La mañana del viernes siete de este mes, los agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) cumplieron orden de aprehensión librada en contra de Edith Mendoza Pino, de 46 de años de edad, originaria del estado de Guerrero, por el desempeño irregular de la función pública, desvío de recursos del ayuntamiento de Tulum por un monto de 42 millones de pesos, durante su gestión de 20 meses, del 10 de abril de 2011 al cinco de julio de este 2012, y la tarde del lunes 10, el juez Nicolás Pinzón Ávila, al resolver su situación jurídica, le dictó auto de formal de prisión, y su defensa solicitó juicio sumario, para que en tres meses le dictaran sentencia, porque el ordinario lleva al menos un año.
Repentino cambio de estrategia de juicio sumario al ordinario
La tarde de este jueves, la defensa de la expresidenta municipal de Tulum solicitó formalmente al Juzgado Primero de lo Penal cambiar el juicio sumario por el ordinario, razón por la cual, tanto los abogados de Edith Mendoza Pino y la fiscalía (el Ministerio Público adscrito al Juzgado) cuentan con un período de 15 días para presentar sus pruebas, después vendrá el desahogo de las mismas, para que en un lapso aproximado de un año, el juez dicte sentencia que todo hace prever será condenatoria, porque la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado al interponer la denuncia penal presentó las pruebas suficientes del desvío de 42 millones de pesos del erario público de Tulum.
Al considerar que no tienen posibilidades de sacar a Edith Mendoza Pino de la cárcel, mediante una sentencia absolutoria, quien desde el viernes siete de este mes de diciembre se encuentra presa en el Centro de Retención Municipal (CRM), sus abogados, promovieron un amparo ante un juez federal en contra del auto de formal prisión que le dictó el juez Primero de lo Penal el lunes 10 de este mes de diciembre; sin embargo, también se prevé que le sea sobreseído (negado) por las pruebas que existen en contra de la expresidenta de Tulum.
Emiliano Rivero Novelo en su calidad de auditor Superior de Fiscalización del Estado, denunció penalmente a la exalcaldesa de Tulum en el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) porque como resultado de una revisión de la cuenta pública de su gestión de 20 meses, a través de las auditorias y visitas físicas, se detectó la adjudicación de obra pública sin licitación por 21 millones 458 mil 687 mil pesos y 21 millones 59 mil 97 pesos por exención de impuestos prediales, que hacen un gran total de 42 millones, 517 mil 785 pesos. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)