 mil demandas de diferente tipo, pues de 650 profesionales registrados, se estima que trabajan más de cinco mil en la informalidad. (Fuente: El Periódico)