Es, sin duda, un hecho sin precedentes. Por fin los abogados laboristas deshonestos, los llamados “coyotes”, huyeron de la Secretaría del Trabajo en Cancún debido a una advertencia tajante de las autoridades, que no claudicaron como las anteriores. Son 16 pillos, muchos vinculados con despachos de prestigio, los que ya no hostigan en pasillos para embolsarse cuantiosos recursos con falacias.
Acostumbrados a defraudar a sus clientes, a quienes arrebataban hasta el 70 por ciento de lo obtenido en el proceso, los “abogánsters” fabricaron y manipularon juicios en rebeldía, operaron el extravío de expedientes asociados con personajes públicos e implementaron la “mordida” para convencer a funcionarios desleales, ya identificados. Son ellos quienes tornan engorrosos, extensos y costosos los litigios, lo cual repercute tanto en la generación de empleos como en la inversión.
Gracias a esta medida se registra un aumento del 50 por ciento en juicios que son analizados en la Procuraduría del ramo, pero que antes explotaba dicha mafia. Con ello, además de transparentar la dinámica legal, se ha ganado confianza, pues las consultas internas a usuarios sitúan en 9.5 el índice de satisfacción.
Uno de estos abogados sin ética es el cubano Guy Enrique Melo Saint-Cyr Valdés, quien, según sus colegas, alentó a compinches para promover amparos que les permitieran apostarse afuera de las oficias; sin embargo, las autoridades de la Secretaría aplicaron el Bando de Buen Gobierno de Benito Juárez, el cual ordena no obstruir espacios públicos ni ofrecer servicios profesionales donde se ofrezca gratuitamente, como es el caso. Así es que debieron irse, no hubo esta vez impunidad ni amiguismos. Perdieron. Fracasaron.
En el otro bando, el de las autoridades, juega Rodrigo Chan, hoy desempeñándose mediocremente en la Procuraduría de Playa del Carmen, tras ser movido de la Junta local 2 de Cancún por innumerables transas, una práctica habitual solapada por sus exjefes sin escrúpulos.
Como él, también pende de un hilo el titular de la Junta 3, Javier Ernesto Rosado Sauri, acusado de privilegiar a grupúsculos corruptos, emitir laudos equivocados, defender la sinrazón y atacar decisiones de los que saben. Va, pues, contracorriente, criticando la consigna del Ejecutivo en torno a que todos deben actuar apegados a derecho. No llegará lejos.
La reorganización apenas arranca y será replicada en Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, donde funcionan las otras Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La Secretaría que antaño era conocida por ser “madriguera de ratas” es depurada paulatinamente y con eficacia desde julio pasado, cuando asumió Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, un jurista que sumó a su equipo profesionales comprometidos, especialistas en la materia y que no obedecen a intereses turbios como acostumbraban muchos.
Ojalá se aplique mano dura en todos los niveles y en todas las instancias de la Secretaría, hoy favorecida con parque vehicular, millones para fomentar el autoempleo y ferias vistosas que dejan bien parado a quienes la comandan. Tienen en manos una oportunidad imperdible.